ALICANTE. Fin al conflicto jurídico por la contrata de mantenimiento de zonas verdes de Alicante. Al menos, en lo que respecta a la compensación establecida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) como mecanismo para indemnizar a la empresa Geamur, después de que su oferta quedase excluida de forma indebida en el proceso de licitación que se puso en marcha para contratar el servicio en 2019. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), da finalmente por descartada la posibilidad de interponer un nuevo recurso frente a la última resolución del alto tribunal autonómico, conocida a mediados de enero, en la que se rechazaban los recursos de reposición presentados tanto por el Ayuntamiento como por la empresa que acabó asumiendo la concesión (STV Gestión) contra el auto previo en el que se fijaba el importe de esa indemnización en casi un millón de euros.

El vicealcalde, portavoz del equipo de gobierno y edil de Medio Ambiente y Contratación, Manuel Villar, ha confirmado este martes, en la comparecencia informativa en la que se da cuenta de los acuerdos adoptados en Junta de Gobierno, que se habría descartado la posibilidad de seguir pleiteando frente a esa última decisión, con lo que se asumirá el pago de dicha cuantía, a pesar de que se mantenga el desacuerdo respecto al cálculo planteado por el TSJ. En esta línea, Villar ha señalado que el abono de esa cantidad (994.374,73 euros) debería producirse a corto plazo, toda vez que no resulta necesaria introducir ninguna modificación en el proyecto de presupuestos que se somete a debate y votación este miércoles, 5 de marzo.

Con todo, está por ver si el equipo de gobierno adopta finalmente esa misma posición respecto a la segunda de las reclamaciones económicas en disputa con Geamur: la que tiene que ver con la liquidación del contrato previo. Como informó este diario, el Tribunal Supremo (TS) inadmitió a mediados de febrero el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento frente a la sentencia acordada por el TSJ en la que también se resolvía a favor de la solicitud de la compañía y se concretaba que la administración local debía abonar un último pago global próximo a los 700.000 euros por el servicio prestado desde mediados de 2018 hasta 31 de diciembre de 2020, cuando la vigencia de la prestación ya había quedado vencida por la propia caducidad del contrato.

En concreto, la suma derivada de la actualización de precios, del incremento de gastos salariales y de costes de materiales que Geamur tuvo que asumir durante ese periodo ascendía a 599.612,57 euros, según la resolución del TSJ, a los que se añaden otros 84.665,10 en concepto de intereses de demora por facturas abonadas fuera del plazo marcado legalmente. El equipo de gobierno, del PP, anunció -cuando trascendió la inadmisión del recurso- que se preveía estudiar la posibilidad de interponer recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) ante esa decisión. No obstante, fuentes municipales consultadas no han llegado a certificar con certeza si ese recurso se había llegado a interponer.

Casi seis años de disputa legal

La disputa legal entre el Ayuntamiento y Geamur viene arrastrándose desde hace cerca de seis años, cuando se planteó la convocatoria del concurso de 2019. Entonces, el equipo de gobierno se acogió a las conclusiones de los técnicos de Contratación y acordó la exclusión de la propuesta de Geamur al considerar que había incurrido en una baja anormalmente desproporcionada no justificada. Geamur (a cargo del servicio de mantenimiento de jardines desde 2012) presentó recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que resolvió a su favor y conminó al Ayuntamiento a retrotraer el concurso al momento de valoración de las ofertas, readmitiendo a la compañía recurrente.

No obstante, tanto el Ayuntamiento como la empresa a la que se le acabó concediendo el servicio (STV Gestión) recurrieron esa resolución ante el TSJ, que falló a favor de Geamur con una sentencia en la que se confirmaba el derecho de la compañía a participar en el concurso, en el que quedaba valorada en una posición de ventaja tras haber presentado la oferta más económica. El Ayuntamiento y STV también volvieron a recurrir al TS sin éxito, por lo que se hizo efectiva la ejecución de sentencia del TSJ. No obstante, el ayuntamiento planteó el pago de una compensación económica como fórmula alternativa a la recontratación, tras alegar que no podía readjudicarse un contrato que ya se había cumplido en su duración original (tres años). Además, objetó que las necesidades del servicio habían cambiado y que la propuesta de Geamur no podía darles cobertura. El TSJ aceptó esa vía alternativa y, tras el desacuerdo entre las partes, también acabó fijando la suma concreta de esa compensación: los 994.374,73 euros ya citados que el Ayuntamiento asume ahora.

Sea como fuere, el mismo vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno ha defendido este martes el acuerdo de exclusión de la oferta de Geamur adoptado en 2019 en base al informe de los técnicos. Es más, ha sostenido que "volveríamos a tomar esa misma decisión". Además, ha apuntado que, con el cambio de concesionaria, "la ciudadanía ha percibido una mejoría en el servicio".