Pepa Ferrando mantiene que ha dejado de ser edil en Orihuela, pero nadie tiene constancia

ORIHUELA. La edil oriolana Pepa Ferrando mantiene que ha dejado de ser concejal de Orihuela y que no piensa en volver a la vida pública. No obstante, desde el Consistorio confirman que nos les ha llegado, de manera oficial, ninguna dimisión por parte de la edil ni ninguna orden por parte del juzgado, que así lo confirme. Aseguran, asimismo, que Ferrando ha recibido la convocatoria al próximo y último Pleno municipal del mandato. La concejal de Foro Demócrata, por contra, asegura que, desde el pasado 3 de abril, no sigue como concejal y que finalizó su vida pública. 

Ese día de abril fue el momento en el que el juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela resolvió condenar a dos años de prisión más una multa e inhabilitación para ejercer cargo público a Ferrando, concejal, durante este mandato, de Foro Demócrata. La Fiscalía Anticorrupción y los acusados llegaron a un acuerdo de conformidad por el que admiten el fraccionamiento de contratos en la adjudicación de los stands de Fitur para el Ayuntamiento de Orihuela entre 2008 y 2011. En ese momento, Ferrando era concejal de Turismo por el PP. Ayer, el juzgado hizo pública la sentencia condenatoria, ratificando su decisión.

La edil pidió "respeto" y asegura que lleva doce años sufriendo el proceso, y recalcó que, desde el 3 de abril "no soy concejal y se ha cerrado una etapa dura y difícil". Además, recalcó que no puede pensar en volver a la vida política y que se considera inocente, a pesar de la sentencia y solo piensa en cerrar esta etapa. 

El concejal de Orihuela, Antonio Zapata, ex miembro del grupo socialista, pidió la renuncia de Ferrando a su acta de concejal y al alcalde, Emilio Bascuñana, que diese cuenta de dicha sentencia en el próximo pleno que se celebre para que Ferrando deje de ser concejala del Ayuntamiento por "no ser digna de mantener su acta". 

La sentencia

Pepa Ferrando fue condenada a 24 meses de prisión, a razón de seis meses, por cuatro delitos de prevaricación administrativa con fraude;  y a tres años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público. Los empresarios Javier Molinos Zufiria, Mercedes Lasa, Ainhoa Molina Zubiria, a 18 meses de prisión, y a 2 años y 10 meses de inhabilitación; a Juan Bautista Rodríguez Miquélez, 20 meses de prisión y a 2 años y 10 meses de inhabilitación, y a Ignacio Alonso Gorostiza, seis meses de prisión y a 3 años de inhabilitación. En todos ellos, se tiene en consideración el atenuante de reparación de los daños. Y con la aceptación de los hechos, evitan el ingreso en prisión por no tener antecedentes penales. Juan Ignacio Goñi queda absuelto. La responsabilidad civil quedó fijada en 149.697 euros, y fue depositada por Javier Molinos, Mercedes Lasa y Ainhona Molinos, en las arcas del Ayuntamiento de Orihuela.

Los informes policiales aportados a la causa apuntaban que Ferrando y los empresarios estaban acusados de actuar en connivencia para trocear los contratos y eludir la convocatoria de concursos para los expositores municipales de Fitur y de la Feria Valenciana de Turismo con importes inferiores a 18.000 euros durante el periodo 2007-2011.

Y en la petición de Fiscalía se detallaba, de acuerdo con los informes periciales, hasta las cantidades que se podría haber defraudado. Así, en el primer contrato, Orihuela pagó 52.436,99 euros al entramado de empresas cuando debió de abonar 23.695,78 euros; en 2009, 91.577,33 pese a que el valor real de los servicios contratados era de 53.176,39 euros; en 2010, se abonaron 58.000 euros, cuando la cifra, según el valor del mercado, hubiese sido 33.737 euros ; y en 2011, 82.075 euros en lugar de 35.280,27 por lo que respecta a Fitur y 45.893,34 euros, en lugar de 29.350,12, por lo que concierne a la Feria de Turismo de la Comunidad Valenciana. En total, 149.697,66 euros.