El Ejecutivo pasará de gestionar un 100% de esta recaudación para fines sociales a un 20% y las ONG reclaman financiación alternativa
MADRID, (EP). El Gobierno y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo sobre el nuevo modelo de gestión mixta para conceder subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, que se repartirá en un tramo estatal del 20% y un tramo autonómico del 80 por ciento, según han confirmado a Europa Press diversas fuentes conocedoras de la decisión.
El Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia tiene previsto aprobar el próximo lunes 19 de junio este acuerdo, sobre el que las ONG del Tercer Sector ya han manifestado su disconformidad.
En la actualidad, el Gobierno gestiona el 100 por cien de esta recaudación, que en el año 2016 ascendió 240 millones de euros, pero el Tribunal Constitucional dio la razón a la Generalitat de Cataluña por invasión de competencias, lo que ha obligado al Ejecutivo ha diseñar un nuevo modelo de reparto. Con el nuevo reparto la recaudación gestionada por el Ejecutivo para el tramo estatal apenas llegaría a 50 millones.
Tras la decisión del Constitucional, el pasado mes de abril Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y autonomías acordaron un reparto mixto de la gestión del IRPF y encomendaron la definición de los tramos a una comisión delegada.
Conocida la propuesta final, la Asamblea de la Plataforma Tercer Sector-PTS Estatal, que había hablado con el Ejecutivo de establecer un reparto 50/50, votó este miércoles 14 de junio en contra del nuevo modelo y lo hizo por unanimidad.
Según el documento aprobado por la Asamblea, al que ha tenido acceso Europa Press, las organizaciones se desmarcan por entender que la propuesta acordada es "profundamente negativa".
Además, advierten de que en el 20% estatal se incluirían también los abintestados, es decir, los bienes de las personas que mueren sin dejar testamento, por lo que las ONG consideran que serían un porcentaje incluso aún inferior al 20% de la recaudación.
"Queríamos un tramo estatal con un bloque de programas, sólidos, amplios, innovadores y que asegurasen el fortalecimiento de las organizaciones del Tercer Sector de ámbito estatal para seguir construyendo un tejido al servicio de políticas sociales transversales basadas en la igualdad, la equidad, la solidaridad y la redistribución", añaden en la resolución.
Por otro lado, el Tercer Sector lamenta que se haya decidido plasmar la decisión en el acuerdo del Consejo Territorial sin redactar un Real Decreto en el que se recoja la regulación del tramo autonómico para dar seguridad jurídica a la decisión. Sí habrá un Real Decreto del tramo estatal en el que las ONG reclaman que se incluyan algunas garantías básicas del tramo autonómico.
Asimismo, señalan que el acuerdo alcanzado es de carácter provisional y se revisará en el plazo de un año, por lo que han solicitado al Ministerio garantías de futuro sobre posibles mejoras del modelo y la participación de la Plataforma en el proceso de revisión.
En todo caso, tras esta decisión, las ONG reclaman al Gobierno fuentes de financiación alternativas "suficientes, seguras y estables", así como "mantener y hacer eficaz" el proceso de diálogo que "permita robustecer" el Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.
En definitiva, el Tercer Sector advierte de que el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas "no es el que necesitan más de 7,2 millones de personas beneficiarias" para disponer de "garantías de futuro de una correcta y continuada atención".
"No es el acuerdo que permite continuar y robustecer al Tercer Sector de ámbito estatal ni autonómico, y no es el acuerdo que ofrece las debidas garantías, de manera suficiente y plasmada en una norma, sino que abre un frente de incertidumbres e inseguridades sobre si los fondos del 0,7% tendrán una aplicación finalista social hacia las personas de los colectivos que han sido objeto tradicionalmente del 0,7%", señala el escrito.
Por ello, el Tercer Sector exterioriza su "desacuerdo y disconformidad" con el nuevo modelo 0,7% del IRPF por el trato "inadecuado" y "poco transparente" del proceso de interlocución.
En todo caso, la Plataforma de Tercer Sector y las mesas y plataformas territoriales continuarán actuando con un "espíritu constructivo y de interlocución" con los poderes públicos por su misión en la atención a los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión, el fortalecimiento de la sociedad civil organizada en torno al Tercer Sector de Acción Social y en la contribución al desarrollo social del país, "velando siempre por los derechos sociales y la dignidad de las personas por las que trabaja".
Asimismo, "reitera" la voluntad de la plataforma de "continuar unas relaciones de respeto y cooperación" que permita "mantener una alianza" con el Gobierno de la Nación para "mejorar la cooperación con el fin de atender a las personas vulnerables".
En esa línea de cooperación, consideran "prioritario" seguir manteniendo el proceso de diálogo e interlocución entre las plataformas territoriales del tercer sector y las consejerías de servicios sociales.
"Consideramos que debieran establecerse mecanismos de participación e interlocución en la futura revisión del modelo de la subvención 0,7% IRPF, e incluso la culminación, reorientación y mejora de aquellos aspectos del actual proceso sobre los que exista verdadera voluntad por parte del Gobierno de acordarlos con el Tercer Sector", defiende la plataforma en el documento.
Además, solicita participar en el desarrollo de instrumentos complementarios para la financiación de las actividades del tramo estatal.
Por último, el documento reclama "retomar con carácter inmediato" la mesa negociadora del Tercer Sector estatal con el Gobierno, "a fin de que acometa con celeridad los mandatos pendientes de la Ley del Tercer Sector de Acción Social".
