ORIHUELA. El Ayuntamiento de Orihuela ha puesto en manos de la Fiscalía Provincial un dossier que reconstruye, paso a paso, cómo en el último año y medio se ha ido acumulando un reguero de expedientes administrativos vinculados a viviendas gestionadas por la mercantil Marcos Real Estate SL —conocida popularmente como The Marcos Brother— y destinadas al arrendamiento a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad. La remisión del caso a Fiscalía se concretó el 11 de diciembre de 2025, firmada por el alcalde, José Vegara, después de constatar que los hechos podrían ser constitutivos de ilícito penal.
La alerta saltó en el departamento de Estadística municipal, donde se detectó un inusitado incremento de solicitudes de empadronamiento en varios inmuebles del término municipal. El denominador común: edificios en los que se habían habilitado múltiples habitaciones alquiladas por Marcos Real Estate SL, cuyos administradores son los hermanos Ezequiel y Fabián Mardos García.
Inspecciones con hacinamiento y condiciones insalubres
Ante las dudas sobre la legalidad de los contratos aportados para tramitar los empadronamientos, el Ayuntamiento solicitó la colaboración de la Policía Autonómica. Una inspección realizada el 29 de septiembre de 2025 en un inmueble de la calle Pintor Agrasot, número 63, detectó 16 habitaciones sin medidas de seguridad, ausencia de plan de evacuación y zonas comunes en estado insalubre, además de deficiencias graves en la instalación eléctrica.
Un segundo control, efectuado el 7 de noviembre por la Policía Local, constató que en la planta baja residían 12 personas, otras 9 o 10 en la primera planta y una cifra similar en la segunda, con colchones en el suelo, carencia de mobiliario, mala ventilación y humedad. Fotografías incorporadas al expediente reflejan cocinas deterioradas, baños en mal estado y falta de higiene, lo que eleva el riesgo para la integridad física de los inquilinos.
Empadronamientos a cambio de contratos “supuestos”
Según el escrito de remisión, la empresa habría aprovechado la vulnerabilidad de los inquilinos —en su mayoría extranjeros sin recursos— para formalizar contratos “supuestos” de arrendamiento, cuyo principal objetivo habría sido obtener su empadronamiento en el municipio. Esa inscripción, recuerda el Ayuntamiento, abre la puerta a trámites de extranjería, ayudas sociales y otros procedimientos administrativos.
La Fiscalía recibe también la advertencia de que esta práctica podría encajar en delitos de falsedad documental —por el uso de contratos presuntamente irregulares— y en otras figuras del Código Penal vinculadas al beneficio económico ilegítimo y al fraude, al inducir a error a la administración local para emitir certificados de empadronamiento.
Una cadena de expedientes que desemboca en Fiscalía
El consistorio subraya que el caso no responde a un episodio aislado, sino a al menos una decena de expedientes acumulados en el último año y medio, todos ellos con patrones similares: alta densidad de ocupación, condiciones inadecuadas de habitabilidad y contratos utilizados específicamente para empadronar.
El escrito concluye solicitando la incoación de diligencias de investigación y, si procede, la elevación del caso al juzgado competente, al considerar que los hechos “ponen en riesgo la seguridad y la salud” de las personas alojadas y podrían haber generado un lucro indebido en perjuicio tanto de los inquilinos como de la administración.
