ALICANTE (EP/AP). El Ayuntamiento de Alicante atiende al último requerimiento formulado por la magistrada que instruye las diligencias sobre las presuntas irregularidades en la gesión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal enajenado entre los años 2018 y 2022 y remite la última documentación municipal requerida el pasado viernes, a través de una providencia en la que se emplazaba a la Policía Nacional a acudir al ayuntamiento para emplazar a los servicios jurídicos a facilitar esa información.

El vicealcalde y concejal de Asesoría Jurídica, Manuel Villar, ha explicado este martes, en la comparecencia pública semanal en al que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta de Gobierno, que la providencia se recibió a última hora del viernes y que, en ese momento, se dio instrucciones para que se remitiese en el menor tiempo posible. Todo, según ha dicho, a pesar de que "nosotros interpretábamos que todavía estábamos en plazo para aportarla", sin necesidad de que se formulase ese segundo requerimiento.  

En una providencia, la magistrada justificó la decisión en que no constaba respuesta del consistorio a dos requerimientos judiciales realizados los días 12 y 21 de este mes de mayo para que se aportaran esos documentos y advertía de que "en caso de nuevo incumplimiento el responsable de tales servicios jurídicos incurriría en un delito de desobediencia" previsto en el artículo 556 del Código Penal. 

Villar ha señalado que el pasado viernes por la tarde, "automáticamente" dio "instrucciones" a Asesoría Jurídica para hablar con el juzgado y remitir "todo aquello" que hubiera sido requerido. Así, el vicealcalde ha apuntado que este lunes "se estuvo viendo" esa cuestión y este martes por la mañana "en persona" el jefe de Asesoría Jurídica ha llevado en una memoria USB "la documentación que solicitó" la magistrada. "Nosotros entendemos que aún estábamos dentro de plazo, ahí no vamos a discutir, pues la jueza nos lo ha requerido, y se ha aportado la documentación", ha recalcado, para luego añadir que esa documentación en "gran parte" no se incluyó entre los expedientes administrativos vinculados con la enajenación del suelo y con la concesión de la licencia de obra "ya remitidos" cuando se produjo la apertura de las diligencias.

Al respecto, ha abundado en que la información adicional solicitada ahora son documentos relacionados con el caso y "solicitados por parte de algunas acusaciones o algunas defensas", es decir, que no estaban en el "expediente administrativo puro y duro". Así, entre ellos puede haber, según ha indicado, "ciertos correos que no están dentro del expediente", en alusión a las comunicaciones remitidas por la jefa del Servicio de Patrimonio al vicesecretario general, en los que se advertía de la existencia de una posible incompatibilidad o conflicto de interés en la gestión de la promoción sobre la parcela municipal enajenada, una vez comprobada la identidad de los compradores de los pisos construidos. Entre ellos, como viene informando este diario, figuraba la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; los hijos de la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, y el arquitecto municipal Francisco Nieto, según trascendió inicialmente.

En todo caso, Villar ha asegurado que "nuestra colaboración es total y no queremos que exista ningún tipo de dudas respecto a nuestra colaboración con la justicia", ha sentenciado el vicealcalde y edil responsable del área de Asesoría Jurídica para remarcar que se había respondido a la petición formulada por la magistrada con su entrega en persona.