La vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, y el alcalde, Luis Barcala, conversan en un momento del debate del estado de la ciudad de 2019.ALICANTE. PP y Cs se exponen este jueves a su segundo debate sobre el estado de Alicante desde que entablaron su alianza al frente del Ayuntamiento. Y esta vez, casi todo será diferente respecto a lo acontecido en su primera experiencia, encarada el pasado diciembre. Básicamente porque el mundo ha tenido que cambiar de manera forzosa tras la propagación del coronavirus. Alicante y sus necesidades, también. Y el día a día de la gestión municipal, no ha quedado al margen del impacto de esa transformación global. Entre otras cosas, porque -al margen de las consecuencias de la pandemia- el bipartito también arrastra ya un balance de casi un año y medio de convivencia con sus respectivos aciertos y errores.
Basta con repasar el desarrollo del debate de 2019 para poder evaluarlos. En esa sesión, PP y Cs centraron sus discursos en trazar la hoja de ruta que pretendían desplegar en la primera parte del mandato 2019-2023. Para entonces, todavía no habían alcanzado sus primeros seis meses en el poder, pero se mostraron decididos a poner en marcha las labores de mantenimiento de la escena urbana que no se habían ejecutado desde hacía décadas (ya fuese por desidia política, por falta de financiación externa o por la austeridad que supuso la aplicación del Plan de Ajuste a partir de 2012).
Lo cierto es que parte de esa especie de 'plan renove', que ya comenzó a planificar el extinto tripartito, ya está en ejecución o a días de que varios proyectos se puedan poner en marcha. De hecho, el bipartito trata de poner en valor esas obras en los últimos meses, con un cuidado calendario de visitas en las que el alcalde, Luis Barcala (PP), no se cansa de subrayar que se están acometiendo obras por valor de 25 millones en el conjunto de la ciudad. Se trata de actuaciones de reurbanización de barrios y plazas como la segunda fase de La Explanada, la remodelación de San Gabriel, los proyectos de la plaza del Progreso o la plaza de Palmeretes, el parque-plaza de Benalúa o la remodelación de la avenida Padre Esplá, por ejemplo.
Al margen de esas actuaciones, en el debate de 2019 se anunció el rescate de dos de las grandes asignaturas pendientes de la ciudad: la construcción de un Palacio de Congresos y la contratación de los trabajos de redacción de un nuevo Plan General. Sin embargo, esos dos compromisos han registrado avances mínimos. Sobre el primero, solo se conocen algunos tanteos con propietarios de los terrenos de algunas de las posibles ubicaciones, al margen del encargo de un estudio a la Universidad de Alicante (UA) para que analice los mejores emplazamientos. Y sobre el segundo, solo se han anunciado los primeros pasos para recomponer la denominada Oficina de Plan General. Todo pese a que en el presupuesto de 2020 se había consignado sendas partidas de 400.000 euros para impulsar cada una de esas actuaciones. En todo caso, como posible descargo de la responsabilidad de la demora en ambas propuestas, puede alegarse que la Concejalía de Urbanismo se ha visto forzada a focalizar la mayoría de sus recursos en la tramitación del catálogo de protecciones: un documento respaldado por PSOE y Compromís, que acabó aprobándose a días del plazo límite para que caducasen sus estudios previos y se tuviese que reiniciar todo el proceso desde cero.
En aquel pleno del estado de la ciudad de diciembre de 2019, también se hizo hincapié en el desarrollo de la estrategia Alicante Futura concebida ya durante la etapa de gobierno en solitario del PP (entre abril de 2018 y abril de 2019) como marco para contribuir a la diversificación del modelo económico de la ciudad, mediante la captación de empresas innovadoras y de base tecnológica, capaz de aglutinar las experiencias del Distrito Digital o del Parque Científico de la UA. Un año después, esa iniciativa municipal trata de perfilar sus primeros avances con la ampliación del vivero industrial Príncipe Felipe, en el que se pretende asentar un cluster de empresas biotecnológicas, o la planificación de otras sedes físicas, como la prevista en el proyecto de remodelación del antiguo parque de bomberos de la calle Italia.
En esa sesión plenaria de hace un año, PP y Cs también expusieron sus avances en la prestación de servicios públicos, con el anuncio de la puesta en marcha de la nueva contrata de zonas verdes, y el refuerzo del control sobre la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura. Un año después, las mejoras introducidas en la contrata de zonas verdes no se han podido aplicar, como consecuencia del complejo proceso de recursos planteado por las compañías licitadoras.
Y sobre la contrata de limpieza y recogida de residuos, ya se confirma que no quedará otra alternativa que conceder una previsible prórroga (en contra del compromiso que todos los grupos políticos alcanzaron durante la campaña electoral), porque no se podrá contar con nuevo concesionario antes de septiembre de 2021. Por lo pronto, no parece discutible que, con los medios de los que se dispone, sí se ha incrementado el control sobre el cumplimiento del contrato con la aplicación de minoraciones en los pagos. Y hasta se habría encarrilado la construcción del subparque logístico previsto en Playa de San Juan.
No obstante, lo cierto es que esa demora se extiende sobre otras contrataciones, como el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales (con una primera licitación anulada para aplicar correcciones), el servicio municipal de transporte en autobús (cuya prórroga vence este próximo mes de julio), por citar las más relevantes. Al margen de la suspensión de plazos administrativos motivada por la primera declaración del estado de alarma, el pasado mes de marzo, podría decirse que el bipartito se ha topado de bruces con la complejidad de la tramitación administrativa y con la litigiosidad empresarial, pero también con la falta de previsión para iniciar los procesos de contratación con la antelación necesaria, como viene apuntando el interventor municipal en varios de sus informes de fiscalización. Esa falta de antelación es la que propició el retraso en la instalación del alumbrado navideño de 2019 (otro de los elementos que se coló en el último debate del estado de Alicante) que este año ha quedado corregida (las luces comenzaron a colocarse a finales de septiembre).
A ese retraso en los procesos de licitación se suma el bajo índice de ejecución presupuestaria alcanzado en 2019: en torno al 13%. Todo parece apuntar que el índice correspondiente a este ejercicio no será mucho mayor. Eso sí, PP y Cs podrían acogerse a dos salvedades para excusarse sobre ese atasco en el desarrollo de su propia planificación que reprocharon con insistencia al extinto tripartito. Primero, que el de 2019 fue un año electoral y que se dispuso de menos de seis meses para llevar a cabo la planificación presupuestaria que se había aprobado en abril. Y segundo, que en 2020, la crisis del coronavirus lo ha paralizado prácticamente todo. Ahora bien, poca justificación puede encontrarse a que el presupuesto de este ejercicio se aprobase definitivamente a finales de mayo. Habrá que esperar a la tramitación de presupuesto de 2021 (en el que se asegura que ya se está trabajando con la intención de que pueda aplicarse desde enero) para conocer si realmente existe un problema de falta de operatividad.
Por lo que respecta al nuevo escenario deparado por la covid-19, PP y Cs tienen ante sí el reto de afrontar las medidas pactadas en el seno de la comisión de la reconstrucción el pasado mes de julio. En teoría, parte de esas iniciativas debían haberse recogido a través de una o varias modificaciones de crédito del presupuesto de este año, pero muchas de ellas no se han desarrollado y han quedado aplazadas para su inclusión en las cuentas de 2021, según vienen sosteniendo los representantes del equipo de Gobierno. Hasta ahora, sí se han puesto en marcha dos líneas de ayudas para empresarios (pymes y autónomos, la primera; y comercio y hostelería, la segunda) por valor de 6 millones. Y, al menos hasta mayo, el bipartito aseguraba haber destinado más de 1,2 millones en ayudas de emergencia social, como parte de la respuesta municipal a los efectos de la crisis sanitaria que fue discutida por asociaciones vecinales y los partidos políticos de la oposición.
En la planificación de esas medidas para paliar el impacto de la crisis sanitaria ya se contemplan otras actuaciones emanadas de la comisión de la reconstrucción, como la puesta en marcha de una línea de microcréditos sin intereses para el sector de la hostelería y el comercio, como también ha adelantado Alicante Plaza. Es de las pocas iniciativas conocidas hasta ahora, entre ese paquete de más de 100 medidas propuestas por la comisión, que podrían contemplarse en los nuevos presupuestos, a cuya elaboración el bipartito llega con el discurso reivindicativo de que no ha podido disponer del remanente (29 millones no gastados en los presupuestos de 2019) por el retraso del Ejecutivo central en liberar su uso, entre otra de la larga lista de críticas que viene dirigiendo frente a las decisiones (o la falta de ellas) adoptadas por el Consell o por el Gobierno.
Además, el bipartito se adentra en ese debate presupuestario en un contexto el que cunde la desconfianza entre el conjunto de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición respecto a las promesas de PP y Cs en general, y de su alcalde, en particular. Incluido Vox que ha tratado de escenificar su distanciamiento en algunas de los últimos acuerdos municipales, como la aprobación de catálogo de protecciones o las conversaciones iniciadas para negociar la cuarta modificación de crédito: justo la que los dos socios de gobierno activaron este martes, por un importe de 11,8 millones, sin haber negociado antes para garantizar el respaldo opositor.
Un año después, además, el bipartito se enfrenta a este segundo debate sobre el estado de Alicante con algunas de las consecuencias que conlleva el ejercicio del poder: la comisión de errores y la generación de ruido (uno de los lastres que afectó al tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís entre 2015 y 2017). Al episodio protagonizado por la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, con su polémico vídeo colgado en su cuenta de una red social en el que aseguraba que se aburría; y a la controversia sobre las diversas modificaciones acometidas en la relación de cargos de confianza, se les suma ahora los dos enredos desencadenados con los empresarios de la hostelería: uno a cuenta de las presiones ejercidas para que sus representantes no participasen en una comparecencia junto al PSOE; y otro relacionado con el anuncio de la supuesta suspensión de actividad que la edil de Hacienda, Comercio y Hostelería, Lidia López, trasladó al sector, del que tuvo que desdecirse después a través de un comunicado oficial, para acabar pidiendo perdón por haber "malinterpretado", según la versión del bipartito, unas declaraciones previas de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Han cambiado las tornas y PP y Cs están experimentando las mismas dificultades que tuvo que afrontar el tripartito para tratar de explicar esos episodios, sin depurar las responsabilidades políticas que -como sucedía en el mandato precedente- ahora también exigen las fuerzas de la oposición.
