ALICANTE (AP/EP). El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), da por cerradas las pesquisas internas respecto a la existencia de posibles incompatibilidades o conflictos de interés en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022. No habrá nuevas aperturas de expedientes, al margen de los que ya están en curso respecto a dos arquitectos municipales que compraron vivienda en el residencial (Francisco Nieto, que participó en las reuniones de seguimiento del contrato de venta de la parcela, y Elsa Lloret, esposa del funcionario de la Conselleria de Vivienda que visó los 140 contratos de compra); respecto a la jefa del área de Contratación, María Pérez-Hickman (que renunció al cargo de directora general de Organización interna después de que se conociese que dos hijos y un sobrino suyo también habían adquirido pisos en la urbanización); y el tercer y último expediente relacionado con el acceso a información reservada, con el fin de determinar si alguien pudo disponer de ella en su propio beneficio.
De este modo, la investigación sobre esas presuntas anomalías queda íntegramente en manos del juzgado que asumió la denuncia presentada por Manos Limpias y que centralizó el resto de escritos registrados ante la Fiscalía. Así lo ha apuntado este viernes el alcalde, el popular Luis Barcala, tras abrir las jornadas sobre turismo organizadas por la Asociación Provincial de Hoteles y Apartamentos Turísticos de Alicante (APHA) en el Marq, en una comparecencia pública en la que ha aludido al principio de prejudicialidad penal para sostener que todas las actuaciones quedan en manos del juzgado. Incluidas las conclusiones que puedan alcanzarse al término de la instrucción de esos tres expedientes informativos incoados por la Concejalía de Recursos Humanos. Sobre esos expedientes, ha asegurado que se tomarán medidas si se determina alguna cuestión concreta, aunque ha avanzado que, si hay "algún tipo de trascendencia" para la instrucción, "la primera en conocerla" será la jueza.
En esta línea, el primer edil ha ofrecido "toda la colaboración del Ayuntamiento" y la suya "personal" a la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, después de que, este miércoles, se hiciese efectiva la entrega de "cuanta documentación disponía el Ayuntamiento" en relación a la promoción de Residencial Les Naus. "Se nos había solicitado copia de dos expedientes concretos, pero se le ha dado traslado de toda la documentación con la que contamos", incluidos los informes de averiguación elaborados después de que trascendiese la identidad de los compradores, entre los que figuran la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, otros nueve funcionarios (sin contar a los dos arquitectos), y la madre de las hijas del exjefe de gabinete de la Conselleria de Innovación y Turismo, Miguel Ángel Sánchez.
Según Barcala, la jueza "necesita toda la colaboración", algo que ha ejemplificado en la aportación, por parte del consistorio, de dos expedientes que le fueron requeridos: "Hemos aportado no solo los dos expedientes, sino, además, todos los expedientes que teníamos abiertos". Entre esos informes adicionales, también se habría facilitado el resultado de "las gestiones de averiguación que hizo la Policía Local" en las comprobaciones efectuadas en la urbanización para certificar quién reside en los 140 pisos.
Comisión municipal
En todo caso, el alcalde ha señalado que, a partir de ahora, se iniciarán los trabajos de la comisión municipal respecto a la polémica de las VPP, a pesar de insistir en que las competencias para esclarecer las supuestas anomalías que hayan podido registrarse residen en el juzgado. En esta línea, no se contemplaría la posibilidad de abrir nuevos expedientes a más funcionarios. Así, ha sostenido que el Ayuntamiento cruzó "todos los datos" para determinar si existían anomalías que "tuvieran algo que ver con funcionarios" de la administración local para comprobar si tenían o no relación con Les Naus. En esta línea, se ha remitido de forma expresa al comunicado emitido por la Junta de Personal del Ayuntamiento hace una semana en el que se solicitaba respeto a la presunción de inocencia y a la profesionalidad de los trabajadores municipales, para señalar que "el mero hecho de ser funcionario", "de ser familiar", "de ser conocido" o "de haber saludado algún día a alguien no es suficiente" para "justificar en cualquier caso cualquier tipo de actuación".
Barcala ha insistido, en cualquier caso, en que "no" va a permitir que "alguien que no tuviera derecho a una vivienda en esa urbanización se quede" con ella, en el caso de que se pudieran haber cometido irregularidades en su compra. También ha reiterado que el Ayuntamiento "tramitó" dos expedientes -el de adjudicación de la enajenación de la parcela municipal donde se levantaron luego las VPP y el de licencia de obras-, que "se iniciaron en 2016, cuando gobernaba en Alicante un tripartito de izquierdas", en línea con las explicaciones que facilitó en su comparecencia ante el pleno, en la sesión extraordinaria forzada por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem para dara que aportase explicaciones sobre la controversia.
Así, ha recalcado que "cuando yo llego al gobierno en Alicante en abril del 2018 continúo el expediente, pero la decisión de que esa parcela era para ese tipo de vivienda y que se hacía por gestión indirecta ya estaba tomada y rematamos ese expediente", ha añadido. Y ha continuado: "Todo lo relativo a la captación de cooperativistas, todo lo relativo a la evaluación de su idoneidad, todo lo relativo a la adjudicación y a la venta de las distintas viviendas es ajeno a la gestión y a la competencia del propio Ayuntamiento, por eso también conselleria está realizando su propia investigación y por eso el juzgado está investigando la totalidad del procedimiento".
Medidas de control
Al tiempo, al ser cuestionado por el futuro de otras parcelas municipales destinadas a la promoción de vivienda pública, como la situada en la calle Ceuta del barrio de San Blas, ha resaltado que el consistorio está "en contacto con la Generalitat para que todas las medidas que implementen" en la regulación autonómica respecto a las condiciones de acceso a una VPP se incorporen en los procesos que dependan del ayuntamiento. En esta línea, ha insistido en que "la competencia para establecer las medidas por las que se accede" a VPP "son autonómicas".
"Absolutamente todas las medidas que se puedan sugerir y que está estudiando conselleria se incorporarán a los pliegos porque hay una cuestión que es ineludible y es que hay que garantizar al máximo que cuando una vivienda es social llegue a quien tiene que llegar y en ningún caso puede acceder quien no debe llegar y eso es una responsabilidad que tenemos que asumir en el sentido de incorporarla absolutamente a todos los pliegos de licitación", ha añadido.
"El problema no es cómo se ejecuta la vivienda, la cuestión es cómo se establecen los controles necesarios" para que no haya "irregularidades". "Yo no voy a dejar de construir ni una sola vivienda social", ha espetado en alusión a la solicitud de paralización de los procedimientos en curso planteadas por los grupos del eje progresista. "Las viviendas sociales que están previstas se van a hacer todas y lo que voy a asegurarme es que todas las viviendas sociales que se hagan lleguen a quien tienen que llegar", ha afirmado.
Por último, Barcala ha incidido en que "hay unas diligencias penales" abiertas y dos "comisiones de investigación" sobre las VPP de Les Naus", una constituida en Les Corts y otra en el Ayuntamiento, y no ha llegado a valorar el resultado de la votación respecto a la propuesta de reprobación contra él presentada por PSOE, Compromís y EU Podem en el pleno de este jueves, que quedó rechazada gracias a los votos en contra de PP y Vox. Al respecto, se ha limitado a asegurar que esa fue la "voluntad del pleno" del Ayuntamiento.
Como informó este diario, en esa sesión, los voxistas votaron junto con los populares en contra de la reprobación y se justificaron en que "no" querían participar en el "teatro político de la izquierda" ni contribuir a dar los partidos del eje progrsistas un arma electoral. En cualquier caso, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, habló de "responsabilidad política" por la polémica de las VPP y, pese a rechazar la reprobación, aseguró que no se había producido ninguna rectificación y que su partido seguía exigiendo la dimisión de Barcala.
