ALICANTE. La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante que investiga las supuestas anomalías en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por Residencial Les Naus en una solar enajenado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 da otro impulso a las diligencias con el dictado de tres providencias distintas en las que trata de recabar información pendiente de entrega por parte del propio ayuntamiento, y por parte del administrador de Fraorgi (la entidad gestora de la cooperativa que construyó la promoción), Francisco Ordiñana: uno de los quince investigados en la causa hasta ahora. Además, también accede a la solicitud cursada por la Fiscalía Anticorrupción para que se practiquen ocho nuevas declaraciones.

Por partes. En una de esas tres providencias, la jueza ordena a la Policía Nacional para que se persone en el Ayuntamiento de Alicante con el fin de requerir a sus servicios jurídicos el envío urgente de diversa documentación de la que no se ha hecho entrega hasta ahora, una vez vencido el plazo de cinco días que se había establecido para ello, a pesar de los requerimientos judiciales realizados los días 12 y 21 de este mes de mayo a través del correo electrónico.

Entre esa documentación reclamada al Ayuntamiento, figurarían los correos remitidos por el departamento municipal de Patrimonio a la vicesecretaría general municipal con los informes en los que se advertía de la posible existencia de un conflicto de interés o supuesta incompatibilidad, una vez compulsada la identidad de algunos de los compradores de las viviendas de Les Naus, y sus vínculos con cargos públicos municipales, entre los que se encontraba la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, o la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, además del arquitecto municipal Francisco Nieto.

Más tarde, la indagación interna posterior llevada a cabo por el departamento de Recursos Humanos permitió identificar a otros diez funcionarios municipales entre los compradores de los pisos, entre los que figuraba la también arquitecta municipal, Elsa Lloret, pareja del funcionario del Servicio Territorial de Vivienda, Roberto Palencia, que se encargó de visar los 140 contratos de los pisos de la promoción.

De este modo, tras la providencia dictada por la magistrada, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a los Juzgados de Alicante deberá personarse en las dependencias de los servicios jurídicos municipales para identificar a su responsable y requerirle para que aporte los documentos solicitados "en el plazo improrrogable de cinco días naturales". Todo ello "bajo apercibimiento de que en caso de nuevo incumplimiento el responsable de tales servicios jurídicos incurriría en un delito de desobediencia previsto en el art. 556 del Código Penal", según establece expresamente la providencia.

En una segunda providencia, la jueza insta al administrador único de Fraorgi, la entidad gestora de la cooperativa, Francisco Ordiñana, a aportar diversa documentación relacionada con el proyecto de residencial Les Naus. En concreto, le apremia a entregar copia del anteproyecto de obra y demás estudios documentados sobre la edificación de la parcela, después de que manifestase durante su declaración, la semana pasada, que habían sido elaborados "con anterioridad al día 5 de septiembre de 2018 en que se  produjo la publicación del anuncio de licitación y de los pliegos" de la subasta. Con esa argumentación, había tratado de justificar la rapidez en la que se produjo el registro de su oferta, solo un día después de que se abriese el plazo para hacerlo.

Además, en esa providencia, la jueza también reclama que aporte la relación de empleados de Fraorgi y de la empresa Iuvenale Somnia, que entre los años 2021 y 2025  participaron en el proceso de captación de socios de la cooperativa y en la elaboración y gestión de la lista de espera de los solicitantes interesados en adquirir una vivienda en la promoción de la controversia.

Ocho citaciones más

Al tiempo, en esa misma resolución, la magistrada acepta la última petición de prueba planteada hasta ahora por la Fiscalía Anticorrupción y acuerda citar a declarar el próximo 17 de junio a los representantes de las cuatro empresas que compitieron con la cooperativa Residencial Les Naus por la adquisición de la parcela municipal. Se trata de responsables de Edificio Teulada, Livanto Mediterránea, Inurban y Quatro Carreres Plaza, como había informado este diario. Los cuatro deberán declarar en calidad de testigos, como habían solicitado los fiscales Anticorrupción.

Esa decisión se extiende también respecto a los representantes de Block Arquitectura y de la asociación provincial de promotores Provía. Es decir, la promotora y la asociación que presentaron sendos recursos frente al pliego de condiciones de la subasta del solar al considerar que la cláusula de desempate incorporada (por la que se primaba a la propuesta registrada en primer lugar), no era la adecuada. 

En tercer lugar, la magistrada también accede a volver a llamar a declarar el mismo día 17 de junio a otros dos testigos que ya habían prestado declaración con anterioridad: la jefa y el secretario adjunto del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante. Con ello, la jueza accede íntegramente a las peticiones formuladas por Anticorrupción.

Por último, la tercera providencia se refiere a la solicitud de personación registrada por la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de CGT (FETAP-CGT) con la intención de ejercer la acusación popular. Al respecto, la instructora requiere al sindicato que aporte una fianza de 3.000 euros como condición indispensable, en la línea que ya ha mantenido para admitir la personación del grupo municipal del PSOE y de Ciudadanos (Cs).