ALICANTE. Nueva prórroga en el servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes de Alicante. Esta vez, de carácter excepcional, con el fin de regularizar su prestación hasta que pueda completarse el proceso de contratación, actualmente en curso. Así se ha acordado este jueves en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno, en la que se plantea el reconocimiento de una provisión de gasto de más de 8,9 millones (8.983.275 euros) para cubrir el importe de la prestación en el periodo comprendido desde el pasado 1 de enero hasta el mes de diciembre. Todo, con la previsión de que para entonces ya se pueda contar con un nuevo adjudicatario.
Con ese acuerdo, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), proporciona la cobertura necesaria a la realización de la prestación de un servicio esencial, después de que, el pasado 31 de diciembre, se agotasen todas las prórrogas ordinarias posibles contempladas en el contrato adjudicado a STV Gestión. La prórroga extraordinaria concedida ahora procura que la misma empresa siga a cargo del mantenimiento de las zonas verdes y jardines urbanos con la misma plantillas, los mismos medios mecánicos y flota de vehículos y las mismas rutas, según concreta la propuesta de acuerdo.
De igual modo, la Junta Local también ha aprobado un segundo acuerdo paralelo por el que también se garantiza la continuidad de la prestación del servicio de conservación de las zonas verdes forestales periurbanas, el Lote 2, con contrato extinguido en este caso desde el 15 de octubre de 2025, tras reservar una partida de 335.575 euros por la prestación del contrato hasta diciembre.
Entre tanto, el departamento de Contratación continúa analizando las propuestas económicas planteadas por las cuatro empresas que concurren por asumir la contrata en la nueva licitación, en lo que respecta al lote principal (el Lote 1), que afecta, precisamente, a las zonas verdes urbanas. Se trata de Imesapi, Ambitec Servicios Ambientales, STV Gestión y una alianza empresarial formada por Actua y Geamur. El concurso parte con un presupuesto de más de 41 millones (41.839.290 euros) para los cuatro años de prestación respecto a ese primer lote.
Por su parte, otras cinco empresas optan al segundo lote, el que engloba el mantenimiento de las zonas verdes forestales. Se trata de Eulen, Agricultores de la Vega Valenciana, Gestaser Servicios y Medio Ambiente, Retamar Obras y SErvicios y Medio Ambiente y, de nuevo, la UTE formada por Actua y Geamur. En este caso, el presupuesto de partida es mucho menor, de 1.583.561,44 euros, también por los cuatro años de prestación.
Evaluación de ofertas
Por lo pronto, los técnicos que conforman la Mesa de Contratación constataron en la reunión de ese órgano celebrada este miércoles que algunas de las propuestas económicas presentadas por los licitadores podían incurrir en situación de baja anormalmente desproporcionada. De ahí que se emplazase a aportar información adicional para poder calibrar su admisión y, en consecuencia, poder elevar una propuesta de clasificación que derive en su adjudicación.
El concurso precedente, que se acabó adjudicando en 2021, derivó en el registro de una impugnación por parte de la concesionaria que había asumido el mantenimiento de los jardines urbanos en los últimos 16 años previos: Geamur (antes Viveros Albatera). Esa impugnación se basó en la exclusión indebida de su oferta, después de que se considerase que había incurrido en baja no justificada. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) dio la razón a Geamur y también lo hizo el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) tras el registro de un contencioso posterior, a través de una sentencia en la que se reconocía el derecho de la empresa a ser readmitida en el concurso, con lo que se habría convertido en adjudicataria de su prestación.
No obstante, el Ayuntamiento de Alicante alegó entonces la imposibilidad de ejecución de esa sentencia, toda vez que la oferta de Geamur ya no se adaptaba al servicio modificado que se estaba prestando. Así, a la postre, el Ayuntamiento de Alicante tuvo que compensar a la compañía recurrente con el pago de un millón por el perjuicio generado.