DÉNIA.- La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha desestimado el recurso de apelación que Baleària había interpuesto contra el auto de la magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Palma denegando las medidas cautelares que la naviera había solicitado para suspender la cuota máxima de vehículos que pueden acceder a Ibiza.

Según ha informado el Consell en un comunicado, en su auto, la Justicia recuerda que, ante el interés económico-privado de la naviera recurrente, prevalece el interés público que preside la norma, que es la sostenibilidad medioambiental y socioeconómica de la isla, objetivos que tienen reconocimiento institucional.

Así, el Tribunal ha decidido desestimar el recurso y condenar a la parte recurrente al pago de costas, con un límite de 1.000 euros. Ante la sentencia cabe recurso de casación ante la misma Sala.

Fue el pasado septiembre cuando Baleària presentó la demanda contra el acuerdo del pleno del Consell de Ibiza de 28 de marzo de 2025 que desarrolla la Ley 7/2024 de control de afluencia de vehículos para la sostenibilidad turística. En ese recurso, la naviera pedía la nulidad de la restricción acordada por el Consell, que dejará de tener efectos el próximo 30 de septiembre, y solicita al juez que plantee una cuestión de constitucionalidad. 

La naviera sostiene que la medida vulnera dos derechos fundamentales. Por un lado, el de igualdad al discriminar entre no residentes propietarios y no propietarios y el derecho a la movilidad al restringir la circulación por el Estado español.

Baleària señala que la resolución de la Sala Contenciosa-Administrativa del TSJIB sobre las medidas cautelares solicitadas por la compañía respecto a la entrada en vigor de la limitación de vehículos en 2025 en Eivissa, no entra a valorar el fondo del procedimiento, que seguirá su curso y será resuelto en sentencia.

Baleària reitera que su recurso no cuestiona los objetivos de sostenibilidad del Consell, que están alineados con su estrategia empresarial. El debate jurídico se centra exclusivamente en la correcta aplicación y entrada en vigor de la norma, así como en el respeto a los plazos que deben cumplirse según la normativa.

Cabe recordar que, la compañía mantiene una colaboración estrecha con el Consell d’Eivissa y ha mostrado su disposición a avanzar conjuntamente hacia un modelo integral de movilidad sostenible, basado en datos actualizados y en un marco jurídico claro, que contribuya a la sostenibilidad de la isla sin perjudicar la conectividad regular de quienes residen y trabajan en Eivissa.