El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Foto: JESÚS HELLÍN/EPVALÈNCIA (EFE). El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), tras repasar los acontecimientos que han incidido en el sector agroalimentario durante 2022, reconoce que ha sido un año complejo, a la vez que pone de relieve la respuesta del Gobierno con el despliegue de diversos paquetes de ayudas.
El ministro Luis Planas ha asegurado a Efe que "el Gobierno ha realizado este año un esfuerzo sin precedentes para mantener la rentabilidad de agricultores y ganaderos en un momento de gran complejidad para toda la ciudadanía".
Y es que, según el titular de Agricultura, 2022 ha venido marcado por "importantes acontecimientos, nacionales e internacionales, que han influido de manera significativa en el desarrollo del sector agroalimentario y pesquero español".
"Ante esta situación -ha proseguido- el Gobierno ha actuado con rapidez para adoptar a lo largo del año una serie de medidas que han servido para paliar los efectos de la crisis en el precio de los insumos en los sectores más afectados".
Entre ellas, ha destacado la aprobación por el Consejo de Ministros, el 29 de marzo, de un real decreto-ley con ayudas directas por importe de 430 millones de euros para los sectores agrario y pesquero.
De esa cantidad, 169 millones se pusieron a disposición de los productores de leche; 193,5 millones a los carne de vacuno, ovino, caprino, pollo y conejo y los citricultores y otros 68 millones al sector pesquero.
Planas también ha mencionado "otras iniciativas", como la rebaja en el coste del combustible, descuentos fiscales, exención de cánones y medidas de liquidez que han beneficiado al conjunto del sector agrario y pesquero.
Para paliar la situación de la sequía, ha recordado que el Gobierno estableció medidas coyunturales estimadas en unos 450 millones de euros.
"En total, el sector agrario ha dispuesto de un paquete de medidas sin precedentes, con un impacto superior a los 1.000 millones de euros entre ayudas directas y fiscales para poder afrontar las dificultades derivadas de la guerra en Ucrania y a la pérdida de rentabilidad por la sequía", ha sentenciado.
"Se ha aplicado la mayor reducción impositiva conocida hasta ahora en el sector" porque, "solo la reducción en los módulos para la declaración del IRPF ha supuesto más de 1.000 millones de euros de ahorro en la base imponible" de los agricultores.
Planas también ha recordado que en 2022 se ha incrementado en 60 millones, hasta los 317,60 millones de euros anuales, la línea de ayuda a la contratación de seguros agrarios.
La aprobación por la Comisión Europea (CE) del Plan Estratégico para la aplicación en España de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2023/27 el 31 de agosto ha permitido, según Planas, "dar certidumbre a los agricultores y ganaderos sobre sus derechos a la percepción de las ayudas".
Ha confirmado que tras la aprobación el pasado 15 de diciembre de la "Ley de la PAC" por el Congreso, los decretos que quedan por publicar en relación a la nueva política agrícola que entra en vigor el 1 de enero estarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de que finalice el año.
También ha resaltado la transferencia de 147,5 millones a las comunidades autónomas en octubre del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para proyectos de agricultura de precisión, modernización de invernaderos, gestión de estiércoles, aprovechamiento de biogás o biomasa y mejora de la bioseguridad.
De los fondos del Plan de Recuperación, ha subrayado la partida pública de 303 millones para la ejecución de la segunda fase de obras de modernización de regadíos, que con las aportaciones privadas, movilizarán una inversión total superior a los 700 millones.
Respecto al Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) agroalimentario aprobado en febrero y dotado con 1.800 millones, ha indicado que permitirá emprender a este sector "los cambios medioambientales, digitales, sociales y económicos a los que tendrá que hacer frente en la próxima década".
De las iniciativas legislativas, ha destacado la aplicación de la Ley de la cadena alimentaria, que entró en vigor el 15 de diciembre de 2021; la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Científica y la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que tras su aprobación en segunda lectura por el Consejo de Ministros se encuentran actualmente en proceso de tramitación parlamentaria.
