ALICANTE (AP/EFE). La instrucción de las diligencias dirigidas por la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante respecto a las supuestas irregularidades en la gestión y compra de las 140 viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 avanzan con el registro del primera paquete de documentación solicitada. Se trata de la información de la que dispusiese el Ayuntamiento respecto a los expedientes relacionados con la subasta de esa parcela pública y con la concesión de la licencia de obra posterior. 

La magistrada ha acordado remitir a la Fiscalía Anticorrupción y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional esa primera batería de documentación con el fin de que puedan comenzar a analizarla. La jueza había dictado una providencia para requerir al consistorio toda la documentación disponible sobre la promoción desarrollada por la cooperativa Residencial Les Naus tanto al Ayuntamiento como a la Conselleria de Vivienda, encargada de visar los contratos, como a la propia cooperativa. El consistorio presentó sus informes este miércoles, según ha precisado este jueves el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Por el momento no ha trascendido si el departamento autonómico también ha aportado ya su propia documentación. Como mínimo, la cooperativa seguiría haciendo acopio de su propia información con el propósito de remitirla lo antes posibles, según fuentes consultadas.

En paralelo, la magistrada también ha dado traslado a la Fiscalía para que informe del recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado por la organización Manos Limpias -que presentó la denuncia que dio inicio a la apertura de la causa y ya ha presentado querella- contra la decisión de requerirle el pago de una fianza de 3.000 euros para poder ejercer la acusación popular. En ese recurso, Manos Limpias solicita que se anule la necesidad de abonar ese aval o que, como mínimo, se rebaje su importe.

Las notificaciones del juzgado se han conocido el mismo día en el que se ha celebrado el pleno ordinario de febrero en el ayuntamiento, en el que los votos del PP y Vox han rechazado una declaración institucional presentada por el PSOE, Compromís y EU-Podem para reprobar al alcalde, el popular Luis Barcala, a quien las tres formaciones consideran máximo responsable del control de la subasta de suelo y de la compra de las 140 viviendas de Les Naus.