ALICANTE. El control de los pisos turísticos en Alicante sigue en manos de la Generalitat. Y esa situación continuará hasta que el Ayuntamiento de Alicante dé el paso y eleve una solicitud oficial para asumir las competencias sobre la inspección, capacidad sancionadora y recaudación que ampara el nuevo decreto regulador de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) aprobado el pasado mes de agosto. Cerca de seis meses después, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), no ha formulado esa petición, a pesar de que Alicante fue una de los primeros municipios de la Comunitat en mostrar su interés por asumir esa triple prerrogativa con el propósito de poder ejercer una vigilancia directa sobre la situación del sector. Y con ello, la capacidad de prevenir y actuar ante un posible funcionamiento anómalo de los apartamentos que pudiese producir problemas de convivencia con los residentes.
Fuentes de la Conselleria de Innovación, Industria y Turismo confirmaron, a consulta de Alicante Plaza, que ese trámite resulta indispensable para que pueda cederse esa potestad. Para ello, debería promoverse un acuerdo de pleno o de Junta de Gobierno. A partir de ahí, se abriría el preceptivo expediente para que pueda tramitarse la delegación de competencias. Es el recorrido que ya ha seguido el Ayuntamiento de València, a instancias de la propuesta elevada por su equipo de gobierno: un bipartito compuesto por PP y Vox. Tanto es así que el acuerdo de asunción de esa potestad quedó aprobado en bloque, con el respaldo de Compromís y PSPV-PSOE, en el pleno ordinario de febrero. De hecho, a falta de que se completen los últimos flecos administrativos, València se convertirá en el primer municipio en ejercitar esos poderes, mediante el uso de sus propios recursos, con los que podrá imponer sanciones de hasta 600.000 euros: la multa máxima amparada en el decreto regulador de las VUT para las infracciones de carácter muy grave.
El registro de esa solicitud de traspaso de competencias es, en realidad, el único requisito para que pueda producirse su delegación, más allá de que se acredite la disponibilidad de un cuerpo de Policía Local propio, capaz de desplegar esa función inspectora, según confirman fuentes del departamento autonómico. De hecho, la misma Concejalía de Urbanismo de Alicante ya cuenta con una brigada policial adscrita encargada de velar por el cumplimiento de las licencias concedidas. De ahí que se dé por hecho que el equipo de gobierno elevará su propia solicitud en próximas fechas, toda vez que persistiría su interés en ejercer ese control directo. Cuando menos, así se puso de manifiesto en la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), cuando Alicante se alineó con Elche, Benidorm y Torrevieja para adherirse al manifiesto concertado entre la Generalitat, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en esa misma dirección.
- El salón de un piso turístico, en imagen de archivo. -
Todo, al margen de que ya se haya adoptado otras decisiones para regular la actividad de las VUT, como la suspensión de licencias para pisos turísticos aislados que se aprobó el pasado diciembre. Ese acuerdo, que permanecerá vigente por un plazo de dos años desde mediados de enero (cuando se produjo su publicación en boletines oficiales), se justificó en la necesidad de promover una nueva regulación urbanística en la que se regulen las condiciones específicas para la instalación de nuevos pisos turísticos con una propuesta zonificada, en función del grado de concentración que pueda existir en la actualidad en cada sector de la ciudad, a pesar de que los informes encomendados hasta ahora descarten la existencia de un problema de saturación o de zonas tensionadas.
340 inspecciones en la provincia
Entre tanto, la actividad inspectora continúa a cargo de los inspectores de Turismo, como ha venido sucediendo hasta que el decreto regulador de las VUT dio cabida a la posibilidad de que los ayuntamientos pudiesen asumirla de forma delegada. En principio, el departamento autonómico que coordina Marián Cano ha venido intensificando esa labor en el conjunto del territorio de la Comunitat en el último año hasta elevar en un 30% la cifra de inspecciones giradas a pisos turísticos aislados, a empresas gestoras de VUT y a bloques de apartamentos (con lo que, en realidad, el número de pisos turísticos inspeccionados es superior al volumen de inspecciones) respecto a los registros alcanzados en 2023. En concreto, se habría pasado de 502 a 656.
Esa tendencia se reproduce en el caso de la provincia de Alicante -que ya ha rebasado a Málaga como provincia líder en VUT, según datos del INE- en el que las 243 inspecciones practicadas en 2023 se han convertido en 340 en 2024. Eso sí, no todas esas inspecciones se traducen en expedientes sancionadores. Y tampoco acaban cerrándose con propuestas de sanción, toda vez que el proceso conlleva la apertura de un plazo de audiencia en el que los titulares de los pisos turísticos pueden regularizar su situación y subsanar la infracción detectada para eludir la sanción.
Entre tanto, el departamento autonómico continúa cribando el registro autonómico de pisos turísticos del conjunto de la Comunitat con el fin de actualizar sus datos y depurar sus cifras, en el que se considera que podrán darse de baja hasta 34.000 unidades en el conjunto del territorio autonómico.
