ALICANTE. Vox se decanta finalmente por ejercer de escudo para el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Sus cuatro concejales han rechazado la propuesta promovida por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem por la que se planteaba la reprobación del primer edil, y la exigencia de su dimisión, como máximo responsable político de las presuntas anomalías detectadas respecto a la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022. Los voxistas han sumado sus votos a los de los concejales del equipo de gobierno, del PP, con lo que han tumbado con una holgada mayoría absoluta (17 votos de 29 posibles) la declaración institucional registrada por los tres grupos políticos del eje progresista, a pesar de que han insistido en la necesidad de que el primer edil presente su dimisión en relación a la misma controversia. Es decir, la misma posición que ya habían manifestado tanto durante el pleno en el que Barcala ofreció explicaciones respecto a la participación del ayuntamiento en la subasta de la parcela, y en la concesión de la licencia de obra posterior. Y la misma que también defendieron sus representantes en les Corts. Es más, Vox también había secundado la creación de una comisión municipal de fiscalización sobre los expedientes relacionados con las viviendas de Les Naus, así como la constitución de una comisión de investigación en el parlamento autonómico con una propuesta propia (la que, a la postre, se acabó aprobando con apoyo del PP y Compromís).

¿Qué habría motivado, en consecuencia, que Vox no haya apoyado ahora la reprobación política del primer edil, después de casi dos semanas de silencio respecto a las distintas iniciativas promovidas por las formaciones de izquierda? Según ha argumentado la portavoz de los voxistas, Carmen Robledillo, la necesidad de no dar armas electorales a la izquierda, a cuyos representantes ha acusado de no asumir responsabilidades políticas en ninguno de los casos de conducta ilícita o de presunta corrupción en los que se habrían visto implicados algunos de sus dirigentes más destacados, como Mónica Oltra, o José Luis Ábalos.

Por partes. En primer término, en la defensa de la declaración institucional, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha considerado que Barcala no podía seguir siendo alcalde y le ha instado a dimitir. "Dice estar indignado", ha señalado, cuando "quien está indignada" es la ciudadanía a la vista de que las viviendas de Les Naus las habían adquirido personas con renta suficiente para comprar una vivienda libre, o que se estaban produciendo alquileres irregulares o pagos en dinero negro. "Usted no es la víctima, la víctima es el pueblo de Alicante", ha insistido, para señalar que los ciudadanos "se preguntan si usted lo sabía". "Si lo sabía debe marcharse ya, y si no, también", ha argumentado, para reprocharle que no se hubiese ejercido el control debido. Así, ha señalado que el ayuntamiento rebajó las condiciones económicas y técnicas para optar a la subasta, lo que habría propiciado que la cooperativa se presentase. "La duda que nos queda es si se amañó el concurso, pero eso se lo dejamos al juzgado", ha añadido.

En segundo término, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, también ha instado a Barcala a dimitir. "Esto es obsceno", ha insistido, para volver a cuestionar "qué sabía usted y la señora Beldjilali" para preguntar por qué la edil de Patrimonio no acudió a la Fiscalía cuando se le informó el 14 de enero sobre las supuestas incompatibilidades detectadas entre los compradores, a través de un informe de la jefa del área de Patrimonio. Además, ha reprochado que el alcalde advirtiese con antelación de que se iban a producir las inspecciones de la Policía Local en las viviendas de Les Naus y le ha acusado de no ejercer el control debido, ni haber cotejado los empadronamientos. De igual modo, ha cuestionado cuándo se piensa cesar a la jefa del área de Contratación, después de que se viese salpicada por la polémica, al conocerse que sus dos hijos y un sobrino también eran compradores de pisos en la promoción de la polémica. 

El portavoz de EU Podem, Manolo Copé, también ha apremiado a Barcala a renunciar al cargo. "Esta es la votación más importante de este mandato", ha señalado, para dirigirse, después, al alcalde y asegurar que "tanto si lo sabía como si no, usted era el máximo responsable político" sobre las supuestas anomalías detectadas. Respecto al alquiler de la vivienda protegida propiedad de la mujer del alcalde, Copé ha asegurado que puede ser legal pero se ha cuestionado si es justo y si es ético, tras argumentar que la vivienda pública debía destinarse a facilitar el acceso de las personas que presentan dificultades para adquirirla en el mercado libre. "La responsabilidad política no se vende cuando se vende el solar", ha insistido. Además, ha lamentado que el ayuntamiento se trate de desvincular de la venta de los 140 pisos de Les Naus con el argumento de que solo era responsable de recaudar los ingresos obtenidos por la enajenación de la parcela. "No basta hoy con una reprobación, lo que exigimos es la dimisión para proteger esta institución", ha apuntado. "Váyase señor Barcala, si de verdad quiere a esta ciudad", ha concluido.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha reiterado que su partido pide la dimisión de Barcala, aunque sin entrar en el "teatro" de la izquierda. "Que nadie se equivoque: ni hemos rectificado ni vamos a rectificar", ha asegurado. "Apoyamos una comisión de investigación en este ayuntamiento e impulsamos otra en las Cortes; vamos a llegar hasta el final", ha señalado. Con todo, ha atacado a los grupos del eje progresista para apuntar que "no están legitimados para exigir nada", tras aludir a los casos de Mónica Oltra, o a los casos que afectan al exministro José Luis Ábalos. Incluso se ha referido al accidente ferroviario de Adamuz, que no ha motivado la dimisión del actual ministro de Transportes, Óscar Puente. "Vienen aquí a exigir dimisiones", ha sostenido, cuando son "una máquina de blanquear la corrupción", ha añadido. "No vamos a permitir que usen este caso como arma electoral", ha recalcado. "No le vamos a facilitar la estrategia", ha insistido. "Los ciudadanos están hartos de que políticos y funcionarios se repartan el pastel", ha concluido.

Por el PP, su portavoz, Mari Carmen de España, también ha aludido a la estrategia política de la izquierda para acusarles de "alimentar la polémica desde todos los frentes" sin asumir sus propias responsabilidades tratando de dar lecciones de ética. "Esta declaración nace del oportunismo político; es un intento de embarrar cuando no se tienen argumentos para construir", ha sostenido. De igual modo, ha vuelto a relatar que el alcalde abrió un expediente de averiguación de hechos al tener constancia de los hechos y que, después, se acudió a la Fiscalía, se dio explicaciones en un pleno, se iniciaron comprobaciones y se dieron pasos para poder asumir la propiedad de las viviendas que salgan a la venta. Además, ha incidido en que el expediente de venta de la parcela en cuestión lo inició el extinto tripartito, en 2016, y ha sostenido que "será la justicia quien determine posibles responsabilidades", ha concluido. En el momento de la votación, la declaración ha quedado desestimada con los votos de PP y Vox. Solo ha sumado los once votos a favor de los concejales de los grupos del eje progresista. 

Otras subastas

Con carácter previo al debate sobre la propuesta de reprobación de Barcala, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha respondido a una pregunta formulada por la portavoz del PSOE, Ana Barceló, en la que ha cuestionado sobre qué trámites se pretendía seguir con la supuesta intención de recuperar las cinco parcelas cedidas a la Generalitat para la promoción de vivienda pública en el marco del Plan Vive. Barceló había expuesto, al formular la pregunta, si el alcalde había sido llamado a capítulo por su partido, después de que pidiese modificaciones legislativas sobre la regulación de las condiciones de acceso a las viviendas protegidas, para que no volviese a plantear el refuerzo de los controles en ese Plan Vive con el argumento de que "ahí estaba todo el PP", en alusión a la polémica suscitada por las VPP de Residencial Les Naus.

De España ha dado por descartada la posibilidad de que pueda promoverse el rescate de esos cinco solares cedidos a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) y ha defendido la eficacia del Plan Vive, hasta el punto de señalar que hasta 85 ayuntamientos gobernados por el PSOE en el conjunto de la Comunitat se han adherido a ese programa de promoción de vivienda pública. Al margen de ello, ha subrayado que el Consell del Botànic no promovió ni una sola vivienda pública. Además, respecto a la controversia de Les Naus, ha señalado que el equipo de gobierno está "poniendo orden" después de encontrar supuestas anomalías. Así, ha defendido que se presentó denuncia en Fiscalía y ha sostenido que la Conselleria de Vivienda había tomado medidas respecto al funcionario que visó los contratos de compra, para insistir en que "había sido ascendido por el Consell del Botànic". Por último, ha insistido en que el Plan Vive se va a mantener y ha apuntado que cuando se gestiona, se pueden cometer errores, aunque es mejor corregir "que no hacer nada", ha concluido.

El PP defiende el Plan Vive y la subasta de suelo para la promoción de VPP, sostiene que se está "poniendo orden" desde que se detectaron supuestas anomalías en el caso de Les Naus, tras descartar la participación municipal en la venta de los pisos 

El edil de Vivienda, Carlos de Juan, también ha contestado a otra pregunta formulada por la edil socialista Silvia Castell respecto a si se pretende paralizar la subasta del solar público de la calle Ceuta, en el barrio de San Blas, después de la crisis de las VPP de Les Naus. Castell ha señalado que, inicialmente, ese proyecto de viviendas públicas era de promoción directa por parte del Patronato de Vivienda, y que se ha modificado ahora para que sea un promotor privado el que reparta las viviendas. Además, ha cuestionado qué medidas de control se pretende implementar, cuando el proceso ya está en marcha. Así, ha considerado que puede estar preparándose un nuevo "pelotazo" y ha instado a recuperar el proyecto original para evitar que el suelo quede "en manos del cartel de la vivienda".

De Juan ha sostenido que no se va a paralizar la subasta y que tampoco se va a renunciar al modelo de promoción de vivienda "que está funcionando" frente a las "cero viviendas que hicieron ustedes". En esta línea, ha asegurado que se mantendrá la enajenación de la parcela al no disponer de financiación suficiente a través de las transferencias estatales para poder sufragar su ejecución de forma directa. De igual modo, ha defendido que no se ha ocultado ningún tipo de información respecto al proceso de venta de esa parcela, puesto que está publicado en el portal de contratación desde el 7 de enero. "No confundan a los alicantinos; el suelo de Les Naus se vendió y el ayuntamiento no tuvo nada que ver con la baremación ni con la venta de las viviendas", ha insistido. "Vamos a seguir con el modelo de promoción de vivienda", ha recalcado, en alusión a las fórmulas de colaboración público-privada en desarrollo, como el Plan Vive.

El portavoz de EU Podem, Manolo Copé, había cuestionado también si el equipo de gobierno pretende poner a la venta las parcelas situadas en la avenida Jaime II y en la calle Pozo en condiciones económicas ventajosas para el mercado y que favorezcan más a las empresas promotoras interesadas o va a destinarlas a la promoción directa de vivienda pública en régimen asequible que cumpla la función social del suelo municipal. Al respecto, ha recordado que se pusieron a la venta en 2020 y que no se encontró comprador, por lo que ha considerado que debían dedicarse a la promoción directa de vivienda protegida para evitar que pueda repetirse una situación similar respecto a la registrada con la promoción de Residencial Les Naus. Al respecto, la edil de Patrimonio, Nayma Beldjilali, ha respondido que el PP activará el uso de suelo público para promover vivienda en las formas en las que se garantice el acceso a las personas que cumpliesen las condiciones requeridas. De este modo, no ha llegado a aclarar si se pretende sacar a subasta esos solares a corto o medio plazo.

Copé también ha cuestionado cómo explica el equipo de gobierno que nadie en el Ayuntamiento de Alicante advirtiera ni cuestionara que la cooperativa Residencial Les Naus presentase su oferta en la subasta del solar municipal apenas 26 horas después de publicarse la licitación del procedimiento de subasta, tras señalar que, a su juicio, resultaba imposible que se preparase la propuesta en 20 minutos -como han objetado hasta ahora los responsables de la cooperativa-, a la vista de la complejidad técnica de la documentación requerida para registrar las ofertas. Es más, en esta línea, ha señalado que la segunda oferta presentada en el concurso se presentó a los 12 días de la apertura del plazo de la convocatoria. Así, ha emplazado al equipo de gobierno a concretar por qué no se analizó esa circunstancia.

La portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha sostenido que EU Podem trata de sembrar duda y ha señalado que cuando el PP advirtió anomalías acudió a la Fiscalía. Además, ha vuelto a recurrir a las explicaciones ya facilitadas por Barcala en el pleno de su comparecencia específica sobre las VPP para apuntar que el procedimiento de la subasta del solar se inició en 2016, bajo el mandato del extinto tripartito. "No es una cuestión de este equipo de gobierno", ha señalado. De igual modo, ha sostenido que fue el PP quien paralizó el concurso en 2018, inicialmente (aunque luego se retomó en 2021 tras la sentencia dictada por el TSJ a favor de Residencial Les Naus), después de haberle dado trámite al trabajo previo ya realizado. "Pueden estar instalados en la sospecha permanente, que nosotros vamos a estar en la gestión, en el cumplimiento de las resoluciones judiciales y en la promoción de vivienda", ha incidido.

Solares libres y Ley del Suelo

La polémica sobre las VPP de Residencial Les Naus también ha girado en el debate respecto a una de las declaraciones institucionales elevada a debate por el PSOE dirigida a impulsar la aplicación del artículo 194 de del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, en cuanto a la edificación y rehabilitación forzosa, y se acuerda dar cumplimiento al acuerdo plenario de 31 de julio de 2025, en ese mismo sentido. La portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha sostenido que el empleo de esos solares para la construcción de vivienda permitiría poner en el mercado vivienda a precios asequibles para atender la demanda existente, sobre todo, entre los jóvenes, y evitar "escándalos" como el relacionado con la promoción de los pisos de Les Naus. Copé ha avalado la iniciativa, en términos similares, así como el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, quien ha acusado al equipo de gobierno de no conocer cuántos solares libres existen en la ciudad y ha reprochado que no se diesen soluciones para situaciones concretas como la del barrio de San Antón. Además, ha lamentado que el PP anuncie ahora un gran parque en Rabasa, para preguntar quién era el propietario de ese suelo.

Robledillo, por su parte, ha considerado que en lugar de presionar a los propietarios debe promoverse su confianza e incentivar la edificación con subvenciones como solución al problema de la vivienda, y no generar amenazas que puedan retraer la inversión. Por el PP, el edil de Urbanismo, Toño Peral, ha insistido, respecto a la crisis de las VPP, que el equipo de gobierno es quien está liderado el esclarecimiento de los hechos. Además, ha señalado que el ayuntamiento no puede obligar a un propietario a edificar en un solar, puesto que no todos los solares están destinados a la construcción de las viviendas. Al tiempo, ha señalado que se sigue trabajando en el censo de solares libres de la ciudad. De este modo, en el momento de la votación, la propuesta ha quedado desestimada con los votos de PP y Vox.

Idéntico resultado ha cosechado la segunda de las declaraciones institucionales registradas por el PSOE, también relacionada con la regulación urbanística relacionada con la construcción de viviendas. Se trataba de una iniciativa por la que se trataba de instar a la Generalitat Valenciana a que la futura Ley del Suelo de la Comunidad Valenciana garantice la obligación efectiva de reserva de vivienda de protección pública, el derecho de tanteo y retracto de las Administraciones Públicas y la autonomía municipal. En su defensa, Amorós ha considerado que la venta del solar en el que se produjo la construcción de Residencial Les Naus fue utilizada como laboratorio del modelo que promueve el Consell. Así, ha sostenido que el PP trata de extender el modelo de especulación y de viviendas para "los amigachos", frente al modelo de urbanismo social que defiende su partido, según ha recalcado.

Copé ha incidido en las dificultades de acceso a la vivienda y ha considerado que el suelo y la vivienda tienen que "estar al servicio del interés general y no de la especulación". Por ello, ha considerado que la ley no puede establecer "porcentajes" de reserva de suelo que puedan ser "fácilmente eludibles" y ha defendido el principio de autonomía municipal, frente a la "recentralización" que, a su juicio, promovería esa Ley del Suelo. Mas ha vuelto a cargar contra Barcala respecto a su posición en la gestión de las VPP de Les Naus, en la que ha recriminado que no supiese nada, para instarle a apoyar la declaración si fuese cierto que hubiese estado engañado. Por Vox, el edil Juan Utrera, ha apuntado que la Ley del Suelo se encuentra todavía en fase de anteproyecto, por lo que no es un texto definitivo toda vez que está sujeto a la presentación de enmiendas y alegaciones. Por el PP, su portavoz, Mari Carmen de España, ha insistido en acusar al PSOE de retorcer la "situación y de tratar de sacar rédito político" sobre la crisis de Les Naus, para recriminar, más tarde, que el Consell del Botànic no construyó "ni una sola VPP". "Mientras ustedes siembran sospechas, nosotros tomamos decisiones", ha insistido, para señalar que se han adoptado medidas de control respecto a las supuestas anomalías, con transparencia, y con el compromiso de ejercer el derecho de tanteo en las viviendas que puedan ponerse a la venta. Además, ha recalcado que el expediente de subasta de Les Naus se tramitó con las normas del Botànic y que ahora sí se ejerce la labor de control debida. Así, de nuevo la votación ha deparado el rechazo de la iniciativa por 17 votos frente a los once de PSOE, Compromís y EU Podem.

El turno de la única iniciativa promovida por Vox también relacionada con la crisis de las VPP también ha suscitado un debate cruzado entre el eje del centro derecha y el eje progresista. Se trataba de una declaración institucional por la que se planteaba un decálogo de medidas encaminadas a "evitar la corrupción" y controlar el acceso y el manejo a la información sensible, como ha defendido el edil Óscar Castillo. "Es una iniciativa que no va dirigida contra nadie", ha insistido, aunque sí ha señalado que debía identificarse los puestos funcionariales que tenían conocimiento de determinados acuerdos con el fin de reforzar los controles, o establecer un canal de denuncias anónimas o un mapa de riesgos, entre otros puntos.

En la discusión de la propuesta, Copé ha considerado que la iniciativa era una "medida de maquillaje" después de sustentar al PP en el equipo de gobierno. Por Compromís, su edil Sara Llobell, ha señalado que ya existen medidas de control como el código de buen gobierno o la Ley de Transparencia, además de la disposición de instituciones como la Agencia Valenciana Antifraude, sobre los que ha acusado a Vox y PP de vaciarla de contenido. Por el PSOE, Barceló ha sostenido que las medidas planteadas ya existen y son de obligado cumplimiento, por lo que ha insistido que en el caso de las VPP lo que ha fallado han sido los controles. En esta línea, ha considerado que Vox había fallado a los alicantinos al votar en contra de la reprobación del alcalde. Por el PP, el edil de Presidencia, Toño Peral, ha defendido el trabajo de los funcionarios y que existen medidas de control para precisar si se produce alguna anomalía. Además, ha sostenido que el ayuntamiento supera los exámenes de transparencia y que se están mejorando los mecanismos disponibles, al margen de anunciar la aprobación de un próximo plan antifraude. Así, en el momento de la votación, en este caso la propuesta sí ha quedado aprobada con 17 votos: los de PP y Vox, que han mantenido, así, la unidad en las votaciones a lo largo de todo el pleno.

No ha prosperado, sin embargo, la declaración institucional registrada por Compromís por la que se planteaba instar a Les Corts Valencianes a impulsar una investigación independiente y específica destinada a depurar responsabilidades políticas y administrativas en la adjudicación de viviendas de protección pública de Residencial Les Naus y en cualquier otra adjudicación de vivienda de protección pública "que presente indicios de opacidad o privilegio". En su defensa, Mas ha cuestionado si el PP está dispuesto a favorecer otro pelotazo con el Plan Vive y ha acusado al PP de provocar el "escándalo" para preguntarse quién había nombrado a Rocío Gómez como concejal de Urbanismo y quién había designado a la jefa de Contratación como directora general de Organización Interna. Copé ha anticipado su respaldo a la iniciativa. Robledillo ha sostenido que la iniciativa llegaba tarde, puesto que ya se había acordado la constitución de una comisión de investigación en les Corts. Y, además, pese a que ha sostenido que se deben adoptar responsabilidades políticas, ha defendido la validez del Plan Vive como "herramienta útil" para promover vivienda pública.

Por el PSOE, Raúl Ruiz ha recriminado, de nuevo, a Vox que no hubiese secundado la reprobación de Barcala. Y ha sostenido que la declaración institucional de Compromís lo que plantea es la necesidad de transparencia. Además, ha vuelto a instar al primer edil a presentar su dimisión, puesto que "no basta" que se diga que la venta de los pisos quedó en manos de la cooperativa que compró el suelo. Por el PP, su portavoz, Mari Carmen de España, ha desacreditado la iniciativa de Compromís para sostener que lo único que trata es de generar "ruido" para superar la división interna de la coalición, según ha asegurado. Y de nuevo ha recalcado que el equipo de gobierno "está poniendo orden". "Esto no es una iniciativa útil; es un intento de desprestigiar al alcalde", ha insistido. Por último, también ha defendido la validez del Plan Vive, aunque ha admitido que se estaban aplicando mejoras en los controles. Así, la iniciativa ha quedado rechazada con los 17 votos de los concejales de PP y Vox.

Tampoco ha prosperado la segunda de las declaraciones institucionales promovidas por la coalición valencianista vinculadas, igualmente, a la crisis de las VPP de Les Naus, por las que se trataba de instar al equipo de gobierno a publicar y a actualizar de forma semanal las agendas institucionales de todos los concejales con responsabilidades de gobiern y establecer un protocolo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública. Llobell ha defendido la iniciativa al argüir que no se estarían cumpliendo los protocolos de transparencia, ni se estarían atendiendo a las solicitudes de acceso a información registradas por la oposición, lo que forzaba a acudir al Síndic de Greuges para formular las correspondientes quejas. Así, ha considerado que esa situación, y la polémica suscitada en torno a las VPP, debían adoptarse medidas que garantizasen la disposición de información.

El portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha sostenido que la iniciativa no era útil. Por el PSOE, el edil Emilio Ruiz ha sostenido que la opacidad en la compra de los 140 pisos de Les Naus obliga a propiciar una transparencia total, después de que el alcalde dijese que no sabía nada y, pese a ello, pidiese disculpas. "Si existiese transparencia no estaríamos preguntándonos cuántas veces se reunieron con los responsables de la cooperativa", ha señalado. Además, ha lamentado que, para acceder a los expedientes, se tenga que acudir a copiar documentación a mano ante un funcionario. Por el PP, la edil de Participación, Cristina García, ha señalado que la transparencia afecta a los 29 concejales, por lo que ha apremiado también a los ediles de la izquierda a publicar también sus agendas para agradecer, después, que en la propia declaración se apunte que el control sobre los contratos de compra de las VPP dependen de la Conselleria de Vivienda, y no del Ayuntamiento. Así, la iniciativa ha quedado rechazada con el mismo equilibrio de votos.

La tercera y última declaración institucional promovida por Compromís ha tenido un resultado idéntico. Con ella, la coalición valencianista pretendía instar a la Generalitat Valenciana a declarar ciudad tensionada a Alicante en virtud de la nueva Ley de Vivienda con el fin de promover la construcción de vivienda pública de forma directa y fijar límites a los precios del alquiler, según ha defendido su portavoz, Rafa Mas. De nuevo, Mas ha apremiado al PP a anular las cesión de parcelas para que se subasten en el marco del Plan Vive y ha acusado a Barcala de no haber promovido ninguna vivienda pública. Por Vox, Castillo ha recriminado a Compromís el registro de la misma iniciativa por tercera vez. Además, ha apuntado que Alicante no necesita más titulares ni propuestas ideológicas, sino construcción de vivienda y seguridad jurídica. Por el PSOE, Castell ha abundado en la crítica sobre la vinculación de los pisos de VPP con "amigachos del PP" y ha acusado a Barcala de boicotear la Ley de Vivienda y de rechazar todas las propuestas formuladas por el PSOE para tratar de solucionar la falta de vivienda en la ciudad, entre las que ha citado el rechazo a forzar el uso de los solares libres para la edificación o la desestimación de la propuesta para forzar la revisión de la Ley del Suelo en la que trabaja la Generalitat. Por el PP, el edil de Vivienda, De Juan ha incidido en que a la izquierda lo que le molesta es que se haya aprobado la asignación de 24 viviendas públicas municipales, en la última reunión del Patronato de Vivienda, al tiempo que ha sostenido que se pide la dimisión del alcalde cuando el ayuntamiento no tenía competencias respecto al control de la compra de las VPP. Además, ha señalado que no existen viviendas públicas vacías, sino que se están acondicionando para su reparto. De nuevo, la iniciativa se ha tumbado con los 17 votos de PP y Vox.

Vox vota también junto al PP para tumbar todas y cada una de las iniciativas registradas por PSOE, Compromís y EU Podem con acuerdos relacionados con la política de vivienda y con la fiscalización de las decisiones sobre las VPP de Les Naus

En ese mismo recorrido ha transcurrido la primera de las declaraciones institucionales promovidas por EU Podem también sobre las VPP de Les Naus, en la medida en que se planteaba la procedencia de impulsar medidas municipales ante la crisis de acceso a la vivienda y la creación de un Registro Municipal de Viviendas Deshabitadas. Al respecto, Copé ha sostenido que estaba dispuesto a eliminar los puntos que el PP considerase necesario con tal de que pudiera prosperar, toda vez que se trataba de una iniciativa aséptica con el objetivo de adoptar medidas que permitan contribuir a solucionar el problema de la vivienda. Por Vox, Castillo ha sostenido que la iniciativa trataba de "intervenir la propiedad privada", de "quitar el dinero a los ahorradores". "Todo empieza igual; un registro, un señalamiento y una intervención, siempre con la excusa del bien común, con el resultado de menos libertad", ha señalado. "El problema de la vivienda no se soluciona persiguiendo al propietario, sino construyendo más vivienda y dando seguridad jurídica", ha insistido.

Por el PSOE, Castell se ha cuestionado qué controles se pretende implantar ahora en las subastas de suelo público a futuro, si lo que se dice es que el ayuntamiento no tenía competencias. Además, ha incidido en que existen muchas medidas que se pueden aplicar para tratar de solucionar el problema de vivienda, con más de 15.000 viviendas vacías en la ciudad, pero "el PP no quiere ninguna", ha incidido. Por el PP, el edil de Vivienda, De Juan se ha cuestionado por qué no aplicaron las medidas que plantean cuando la izquierda gobernaba en la Generalitat. Después, ha sostenido que el Patronato ya dispone de un programa de alquiler asequible en el que se ha firmado 150 contratos y ha añadido que hasta el momento no se ha determinado qué se entiende por vivienda deshabitada, con lo que resulta imposible elaborar un registro. Además, ha sostenido que eso podría suponer una vulneración de la Ley de Protección de Datos. En la votación, de nuevo, se ha producido el mismo desenlace: 17 votos en contra.

La última de las declaraciones promovidas por EU Podem relacionada también con las VPP de Les Naus, que tampoco ha prosperado, trataba de reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con la aplicación estricta de la legalidad tributaria en todas las transmisiones de bienes inmuebles del término municipal, a colación de la información facilitada por el equipo de gobierno hasta ahora, en la que se había apuntado que no se había liquidado todavía el impuesto de plusvalía en las 140 viviendas de esa promoción. Copé ha argumentado que la declaración solo trata de defender la legalidad tributaria para instar al conjunto de formaciones a apoyar la iniciativa. Por el PSOE, Castell ha criticado la gestión desplegada por el PP en materia tributaria para asegurar que esa política es la que ha llevado al ayuntamiento a la aplicación de un Plan Económico Financiero (PEF) con "recortes en servicios". A la postre, ha concluido solicitando, de nuevo, la dimisión de Barcala. Por el PP, De España ha felicitado -con ironía- al conjunto de la izquierda por conseguir que en el pleno se hablase casi de manera monográfica de las VPP de Les Naus y ha insistido en que el PP es el primer interesado en que todo se esclarezca y que "la justicia diga quién inició el procedimiento y quien dejó de adoptar los controles que debían haberse adoptado", ha concluido. En la votación, una vez más, la declaración ha quedado rechazada por PP y Vox.