ALICANTE. El presupuesto del Ayuntamiento de Alicante para 2025 adquiere plena vigencia, a ocho meses de que se produzca su caducidad. O lo que es lo mismo, con solo ocho meses para que se pueda ejecutar. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha desestimado este martes, en la reunión semanal de la Junta Local, todas las alegaciones presentadas al documento de planificación económica durante su exposición al público, con lo que ya solo resta su publicación en boletines oficiales para que se formalice su aprobación definitiva y comience a ser de aplicación. De hecho, no será necesario que la propuesta vuelva a debatirse en pleno y solo se formalizará el trámite de dación de cuenta en la sesión correspondiente al mes de abril.
Así lo han manifestado este martes los coportavoces del equipo de gobierno, Cristina Cutanda y Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en ese órgano de representación política en el que se adoptan la mayoría de las decisiones relacionadas con la gestión municipal. En concreto, ambos han precisado que se han inadmitido las seis reclamaciones registradas: una a cargo de la Asociación de Vecinos el Templete de Benalúa, otra por parte de la Asociación de Gatos en la Costa, y cuatro por parte de federaciones sindicales. Entre ellas, una de CCOO, otra de UGT y otra de SEP, por separado, además de una conjunta por parte de CCOO, UGT y CSIF. En el primer caso, se solicitaba la inclusión de fondos para la construcción de un centro comunitario para el barrio de Benalúa. En el segundo, se demandaba una consignación de 160.000 euros para el mantenimiento de las colonias felinas. Y en las cuatro restantes, se reclamaba financiación para ampliar la plantilla de funcionarios o para dar cumplimiento a mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores municipales, desde el sistema de prevención de riesgos laborales hasta cuestiones retributivas en desarrollo de la carrera profesional, pasando por la creación de nuevas unidades del SPEIS, la reformulación de la RPT o el estudio de la implantación del teletrabajo, entre otros puntos.
En todos los casos, la respuesta que confieren los técnicos de la Concejalía de Hacienda para no aceptar su presentación resulta coincidente: que los planteamientos apuntados no se ajustan a los supuestos establecidos en la legislación para formular reclamaciones al presupuesto. Se trata, de hecho, del motivo que viene esgrimiéndose de forma recurrente en los últimos años en los que se han venido presentado reclamaciones similares. Además, la propuesta de resolución de las enmiendas añade que las alegaciones no se han registrado de forma correcta o que no se acredita de forma debida la representatitividad atribuida por los alegantes. Y, por último, se responde a algunas de las cuestiones apuntadas para concluir que no queda justificada la asunción de la obligación legal de promover la construcción de centros comunitarios, que ya existe dotación para el cuidado de las colonias felinas, que ya se estaría promoviendo el desarrollo de la carrera profesional o que la revisión de la RPT no es una cuestión presupuestaria, sino organizativa, entre otros puntos.
Cuentas apoyadas por Vox
Sea como fuere, la consecuencia directa del acuerdo de inadmisión de las alegaciones no es otra que la posibilidad de comenzar a desplegar las previsiones económicas de las cuentas de este ejercicio, aprobadas con el único voto favorable del equipo de gobierno y de Vox, tras el nuevo acuerdo contable alcanzado el pasado mes de diciembre, en el que se incluye el compromiso de desarrollo de un nuevo paquete de propuestas planteadas por los representantes del partido que preside Santiago Abascal. De este modo, la publicación del acuerdo de inadmisión de las alegaciones permitirá que el equipo de gobierno pueda disponer de las partidas consignadas en las cuentas, que ascienden a un total de 347 millones, con 25 millones en inversiones, al margen de los proyectos ya contemplados en los presupuestos de 2024 con cargo al préstamo bancario de 48 millones suscrito el pasado ejercicio.
En esta línea, Cutanda y Villar han sostenido que la entrada en vigor del presupuesto de este año permitirá ejecutar proyectos como la construcción del pabellón deportivo de Tómbola, la regeneración de la playa de La Almadraba o la renovación del parque de El Palmeral, además de la incorporación de medidas como la continuidad de las bonificaciones al transporte público hasta el próximo mes de junio o la puesta en marcha de medidas como el cheque bebé o el cheque vivienda anunciadas por el alcalde, Luis Barcala, durante el debate sobre el estado de la ciudad, que también han suscitado críticas por parte de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición tras apuntar que tendrán un alcance limitado e insuficiente.