VALÈNCIA (EP). La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia citará a declarar como testigos al abogado coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia en ese día y al Abogado General de la Generalitat, así como al subdirector general del departamento que dirigía Salomé Pradas, Ricardo García, en relación con las conversaciones mantenidas sobre un posible confinamiento de la población.

Así lo señala en un auto de fecha de este miércoles en el que la magistrada accede a la petición de uno de los abogados de la acusación, que solicitaba identificar a los abogados de la Generalitat que entre las 19:45 horas y 20:00 horas efectuaron asesoramiento respecto de un posible confinamiento de la población y en relación con el proceso de toma de decisiones en las medidas destinadas a la protección de la ciudadanía. Esto, según el letrado, conllevó un retraso del envío del ES-Alert.

La magistrada indica que la Abogacía de la Generalitat "intervino realizando asesoramiento", un hecho que se desprende del informe aportado a la causa, de fecha de 26 de diciembre de 2025. En ese informe se indica que el 29 de octubre de 2024 "ningún alto cargo de la Conselleria de Justicia e interior, de Medio Ambiente o de Presidencia de la Generalitat formuló consulta escrita a la Abogacía de la Generalitat Valenciana".

No obstante, la tarde del día 29 de octubre 2024 se recibieron "llamadas telefónicas de corta duración" en relación con el fenómeno meteorológico que se estaba produciendo. Según el informe, al que hace referencia el auto, el entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior llamó al abogado coordinador de la Abogacía en ese departamento y le preguntó si un eventual confinamiento "tendría soporte jurídico", a lo que el abogado de la Generalitat contestó "afirmativamente".

Asimismo, Cayetano García, entonces secretario autonómico de Presidencia --y del que ya se había acordado su citación como testigo para el 22 de enero--, llamó al abogado general de la Generalitat para "avisarle de la posibilidad" de que la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, --investigada en la causa--, "contactara con la Abogacía en caso de que fuera necesario dictar alguna resolución o disposición que requiriese de un informe jurídico en relación con un eventual confinamiento". El abogado general manifestó su disponibilidad.

De acuerdo con el informe, "después de estas llamadas no se recibió ninguna petición de informe ni solicitud adicional, ni verbalmente, ni por escrito".

Contradicciones

La magistrada considera procedente y "relevantes" estas tres citaciones: la del subdirector de la Conselleria de Justicia, Ricardo García, y la de los dos abogados de la Abogacía, cuya identificación requiere. La jueza explica que el informe recibido de la Abogacía "contradice" las manifestaciones de José Manuel Cuenca, quien fuera jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, referentes a que Cayetano García "habría hablado con la Abogacía de la Generalitat" y que su respuesta en relación con la posibilidad de un confinamiento por parte de Pradas sería el motivo de los mensajes que le remitió Cuenca a Pradas en los que le decía que no acordara esa medida para toda la provincia.

La magistrada subraya en el auto que a las 19:54 horas del 29O Cuenca dijo a la exconsellera: "Salo. De confinar nada por favor. Calma". Y, de acuerdo con su declaración, estos mensajes "se basan en las supuestas manifestaciones del Abogado de la Generalitat que al testigo se las habría transmitido el sr. Cayetano García".

En cambio, el informe de fecha de 26 de diciembre de 2025, suscrito por el Abogado General de la Generalitat, "habla sólo de dos llamadas cortas, y que en una de ellas se habría afirmado que un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, indicando los preceptos en los que podría fundamentarse".