VALÈNCIA. Los últimos días han sido especialmente movidos para el Ministerio de Igualdad. La aprobación en la Comisión de Igualdad de la ley del "solo sí es sí", todo lo referente a la reforma de la ley del aborto, la baja por regla dolorosa... son algunas de las principales y más recientes líneas de trabajo que ha seguido el organismo que encabeza Irene Montero. Pese al trabajo ya realizado y al que queda por realizar, el debate sigue fijado en las cuestiones que tanto conocen en el Ministerio: el aborto, la regulación o incluso abolición de la prostitución o los derechos de identidades disidentes como el colectivo trans o las personas no binarias, entre otros.
Para abordar cómo pretende tratar estos asuntos Igualdad, Valencia Plaza se reunió con Ángela Rodríguez, conocida también como Pam, quien ocupa el puesto de secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género desde octubre del pasado 2021. Licenciada en Filosofía en su natal Galicia y con una trayectoria de más de seis años en política, donde ocupó cargos tales como diputada en el Congreso o vicepresidenta segunda de la Comisión de Igualdad, analizó el pasado, presente y futuro de una cartera ministerial que volvió a tener presencia en un gobierno español el pasado enero de 2020.
- Tras los logros recientes en materia legislativa, ¿qué ambiente se respira en el Ministerio de Igualdad?
- Hay cansancio porque han sido meses y, especialmente, días muy intensos, pero también tenemos la sensación de que hemos conseguido cumplir con una parte de la agenda que dijimos que íbamos a llevar a cabo. Es una sensación muy poderosa en política, porque al final te comprometes hacer esta ley, luego esta ley, luego esta ley... y ahora empiezan a ser realidad. Lo estamos haciendo por las mujeres de este país y es una sensación de victoria, de triunfo y de que estamos haciendo lo que queríamos.
- Sin embargo, ¿seguís notando reticencia por parte de ciertos agentes políticos o cierta masa de la población cada vez que exponéis las políticas que queréis llevar a cabo?
"EL PSOE QUERÍA IR CON UNA REDACCIÓN UN POCO MÁS DURA HACIA LAS MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN Y EL RESTO DE GRUPOS NO ESTABAN DE ACUERDO"
- Creo que los avances del feminismo han provocado mucha reacción estos años, pero no solamente las políticas del Ministerio de Igualdad, también ha sucedido, por ejemplo, con la huelga del 8 de marzo en el año 2018. No sé cómo sería en el País Valencià, pero desde luego en Galicia o en Madrid la reacción que provocaba siempre era, de entrada, la de un montón de gente que decía "yo no voy a ir a la huelga bajo ningún concepto", y terminó yendo hasta Ana Rosa. Creo que los avances de las feministas, cuando se ponen encima de la mesa a quienes en ese momento no tienen privilegios o a los que disfrutan de los privilegios, provocan una reacción y, a partir de ahí, creo que lo que suele suceder es que se convierten en sentido común.
- ¿Qué opinión le merece que el PSOE tuviera que borrar la enmienda de la prostitución para obtener el visto bueno de fuerzas como ERC, Bildu o Ciudadanos y que la ley de "sólo sí es sí" saliese adelante?
- Yo quiero, en primer lugar, agradecer la generosidad que han tenido todos los grupos parlamentarios. Y quiero hacerlo porque en esa comisión lo que vi fue política del más alto nivel. Mucha altura de miras, mucho compromiso feminista y la sensación de que apartamos aquello en lo que no estamos de acuerdo y, en lo que sí lo estamos, damos un paso adelante juntos. Y esto es lo que vi por parte del Partido Socialista, de Bildu, de Esquerra Republicana, del PNV, de Ciudadanos, de la CUP, de JuntsxCat... Una mayoría muy amplia de mayoritariamente mujeres, aunque también había un hombre, el diputado del PNV, que decidieron poner a un lado las discrepancias y avanzar en lo que estábamos de acuerdo. Un pacto de Estado, en definitiva, contra la violencia sexual.
Aquello en lo que no estamos de acuerdo es exactamente la definición que se da en el Código Penal de proxenetismo. Actualmente el Código Penal ya lo regula y dice que es un delito y el Partido Socialista quería ir con una redacción un poco más dura hacia las mujeres que ejercen la prostitución y el resto de grupos no estaban de acuerdo. Por eso finalmente todos los grupos, incluido el Partido Socialista, dijeron: "Vale, retirémoslo y sigamos debatiendo". Me parece lógico. Me parece que así es como se hace política, intentando avanzar en lo que estamos de acuerdo y, en lo que no lo estamos, seguir trabajando.
- La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, mencionó que el punitivismo no es lo único que haría falta para erradicar la prostitución. ¿Está de acuerdo con su mensaje?
- Estoy muy de acuerdo. De hecho, creo que una de las cosas más positivas que ha tenido el feminismo en los últimos años es que ha puesto encima de la mesa caminos alternativos al punitivismo por una cuestión muy importante: si una mujer sufre violencia, es importante que se sancione esa violencia y que el agresor termine en la cárcel, pero lo más importante es evitar que eso suceda. Y que, una vez lo ha sufrido, la podamos ayudar. Y estas dos cosas, el llegar a tiempo y reparar el daño que ha sufrido, no son el Código Penal, son todo lo demás de lo que nunca se habla.
Son las medidas de sensibilización de educación sexual y de protección de las víctimas, de acompañamiento y de especialización profesional. Y eso es a nosotras lo que nos parece más importante. De hecho, diría que eso es a lo que se le llama un enfoque feminista en las leyes. En realidad el Código Penal, por supuesto, también tiene que ser un Código Penal feminista. No estoy despreciando la capacidad que tienen las políticas penales de un país de modelar cómo debe ser la realidad, pero desde luego me parece que son las políticas de protección y reparación las que son más útiles a las mujeres.
"ESPAÑA ESTÁ FALLANDO EN QUE LAS MUJERES NO CONFÍAN EN LAS INSTITUCIONES. LO QUE DICEN LAS ENCUESTAS ES QUE SOLAMENTE EN DOS DE CADA DIEZ CASOS LAS MUJERES DENUNCIAN"
- ¿Cuáles han sido y son las herramientas de Igualdad para, como dices, llegar a tiempo?
- En 2020 nos encontramos con una situación muy complicada. Nosotras teníamos una serie de planes para desplegar esa agenda feminista, y después de llevar solo tres semanas en el gobierno constituidas como Ministerio de Igualdad, empezó una pandemia en la que tuvimos que cambiar radicalmente los planes. Todo el país tuvo que cambiar los planes. Ahí nos dimos cuenta de lo importante que era ser capaces de comunicarnos directamente con las víctimas, porque teníamos que mandarles un mensaje donde explicarles que estábamos en un estado de alarma, pero que para ellas no funcionaba y que sí podían salir de casa si estaban con su maltratador.
Eso nos sirvió para fortalecer muchísimo más todas las herramientas que tenían que ver con la comunicación directa con ellas y hacernos conscientes de que, quizás, en la cosa en la que España está fallando más es en que las mujeres no confían en las instituciones. Lo que dicen las encuestas es que solamente en dos de cada diez casos las mujeres denuncian. En el resto, las mujeres no se atreven a ir ni a un policía ni a un juez, y prefieren a una amiga o a una hermana por no contar un caso de violencia. Eso es lo que estamos intentando analizar: ¿Por qué las mujeres no se atreven a ir a las instituciones y denunciar un caso de violencia? Es nuestra prioridad absoluta.
- Según el INE, entre 2020 y 2021 hubo un incremento de casi 1.000 mujeres víctimas de violencia de género; se pasó de 18.379 a 19.086: ¿Entienden que puede darse porque sus políticas no funcionan como imaginaban o creen que influyen otros aspectos y que es un trabajo que, poco a poco, revertirá este incremento?
- Hay que ser muy cautelosos porque las cifras del 2020 fueron cifras particularmente bajas en muchísimos delitos. Es cierto que la pandemia hizo que, evidentemente, los comportamientos sociales fueran otros y las preguntas sociales fueran otras. Ahora bien, la interpretación con muchísima prudencia que normalmente hacemos de estos datos es que, si hay más denuncias, y siempre que no se den más asesinatos, quiere decir que las cosas pueden estar mejorando.
¿Puede querer decir que hay más violencia revelada? Esto evidentemente no es una buena noticia, sino que lo que significa es que estamos llegando a más mujeres. Las instituciones están siendo útiles a más mujeres y, siempre que vaya acompañado de una contención en las cifras de los asesinatos, creo que podemos estar hablando de que el panorama es un poco mejor, sabiendo que por cada víctima a la que no llegamos a tiempo, es un fracaso del Estado.
- Durante los últimos años, hay provincias que no han registrado ningún aborto. Mencionáis que uno de vuestros objetivos es blindar el aborto en la sanidad pública, por ejemplo, impidiendo que un profesional que se niegue a hacerlo en esta por objeción de conciencia lo pueda hacer en la privada. ¿Más allá de esto, cómo se pretende asegurar las prácticas en los lugares en los que no se está registrando nada?
- Obligando a los hospitales públicos y a los centros de la sanidad pública a que tengan que prestar ese derecho. Hasta ahora no era obligatorio. El aborto podía darse en la sanidad pública o en la privada, pero ahora va a ser obligatorio que, aunque pueda prestarse la interrupción voluntaria del embarazo en clínicas privadas excepcionalmente, sea obligatorio que en los hospitales públicos y en los centros de la sanidad pública se garantice este derecho. ¿Eso para qué va a servir? Para que, una vez hayas decidido que quieres abortar, bien sea por el método quirúrgico o farmacológico, haya obligatoriedad por parte del Estado y por parte de las Comunidades Autónomas de prestarte servicio en el centro de salud más cercano a tu casa.
"CREO QUE LAS CRÍTICAS ANTIABORTISTAS CADA VEZ SERÁN MENORES E IRÁN DESAPARECIENDO: SERÁN UN REDUCTO REACCIONARIO"
Hemos incluido una cláusula de proximidad respecto al domicilio que es muy importante. Imagina que una persona no puede abortar en Ourense, y el hospital que tienes más cerca es en Zamora. Lo que hemos introducido en la ley es la posibilidad de que tú puedas ir al hospital de Zamora, aunque no sea en la comunidad autónoma en la que vives. También asumimos que el aborto farmacológico se tiene que prestar en muchísimos más lugares como en los centros de derechos sexuales y reproductivos que vamos a crear. Ahí también se podrá dar el aborto farmacológico y por tanto se va a ayudar a que más mujeres puedan abortar en la sanidad pública.
- ¿Hay alguna fecha sopesada para el inicio del funcionamiento de esos centros?
- Primero tenemos que aprobar la ley, esperamos que para el próximo año los centros puedan ser una realidad.
- ¿Esperabais fuertes críticas por reabrir el melón, siempre polémico, del aborto? Especialmente tras confirmar que una menor de 16 o 17 años podrá hacerlo sin consentimiento de los padres.
- Claro. Recibimos críticas furibundas de los sectores más conservadores de la sociedad: nos llaman asesinas de bebés. Yo creo que en realidad lo que estamos haciendo es ser mujeres de Estado. Uno de los problemas que tiene España es que nunca se ha pensado cómo tiene que ser el Estado para satisfacer las necesidades y los derechos de las mujeres. Se ha pensado cómo tiene que ser el Estado para encajar la pluralidad territorial y se ha pensado cómo tiene que ser el Estado para encajar las distintas necesidades sociales de las clases. Pero, ¿cómo tiene que ser el Estado para encajar los derechos de las mujeres? Esta es una pregunta que nosotras estamos intentando responder ahora desde el Gobierno. Un país en el que las mujeres no podemos decidir cuándo ser madres o donde no está garantizada nuestra libertad sexual es un país que no garantiza los derechos de las mujeres. Por eso creo que las críticas antiabortistas cada vez serán menores e irán desapareciendo: serán un reducto reaccionario.
- En una entrevista en el Huffington Post mencionas que "con quien más discrepas es con quien tienes que hablar más". ¿Habéis tenido ocasión de dialogar con estos sectores que mencionas?
- No nos hemos reunido con quienes son antiabortistas, pero sí nos hemos reunido con sectores que tienen opiniones muy diferentes con respecto a lo que regulamos en la ley y mencionaría dos cosas muy interesantes. Nos hemos reunido, por ejemplo, con las mujeres católicas por el derecho a decidir. Creo que es gente que está haciendo un trabajo impresionante porque demuestran que no está ligada a la posición ideológica o a la fe el respeto al aborto. Es decir, que tú puedes ser católica y creer que está bien que exista el derecho al aborto.
Además, también hablamos con comunidades médicas y colectivos profesionales, médicos que están a favor de que se registre la violencia obstétrica como una forma de violencia en nuestro país, que es algo que ha quedado finalmente en la ley un poco descafeinado a propuesta del Partido Socialista. Me ha parecido muy interesante escuchar a los médicos reconocer como, efectivamente, existen hospitales en los que hay prácticas que son violencia obstétrica.
(DESDE EL COLECTIVO LGBT+) ESTÁN PLANTEANDO EL MISMO DERECHO QUE PLANTEA EL RESTO: PODER TENER UN TRABAJO DIGNO"
- Rainbow Europe es una plataforma que jerarquiza a los estados europeos en base a la consonancia de sus leyes con la garantía plena de los derechos del colectivo LGBT+. Si bien hace un par de años España se ubicaba segunda, en 2022 ocupa el undécimo puesto. ¿Cómo avanzan cuestiones como la opción de género no binario en documentación oficial o solucionar los problemas del colectivo trans a la hora de encontrar trabajo?
- Lo que nos hemos encontrado es a muchísima gente que aborrece absolutamente este tema y lo plantea de una manera que creo que es muy difícil de dialogar. Uno de los objetivos que muchas personas trans tienen es que puedan ser reconocidas y que se pueda cambiar el sexo en el registro y, por tanto, no necesiten una tercera casilla en el DNI en los documentos oficiales. La ley trans va a garantizar que las personas trans puedan tener en su DNI lo que necesitan, sin hormonas y sin ningún tipo de plazo. Creo que esto es absolutamente necesario para que dejen de ser consideradas personas enfermas en España, pero queda un reto pendiente con las personas no binarias.
No conseguimos, en la negociación con el Partido Socialista, la creación de una tercera casilla en el DNI para las personas no binarias. Tampoco conseguimos, por ejemplo, los derechos para las personas trans en situación administrativa irregular. Creo que son dos carencias muy importantes que tienen que ser mejoradas en el trámite parlamentario de la ley, que ocurrirá ahora cuando llegue al Parlamento, probablemente antes del verano, y en las que espero que los grupos parlamentarios y el colectivo LGBT+ pueda empujar.
No obstante, es súper importante tener presente que las personas no binarias, las personas trans y el resto de las identidades disidentes que existen en nuestro país están planteando el mismo derecho que plantea el resto: poder tener un trabajo digno. Por tanto, creo que, probablemente, la política más importante que se pueda hacer para el colectivo LGBT+ es una política de empleo para darles los mismos derechos y las mismas capacidades que los demás a la hora de acceder a sus trabajos. Nosotras estamos trabajando a día de hoy en varios proyectos de inserción laboral para personas trans con empresas públicas, intentando proponer cuotas de contratación para personas trans y trabajando con algunas entidades que trabajan en la materia.
Soy especialmente optimista también con el papel que va a tener el teléfono arcoíris, que empezará a funcionar este verano, porque creo que va a ayudar a que mucha información que desconocen ahora mismo personas del colectivo que están en situaciones de exclusión se les facilite. Por lo menos para saber cuáles son sus derechos y conocer programas que ya puedan existir en algunas comunidades autónomas.
- ¿Cómo querría, de forma plausible, que el Ministerio de Igualdad concluyese esta primera legislatura tras su reaparición en 2020?
- Con el 2023 siendo el año con menos asesinadas de la historia de nuestro país desde que se contabilizan.