ALICANTE. Nueva resolución judicial desfavorable para los intereses del Ayuntamiento de Alicante. En esta ocasión, relacionada con el servicio de mantenimiento de zonas verdes. El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por la administración local contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) favorable a la reclamación interpuesta por Geamur -la empresa que asumió la prestación entre 2012 y 2020- a cuenta de la liquidación del servicio operado desde mediados de 2018 hasta 31 de diciembre de 2020. Con ello, ese pronunciamiento del alto tribunal autonómico adquiere firmeza, lo que conmina al Ayuntamiento a abonar la cantidad reclamada por Geamur por los servicios prestados en ese periodo, cuando la compañía siguió asumiendo la conservación de los jardines municipales ya sin el respaldo de un contrato en vigor, al haberse producido su vencimiento, sin que se hubiese licitado el nuevo concurso para contar con un nuevo concesionario.
En concreto, la suma que el ayuntamiento deberá pagar a Geamur asciende a 599.612,57 euros, a los que se añaden otros 84.665,10 en concepto de intereses de demora por facturas abonadas fuera del plazo marcado legalmente, así como los gastos derivados del registro de la reclamación. Y no solo eso. Sobre esa cuantía principal, debe aplicarse los intereses legales a contar desde el 11 de abril de 2023 hasta que se produzca el pago efectivo por parte del Ayuntamiento. En total, la cuantía a abonar a la compañía superará los 700.000 euros, después de que se rechazase su reclamación de actualización de precios, por el incremento de gastos salariales y de costes de materiales que tuvo que asumir en ese margen de cerca de dos años y medio en el que siguió desempeñando la conservación de las zonas verdes, sin posibilidad de que se aplicase la revisión de costes de forma automática.
La providencia del TS, fechada este miércoles, día 12, no llega a entrar el fondo de las argumentaciones planteadas por los servicios jurídicos municipales para solicitar la nulidad del pronunciamiento previo del TSJ. En su resolución, el TS se limita a señalar que el recurso municipal no encaja en los supuestos de interés casacional para que pueda tenerse en consideración e impone al ayuntamiento las costas procesales, tasadas en 1.000 euros, sin que quepa la posibilidad de interponer nuevo recurso.
Segunda indemnización pendiente
Por lo pronto, esa nueva decisión judicial zanja uno de los dos litigios que permanecían pendientes de dirimirse en sede judicial entre el Ayuntamiento y Geamur. El segundo se desprende de la compensación económica establecida por el TSJ como mecanismo de indemnización a la compañía, después de que fuese excluida del nuevo concurso que se acabó convocado en 2019 con el argumento de que su propuesta había incurrido en una baja anormalmente desproporcionada no justificada. Geamur impugnó esa decisión con un recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que resolvió a su favor.
El Ayuntamiento y STV Gestión (la compañía que acabó resultando adjudicataria del contrato) recurrieron la decisión del TACRC y el TSJ volvió a avalar la posición de Geamur con una sentencia que obligaba al Ayuntamiento a retrotraer el proceso de contratación a la fase de evaluación de las ofertas presentadas, con la readmisión de Geamur. No obstante, el ayuntamiento alegó que esa sentencia resultaba inejecutable en la medida en que la duración inicial del nuevo contrato ya se había extinguido. Y, además, objetó que las condiciones del servicio habían cambiado, tras la incorporación del mantenimiento de nuevas zonas verdes, por lo que la oferta de Geamur no podía dar cobertura a las nuevas necesidades generadas.
El alto tribunal autonómico aceptó esa posición municipal y aceptó el pago de una cuantía económica como fórmula alternativa para resarcir el derecho de la compañía. Y tras iniciar el proceso de cuantificación, acabó determinando que debía ascender a la cantidad de 994.374,73 euros en una sentencia ratificada por el propio TSJ el pasado mes de enero. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), volvió a manifestar su desacuerdo frente a esa decisión y anunció su intención de recurrirla en casación ante el TS. De ahí que por el momento no se haya satisfecho el pago indicado por el TSJ.
Barcala alude al retraso del bipartito
Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha referido ya este viernes al pronunciamiento del TS para atribuir la responsabilidad del pago de esa compensación al equipo de gobierno formado por PSOE, Guanyar y Compromís entre junio de 2015 y abril de 2018 (en realidad, el pacto entre las tres formaciones se rompió meses antes, aunque fue en abril cuando se produjo la elección de Barcala como nuevo alcalde tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri). El primer edil ha sostenido, en una comparecencia pública, que fue el retraso en la convocatoria del nuevo concurso sobre el mantenimiento de zonas verdes el que motivó que Geamur estuviese prestando el servicio con el contrato vencido. "Independientemente de lo que puedan decir los servicios jurídicos, esto es consecuencia de que el triipartito no hizo su trabajo, no renovó y no sacó a licitación" ese nuevo concurso, ha señalado. Así, ha apuntado que los cerca de 700.000 euros a los que asciende la compensación a la compañía corresponden a ese periodo en el que tuvo que seguir asumiendo los trabajos. "En su momento, el tripartito no hizo los deberes, no licitó a tiempo el contrato, y ahora habrá que indemnizar a Geamur", ha concluido.
