Reunión ayer entre el comité de empresa del Hospital de Torrevieja y el de Alzira. Foto: APTORREVIEJA. El comité de empresa del Hospital de Torrevieja rechaza la decisión tomada por la Conselleria de Sanidad de la creación de una empresa pública mediante la cual gestionar los departamentos de salud y servicios que se encuentran en proceso de reversión hacia una gestión pública. Uno de los más inmediatos es el de Torrevieja, cuya concesión de quince años y en manos de Ribera Salud, finaliza el próximo 15 de octubre.
La Consellera de Sanidad, Ana Barceló, firmó el 30 de marzo una resolución mediante la cual se inicia el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto-ley para autorizar la creación de la empresa pública de salud de la Comunitat Valenciana. Esta resolución no especifica ni tampoco señala de forma explícita que se adopte y se cree como herramienta ante la inminente reversión del departamento de salud de Torrevieja. Otros servicios que se están gestionando a través de empresas y que también recoge esta resolución es la asistencia farmacéutica a los centros sociosanitarios o la realización de resonancias magnéticas.
La conselleria, en esa resolución, asegura que la naturaleza de los contratos, la especifidad y peculiaridad de las prestaciones, las estructuras de las plantillas y "la preocupación por la defensa de los intereses de los trabajadores ha dificultado encontrar una figura que hiciera posible recoger todas estas actividades en una sola estructura organizativa sólida". Admite que, de momento, el personal no formará parte de la propia conselleria, es decir, como funcionariado. La única opción viable "para dar una respuesta adecuada y rápida" es la creación de una sociedad pública mercantil. Y debe realizarse "con carácter de urgencia".
El comité de empresa del Hospital de Torrevieja tras conocer esta resolución, publicada en el portal web de la Conselleria de Sanidad, se muestra doblemente contrariado. Por un lado rechaza la empresa pública como figura y modelo. Exigen una gestión directa, depender directamente de la Conselleria a través de la herramienta de personal laboral a extinguir. Pone como ejemplo la fórmula de subrogación adoptada para la reversión de Alzira. De hecho, el comité de empresa de ambos departamentos se reunieron ayer en Fortaleny. El encuentro estaba convocado desde hace días con el objetivo de conocer de primera mano la experiencia de la reversión del departamento de salud de La Ribera y conocer los problemas que han tenido, tienen o pueden darse. Tras conocerse la resolución de conselleria, ambos comités han rechazado la creación de la empresa pública.
La otra razón de su descontento es ante lo que califican como falta de transparencia. El 31 de marzo, un día después de la firma de Barceló de la resolución, se manifestaron a las puertas de conselleria para exigir que les comunicaran cuál sería la figura que adoptarían. Finalmente les atendió la subsecretaria de la Conselleria de Sanidad, Mónica Almiñana. Les admitió que había varias opciones sobre la mesa pero ninguna decisión tomada. El pasado viernes también se reunieron con la portavoz de sanidad en Les Corts del PSPV-PSOE, Carmen Martínez. El desenlace fue el mismo. No había una decisión adoptada.
La idea de crear una empresa pública no es nueva. Hace poco más de un año, unos días antes de declararse el Estado de Alarma por la pandemia de la covid, Valencia Plaza ya adelantaba que desde la conselleria se estaba promoviendo la creación de una empresa pública. En el horizonte más próximo se encuentra el Hospital de Dénia, que finaliza la concesión en 2024 y el del Vinalopó, en 2025
Mientras tanto, la transición de la gestión privada a cualquiera de las opciones públicas en Torrevieja sigue judicializada. El 31 de marzo finalizaba el plazo para que la mercantil Ribera Salud, tal y como dictaminó Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a través de la sala de lo Concencioso-Administrativo, entregara la documentación referida en las normas de reversión. Era la prórroga que le dio el juzgado después de que recurriera dichas normas y no cumpliera con la primera fecha, 1 de diciembre de 2020 como límite para entregarla.
