ALICANTE. Vox se decanta finalmente por ejercer de escudo para el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Sus cuatro concejales han rechazado la propuesta promovida por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem por la que se planteaba la reprobación del primer edil, y la exigencia de su dimisión, como máximo responsable político de las presuntas anomalías detectadas respecto a la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022. Los voxistas han sumado sus votos a los de los concejales del equipo de gobierno, del PP, con lo que han tumbado con una holgada mayoría absoluta (17 votos de 29 posibles) la declaración institucional registrada por los tres grupos políticos del eje progresista, a pesar de que han insistido en la necesidad de que el primer edil presente su dimisión en relación a la misma controversia. Es decir, la misma posición que ya habían manifestado tanto durante el pleno en el que Barcala ofreció explicaciones respecto a la participación del ayuntamiento en la subasta de la parcela, y en la concesión de la licencia de obra posterior. Y la misma que también defendieron sus representantes en les Corts. Es más, Vox también había secundado la creación de una comisión municipal de fiscalización sobre los expedientes relacionados con las viviendas de Les Naus, así como la constitución de una comisión de investigación en el parlamento autonómico.

¿Qué habría motivado, en consecuencia, que no haya apoyado la reprobación política del primer edil después de casi dos semanas de silencio respecto a las distintas iniciativas promovidas por las formaciones de izquierda? Según ha argumentado la portavoz de los voxistas, Carmen Robledillo, la necesidad de no dar armas electorales a la izquierda, a cuyos representantes ha acusado de no asumir responsabilidades políticas en ninguno de los casos de conducta ilícita o de presunta corrupción en los que se habrían visto implicados algunos de sus dirigentes más destacados, como Mónica Oltra, o José Luis Ábalos.

Por partes. En primer término, en la defensa de la declaración institucional, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha considerado que Barcala no podía seguir siendo alcalde y le ha instado a dimitir. "Dice estar indignado", ha señalado, cuando "quien está indignada" es la ciudadanía a la vista de que las viviendas de Les Naus las habían adquirido personas con renta suficiente para comprar una vivienda libre, o que se estaban produciendo alquileres irregulares o pagos en dinero negro. "Usted no es la víctima, la víctima es el pueblo de Alicante", ha insistido, para señalar que los ciudadanos "se preguntan si usted lo sabía". "Si lo sabía debe marcharse ya, y si no, también", ha argumentado, para reprocharle que no se hubiese ejercido el control debido. Así, ha señalado que el ayuntamiento rebajó las condiciones económicas y técnicas para optar a la subasta, lo que habría propiciado que la cooperativa se presentase. "La duda que nos queda es si se amañó el concurso, pero eso se lo dejamos al juzgado", ha añadido.

En segundo término, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, también ha instado a Barcala a dimitir. "Esto es obsceno", ha insistido, para volver a cuestionar "qué sabía usted y la señora Beldjilali" para preguntar por qué la edil de Patrimonio no acudió a la Fiscalía cuando se le informó el 14 de enero sobre las supuestas incompatibilidades detectadas entre los compradores, a través de un informe de la jefa del área de Patrimonio. Además, ha reprochado que el alcalde advirtiese antes de que se iban a producir las inspecciones de la Policía Local y le ha acusado de no ejercer el control debido, ni haber cotejado los empadronamientos. De igual modo, ha cuestionado cuándo se piensa cesar a la jefa del área de Contratación, después de que se viese salpicada por la polémica. 

El portavoz de EU Podem, Manolo Copé, también ha apremiado a Barcala a renunciar al cargo. "Esta es la votación más importante de este mandato", ha señalado, tras asegurar que "tanto si lo sabía como si no, usted era el máximo responsable político" sobre las supuestas anomalías detectadas. Respecto al alquiler de la vivienda protegida propiedad de la mujer del alcalde, Copé ha asegurado que puede ser legal pero se ha cuestionado si es justo y si es ético, tras argumentar que la vivienda pública debía destinarse a facilitar el acceso de las personas que presentan dificultades para adquirirla en el mercado libre. "La responsabilidad política no se vende cuando se vende el solar", ha insistido. Además, ha lamentado que el ayuntamiento se trate de desvincular de la venta al sostener que solo era responsable de recaudar, sin tener en cuenta la venta de los pisos. "No basta hoy con una reprobación, lo que exigimos es la dimisión para proteger esta institución", ha apuntado. "Váyase señor Barcala si de verdad quiere a esta ciudad", ha concluido.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha reiterado que su partido pide la dimisión de Barcala, aunque sin entrar en el "teatro" de la izquierda. "Apoyamos una comisión de investigación en este ayuntamiento e impulsamos otra en las Cortes; vamos a llegar hasta el final", ha señalado. Con todo, ha atacado a los grupos del eje progresista para apuntar que "no están legitimados para exigir nada", tras aludir a los casos de Mónica Oltra, o a los casos que afectan a José Luis Ábalos. Incluso se ha referido al accidente ferroviario de Adamuz, que no ha motivado la dimisión del ministro de Transportes. "Vienen aquí a exigir dimisiones", ha sostenido, cuando son "una máquina de blanquear la corrupción", ha añadido. "No vamos a permitir que usen este caso como arma electoral", ha recalcado. "No le vamos a facilitar la estrategia", ha insistido. "Los ciudadanos están hartos de que políticos y funcionarios se repartan el pastel", ha concluido.

Por el PP, su portavoz, Mari Carmen de España, también ha aludido a la estrategia política de la izquierda para acusarles de "alimentar la polémica desde todos los frentes" sin asumir sus propias responsabilidades tratando de dar lecciones de ética. "Esta declaración nace del oportunismo político; es un intento de embarrar cuando no se tienen argumentos para construir", ha sostenido. De igual modo, ha vuelto a relatar que el alcalde abrió un expediente de averiguación de hechos al tener constancia de los hechos y que, después, se acudió a la Fiscalía, se dio explicaciones en un pleno, se iniciaron comprobaciones y se dieron pasos para poder asumir la propiedad de las viviendas que salgan a la venta. Además, ha incidido en que el expediente de venta de la parcela en cuestión lo inició el extinto tripartito, en 2016, y ha sostenido que será la justicia quien determine posibles responsabilidades", ha concluido. En el momento de la votación, la declaración ha quedado desestimada con los votos de PP y Vox. Solo ha sumado los once votos a favor de los concejales de los grupos del eje progresista. 

Otras subastas

Con carácter previo al debate sobre la propuesta de reprobación de Barcala, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha respondido a una pregunta formulada por la portavoz del PSOE, Ana Barceló, en la que ha cuestionado sobre qué trámites se pretendía seguir con la supuesta intención de recuperar las cinco parcelas cedidas a la Generalitat para la promoción de vivienda pública en el marco del Plan Vive. Barceló había expuesto, al formular la pregunta, si el alcalde había sido llamado a capítulo por su partido, después de que pidiese modificaciones legislativas sobre la regulación de las condiciones de acceso a las viviendas protegidas, para que no volviese a plantear el refuerzo de los controles en ese Plan Vive con el argumento de que "ahí estaba todo el PP", en alusión a la polémica suscitada por las VPP de Residencial Les Naus.

De España ha dado por descartada la posibilidad de que pueda promoverse el rescate de esos cinco solares cedidos a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) y ha defendido la eficacia del Plan Vive, hasta el punto de señalar que hasta 85 ayuntamientos gobernados por el PSOE en el conjunto de la Comunitat se han adherido a ese programa de promoción de vivienda pública. Al margen de ello, ha subrayado que el Consell del Botànic no promovió ni una sola vivienda pública. Además, respecto a la controversia de Les Naus, ha señalado que el equipo de gobierno está "poniendo orden" después de encontrar supuestas anomalías. Así, ha defendido que se presentó denuncia en Fiscalía y ha sostenido que la Conselleria de Vivienda había tomado medidas respecto al funcionario que visó los contratos de compra, para insistir en que "había sido ascendido por el Consell del Botànic". Por último, ha insistido en que el Plan Vive se va a mantener y ha apuntado que cuando se gestiona, se pueden cometer errores, aunque es mejor corregir "que no hacer nada", ha concluido.

El PP defiende el Plan Vive y la subasta de suelo para la promoción de VPP, sostiene que se está "poniendo orden" desde que se detectaron supuestas anomalías en el caso de Les Naus, tras descartar la participación municipal en la venta de los pisos 

El edil de Vivienda, Carlos de Juan, también ha contestado a otra pregunta formulada por la edil socialista Silvia Castell respecto a si se pretende paralizar la subasta del solar público de la calle Ceuta, en el barrio de San Blas, después de la crisis de las VPP de Les Naus. Castell ha señalado que, inicialmente, ese proyecto de viviendas públicas era de promoción directa por parte del Patronato de Vivienda, y que se ha modificado ahora para que sea un promotor privado el que reparta las viviendas. Además, ha cuestionado qué medidas de control se pretende implementar, cuando el proceso ya está en marcha. Así, ha considerado que puede estar preparándose un nuevo "pelotazo" y ha instado a recuperar el proyecto original para evitar que el suelo quede "en manos del cartel de la vivienda".

De Juan ha sostenido que no se va a paralizar la subasta y que tampoco se va a renunciar al modelo de promoción de vivienda "que está funcionando" frente a las "cero viviendas que hicieron ustedes". En esta línea, ha sostenido que se mantendrá la enajenación de la parcela al no disponer de financiación suficiente a través de las transferencias estatales. De igual modo, ha defendido que no se ha ocultado ningún tipo de información respecto al proceso, puesto que está publicado en el portal de contratación desde el 7 de enero. "No confundan a los alicantinos; el suelo de Les Naus se vendió y el ayuntamiento no tuvo nada que ver con la baremación ni con la venta de las viviendas", ha insistido. "Vamos a seguir con el modelo de vivienda", ha recalcado.

El portavoz de EU Podem, Manolo Copé, había cuestionado también si el equipo de gobierno pretende poner a la venta las parcelas situadas en la avenida Jaime II y en la calle Pozo en condiciones económicas ventajosas para el mercado y que favorezcan más a las empresas promotoras interesadas o va a destinarlas a la promoción directa de vivienda pública en régimen asequible que cumpla la función social del suelo municipal. Al respecto, ha recordado que se pusieron a la venta en 2020 y que no se encontró comprador, por lo que ha considerado que debían dedicarse a la promoción directa de vivienda protegida para evitar que pueda repetirse una situación similar respecto a la registrada con la promoción de Residencial Les Naus. Al respecto, la edil de Patrimonio, Nayma Beldjilali, ha respondido que el PP activará el uso de suelo público para promover vivienda en las formas en las que se garantice el acceso a las personas que cumpliesen las condiciones requeridas. De este modo, no ha llegado a aclarar si se pretende sacar a subasta esos solares a corto o medio plazo.

Copé también ha cuestionado cómo explica el equipo de gobierno que nadie en el Ayuntamiento de Alicante advirtiera ni cuestionara que la cooperativa Residencial Les Naus presentase su oferta en la subasta del solar municipal apenas 26 horas después de publicarse la licitación del procedimiento de subasta, tras señalar que, a su juicio, resultaba imposible que se preparase la propuesta en 20 minutos, como han objetado hasta ahora los responsables de la cooperativa, a la vista de la complejidad técnica. Es más, en esta línea, ha señalado que la segunda oferta presentada en el concurso se registró a los 12 días de la apertura del plazo de la convocatoria. Así, ha emplazado al equipo de gobierno a concretar por qué no se analizó esa circunstancia.

La portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha sostenido que EU Podem trata de sembrar duda y ha señalado que cuando el PP advirtió anomalías acudió a la Fiscalía. Además, ha vuelto a recurrir a las explicaciones ya facilitadas por Barcala en el pleno de su comparecencia específica sobre las VPP para apuntar que el procedimiento de la subasta del solar se inició en 2016, bajo el mandato del extinto tripartito. "No es una cuestión de este equipo de gobierno", ha señalado. De igual modo, ha sostenido que fue el PP quien paralizó el concurso en 2018, después de haberle dado trámite al trabajo previo ya realizado. "Pueden estar instalados en la sospecha permanente, que nosotros vamos a estar en la gestión, en el cumplimiento de las resoluciones judiciales y en la promoción de vivienda", ha incidido.