ALICANTE. El organismo autónomo Suma, encargado de la recaudación y gestión de los impuestos de los municipios de la provincia, convertirá a sus 400 operarios en funcionarios. Y lo hará después de una sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 2018, que ratifica un fallo anterior del juzgado contencioso-administrativo de Alicante. Esa sentencia venía a reconocer "que la Administración inicie los trámites de estudio, negociación y tramitación administrativa necesarios encaminados a modificar la naturaleza laboral de los puestos de trabajo objeto de este procedimiento, y el consiguiente inicio del oportuno proceso de funcionarización, adaptando el régimen jurídico del personal laboral de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante, a la naturaleza de los puestos efectivamente ocupados”. Por el momento, el proceso se ha iniciado de manera parcial, con la creación de 132 plazas de funcionario y la amortización de otras tantas de personal laboral, que afectan especialmente a los puestos de Ayudante Tributario/a, que serán sustituidos por puestos de Auxiliar Tributario/a, y a los de Auxiliar Tributario/a de la categoría subgrupo C2.
Y es por ello que el organismo ha iniciado el proceso para cumplir este fallo y para ello, va a aprobar un plan director en el que se detalla cómo será el procedimiento de transición del personal laboral al personal funcionario. En concreto, se trata de un Plan Director de Ordenación de los Recursos Humanos de Suma Gestión Tributaria. Ese plan ya se inició con el cambio de estatutos del propio organismo autónomo, que se acordó en diciembre de 2020. Ha seguido con la elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo, para definir las necesidades de los servicios y los requisitos para el acceso y el desempeño de cada puesto de trabajo. Y finalizará con un Plan Específico de Funcionarización. Dentro de este plan, el organismo se encontraría en la fase dos, referido a la Elaboración o adaptación de los instrumentos de personal de Suma, afectados por la ejecución de la sentencia.
Por el momento, el organismo autónomo ha iniciado el proceso de manera parcial, creando nuevas plazas de funcionario y amortizando los puestos de trabajo del personal laboral. Así, en relación con la plantilla de personal laboral, se propone la creación de 77 plazas de la categoría profesional de Auxiliar Tributario/a reservándolas para la promoción desde la categoría de Ayudante Tributario y, al mismo, tiempo se amortiza 77 plazas de la igual categoría profesional. La cobertura de estos puestos será por promoción interna.
En relación con el personal funcionario de Suma, se crean 54 plazas de Auxiliar Tributario/a, subgrupo C2; Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales y clase Cometidos especiales. También se crea una plaza de Auxiliar Administrativo/a, subgrupo C2. En contraprestación, se amortizan 55 plazas laborales que directamente vinculadas a las anteriores, a la finalización del proceso selectivo para cubrir las plazas funcionariales, según el informe que adjunta la propuesta que abordará en el consejo rector de suma del próximo 29 de julio. La cobertura de estos puestos será por el tuno libre. Todo ello con el objetivo de dar cumplimiento al plan operativo de recursos humanos que trae causa del Plan Director de Ordenación de los Recursos Humanos de Suma.
Respecto a las repercusiones que esta medida tiene en el presupuesto del organismo, el informe que avala estos cambios indica que en el presupuesto vigente no tiene repercusión efectiva puesto que no existe tiempo material para cubrirlas en el año 2022. No obstante, dado que se pretende convocar los procesos selectivos, es preciso que tengan dotación presupuestaria en un futuro, indica el informe que avala este proceso.
Suma justifica que esta propuesta resulta imprescindible para avanzar en el cambio del régimen laboral de determinado personal de Suma al régimen funcionarial de conformidad con el fallo de la sentencia de 2015. Una vez aprobados los puestos de nueva creación, los cambios deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y estar en exposición pública durante 15 días hábiles. La aprobación se considerará definitiva si durante este periodo plazo no se presenta reclamaciones; en caso contrario, se dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
