ALICANTE. Acuerdo validado. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), consigue desbloquear la entrada en vigor del presupuesto municipal de 2026 tras elevar a pleno la propuesta de inadmisión de todas las alegaciones presentadas tras su aprobación inicial. Se trataba de objeciones presentadas por el sindicato UGT, por el sindicato SEP, por la Junta de Personal (que, básicamente, solicitaban mejoras económicas para la implantación de la carrera profesional) y por la Asociación El Templete de Benalúa (que reivindica la construcción de un centro comunitario para el barrio desde hace años, como ha expuesto su portavoz, Ernest Gil, en su intervención en el pleno).

Los populares ya habían inadmitido esas aportaciones en la reunión de la Junta Local celebrada el pasado 30 de enero, a la vista del informe de los técnicos de la Concejalía de Hacienda en los que se concluía que esas alegaciones no tenían encaje entre los motivos por los que se pueden presentar reclamaciones al presupuesto. No obstante, el departamento de Intervención instó a elevar ese acuerdo a la consideración del pleno, con lo que el acuerdo de inadmisión se revocó en la reunión de la Junta Local del pasado día 17 y, en consecuencia, el nuevo presupuesto, quedó temporalmente en suspenso. 

De este modo, el pleno de la corporación ha cumplimentado este jueves el trámite de esa inadmisión (en una sesión marcada por la propuesta de reprobación del alcalde Luis Barcala por la gestión de las viviendas de VPP de Residencial les Naus) con los votos de PP y Vox. Por su parte, los tres grupos que ejercen funciones de oposición han votado en contra, tras recriminar que los populares no hayan tenido en cuenta la apertura de canales de participación. Por partes, la edil de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha recordado el proceso de tramitación seguido por el proyecto presupuestario, para incidir en que las cuatro alegaciones presentadas no se ajustan a los supuestos tasados en la normativa, con lo que ha considerado justificada su inadmisión. El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado que el equipo de gobierno estaba usando la ley "como un muro para evitar el diálogo", tras recriminar que no se escuche ni a la plantilla municipal, ni a los vecinos, con argumentos técnicos. Además, ha subrayado que tuvo que ser Intervención quien advirtiese de que el acuerdo sobre las alegaciones debía elevarse a debate en pleno, en lugar de que se tratase de "cerrar el debate por la puerta de atrás". En esta línea, ha cuestionado al PP si consideraba que no merecía debate la situación de los servicios sociales o las reivindicaciones de los trabajadores. "Un presupuesto no se mide por una tabla aritmética, sino por las necesidades reales", ha insistido. 

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, también ha aprovechado su intervención para criticar las previsiones contempladas en el presupuesto. Así, ha recriminado lo que ha considerado falta de inversiones en el presupuesto, a pesar del incremento de la tarifa del agua, del aumento de la tasa de la basura, o de la previsión de incremento de las multas de tráfico. A su juicio, todo ello contrastaría con la falta de servicios adecuados, con la ausencia de inversiones para procurar equipamientos como parques, o para construir viviendas sociales, con una nueva alusión crítica respecto a la crisis de las viviendas de protección pública (VPP) construidas sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento entre los años 2018 y 2022, sobre la que ha apuntado que Compromís llamaría a comparecer a la edil de Hacienda y Patrimonio en la comisión de fiscalización aprobada sobre esa controversia. En este sentido, le ha preguntado por qué no acudió a la Fiscalía a denunciar los hechos cuando tuvo conocimiento del informe de Patrimonio en el que se advertía de posibles incompatibilidades en la compra de esas viviendas.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha sostenido que el trámite de alegaciones no puede servir de excusa para replantear el discurso político sobre el presupuesto puesto que de lo que se trataba era de abordar una cuestión por "seguridad jurídica". "Las reglas existen para todos", ha sostenido, para insistir en el motivo técnico que justifica la inadmisión de las alegaciones. "Lo que se vota es el presupuesto municipal, y Vox presentó enmiendas claras y necesarias que fueron aceptadas", ha incidido. "Otros preferirían que bloqueásemos la ciudad", ha añadido. Eso sí, ha insistido en que su voto a favor no es "un cheque en blanco", ni conlleva que no se vaya a exigir responsabilidades al equipo de gobierno. "Si hay que ser contundentes o fiscalizar, lo haremos", ha añadido, para defender su posición "por responsabilidad".

La portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha agradecido la intervención de los vecinos de El Templete de Benalúa y acto seguido ha sostenido que la inadmisión de las alegaciones no entierra "la exigencia de necesidades". De nuevo, también ha reprochado la falta de participación que atribuye a la elaboración de las cuentas. "Nuestro voto es no, porque las necesidades siguen estando ahí", ha abundado. Entre ellas, ha citado la necesidad de vivienda. "En este presupuesto se ha hecho un recorte del 34% en inversiones del Patronato de Vivienda en un momento en el que parece que la vivienda es un lujo al alcance de muy pocos o de personas vinculadas al PP", ha apuntado. Así, ha insistido en situaciones como la de jóvenes que han tenido que marcharse a otra ciudad para establecer su residencia. "La prioridad de este gobierno no es la vivienda; por eso nos parece que por mucho que esté este informe técnico, no podemos hurtarle a los vecinos el debate sobre el problema que tenemos tan grave" en lo que respecta a la vivienda. "Este no es un no al dictamen, es un no a la manera que tienen de hacer política, poco transparente, no dialogada, soberbia y en ocasiones hasta dictatorial", ha insistido.

En el turno de réplica, Copé ha lamentado que Vox haya dado "otro balón de oxígeno al PP" y ha insistido en que existían motivos "para tener en consideración las propuestas formuladas" que el presupuesto no aborda. En esta línea, a animado al PP a recoger las demandas de los vecinos. Mas también ha afeado que se rechace las propuestas de los vecinos respecto a la mejora de servicios y de dotaciones, mientras se admiten las enmiendas de Vox para instalar fuentes, para crear la oficina antiokupación o la oficina de asistencia a la maternidad, entre otras. Además, se ha cuestionado si los presupuestos precedentes se aprobaron de manera indebida, puesto que la inadmisión de las alegaciones no pasó por pleno. Robledillo ha vuelto a insistir en la coherencia de su partido y ha acusado a la izquierda de estar "nerviosos" por las encuestas. "Vox no está aquí para hacer teatro", ha señalado.

"Ustedes no soportan que se pueda exigir responsabilidades y actuar con coherencia", ha señalado. Barceló ha instado al alcalde, Luis Barcala, a asumir la literalidad de los acuerdos aprobados en el pleno, como el aprobado en 2023 por el que se asumió el compromiso de construir el centro social de Benalúa reivindicado por los vecinos. Además, ha acusado a Vox de apoyar un presupuesto vacío con partidas dotadas por un euro. Y Beldjilali ha recriminado a Copé que no hubiese presentado ninguna enmienda al presupuesto (lo hizo, aunque no las registró por un error formal). Además, ha insitido en que no se está debatiendo sobre las cuentas, sino sobre las alegaciones. A la postre, el acuerdo ha prosperado con 17 votos a favor (los del PP y Vox) y 11 votos en contra (los de PSOE, Compromís y EU Podem).

Como viene informando este diario, el presupuesto de 2026 quedó aprobado el pasado diciembre con los votos de PP y Vox. Asciende a un importe global de 367,3 millones, lo que, según han reiterado los representantes del equipo de gobierno hasta ahora, lo convierte en el mayor presupuesto de la historia de la ciudad. En ese importe global, se incluyen inversiones por un importe de 19,6, frente a los 24,5 millones contemplados en el presupuesto de 2025. En todo caso, esa suma queda abierta a futuras ampliaciones a través de posibles modificaciones de crédito. Para su aprobación, el PP seguirá necesitando del apoyo de alguno de los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición, puesto que gobierna en situación de minoría con 14 concejales en una corporación compuesta por 29 ediles.

Por lo pronto, el acuerdo adoptado este jueves permite que el equipo de gobierno pueda disponer de las partidas consignadas en las cuentas con un plazo de diez meses por delante para ejecutar esas previsiones. Entre los proyectos incorporados en los presupuestos, se incluyen las obras de finalización del parque La Torreta, pendientes de conclusión desde 2023, a las que se dota de 3,2 millones; la remodelación del edificio de los cines Aba6 como espacio cultural polivalente, al que se destina 545.000 euros; la reurbanización de la calle San Francisco, por 112.000 euros; la reforma del retén de la Policía Local en Juan XXIII, por 480.000 euros; la conclusión de las obras de la Jefatura de Policía en Playa de San Juan, por 1,9 millones; la rehabilitación de las torres del edificio histórico del ayuntamiento, por 503.000 euros; y la mejora del mercadillo de Teulada por 458.000 euros. En su conjunto, esos proyectos suman los citados 19,6 millones en inversiones, lo que representa una cifra un 20% inferior a las inversiones previstas en las cuentas de 2025. Todo, a pesar de que el de 2026 se caracteriza por ser un presupuesto expansivo, con un incremento del 5,8%, hasta alcanzar la cifra récord de 367,3 millones.

Reglamento de transporte

De igual modo, en la sesión también ha quedado aprobada la modificación del reglamento de uso del transporte público con el fin de actualizar el importe de las sanciones (que todavía figuraban en pesetas), así como incorporar la nueva regulación sectorial y ordenar el acceso de los vehículos de movilidad personal (los patinetes eléctricos). El edil de Transportes, Carlos de Juan, ha sostenido, igualmente, que la revisión del reglamento también permite facilitar las condiciones de acceso al servicio de transporte público en autobús a las personas con movilidad reducida. Además, ha apuntado que se abrió un proceso de consulta el pasado noviembre.

En el debate, Copé ha lamentado que se haya desestimado las enmiendas presentadas, entre las que figuraban medidas similares a las recogidas en el reglamento de Madrid. Además, ha lamentado que se introduzcan normas, pero no compromisos de mejora para los usuarios. Además, ha lamentado que se haya desestimado su propuesta respecto a la aplicación de una tarifa social. Por Vox, el edil Óscar Castillo ha considerado necesaria la actualización del reglamento después de 30 años para introducir avances tecnológicos y la regulación de los vehículos de movilidad personal. Por el PSOE, el edil Raúl Ruiz ha lamentado que el servicio de transporte público siga presentando deficiencias en cuanto a la información que se facilita a los usuarios respecto a los tiempos de espera, entre otros puntos. Por último, De Juan ha señalado que, una vez analizadas las enmiendas, los técnicos explicaron que el reglamento no podía incorporar cuestiones ideológicas. Además, ha explicado que se desestimaron por cuestiones sanitarias, entre otros puntos. A la postre, en el turno de la votación, el reglamento ha sumado 25 votos a favor (los de PP, PSOE y Vox), la abstención de Compromís y el voto en contra de EU Podem.

En el pleno también se ha aprobado el nombramiento de Begoña León y Cristina García como síndicas municipales que participará en la apertura del camarín de la Santa Faz. La propuesta ha contado con el voto a favor de PP, PSOE, Vox y Coompromís, y con la abstención de EU Podem al considerar que el ayuntamiento no debía adoptar ningún acuerdo con vinculación religiosa.

En el turno de ruegos y preguntas -las no relacionadas con la crisis de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento entre 2018y 2022-, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha cuestionado si el equipo de gobierno va a aplicar el 1% sobrante de la subida salarial del personal municipal prevista en los presupuestos de 2026 para adelantar los pagos de la carrera profesional acordada por el alcalde con parte de las secciones sindicales municipales. El edil de Recursos Humanos, Manuel Villar, ha señalado que los presupuestos acababan de quedar aprobados de forma definitiva y ha apuntado que la RPT se revisará a fondo, en función de la solicitud planteada por los sindicatos, con lo que ha reiterado que ese sobrante sí se quedará en el capítulo 1 de Personal, aunque podría derivarse a esa modificación de la RPT.

Tasas aeroportuarias y Vertido Cero

En cuanto a las declaraciones institucionales, la suma de los votos de PP y Vox ha rechazado la propuesta conjunta registrada por PSOE, Compromís y EU Podem con motivo de la celebración del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres en la que se volvía a instar al equipo de gobierno a promover medidas efectivas por la igualdad en la ciudad, en la línea con las iniciativas previas debatidas en los años precedentes. Se trata de la única iniciativa relacionada con el 8 de marzo sometida a debate en la sesión, ya que el equipo de gobierno no ha llegado a registrar ninguna propuesta en esta ocasión. En el debate, tanto la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, como la edil de Bienestar, Begoña León, han recriminado a los grupos proponentes que tratasen de dar lecciones éticas para aludir a los casos de agresiones sexuales que afectarían a dirigentes vinculados al PSOE o al conjunto de formaciones de la izquierda.

Sí ha prosperado la propuesta registrada por el PP en apoyo al colectivo médico y a favor de un Estatuto Marco: una iniciativa que no guarda una relación directa con la ciudad de Alicante, y que escapa a las competencias del ayuntamiento, que ha sumado los votos a favor de Vox. El PSOE se ha decantado por la abstención, mientras que Compromís y EU Podem han votado en contra. Ese mismo resultado se ha replicado en la segunda de las declaraciones institucionales registradas por el PP por la que se proponía manifestar el rechazo del ayuntamiento a la subida de las tasas aeroportuarias prevista por Aena. El edil de Transportes, Carlos de Juan, ha sostenido que ese incremento tarifario contrasta con la falta de ejecución de inversiones pendientes en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández como la conexión por ferrocarril. Y el edil de Vox, Óscar Castillo, ha considerado que ese incremento supondrá un aumento de los precios de los billetes con el consiguiente efecto para el sector turístico. Por su parte, los representantes de los tres grupos del eje progresista -PSOE, Compromís y EU Podem- han sostenido que el incremento global propuesto por Aena es de 43 céntimos por pasajero y año y que resulta necesario para financiar la ejecución de infraestructuras. Entre ellas, la construcción de la segunda pista del aeródromo provincial, según ha reivindicado Barceló.

La tercera de las declaraciones institucionales promovidas por el PP trataba de reclamar la financiación comprometida por el Gobierno de España para el proyecto "Alicante Vertido Cero", por el que se prevé la ejecución de mejoras en el sistema de tratamiento de las depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia para reutilizar hasta 20 hectómetros cúbicos de agua regenerada útiles para el regadío. El edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha considerado que el desarrollo del proyecto requiere de las aportación de 300 millones comprometidos inicialmente. Los representantes de EU Podem y Compromís han defendido la necesidad de la ejecución de esas mejoras, aunque han planteado enmiendas para modificar los acuerdos planteados por el PP. El portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, también ha anticipado su respaldo a la iniciativa, tras reprochar que tanto la izquierda como el PP no hayan avanzado en la ejecución de esas mejoras. Y por el PSOE, el edil Raúl Ruiz ha cargado contra el Consell por haber dejado vencer los plazos previstos para presentar propuestas de financiación a los fondos Next Generation. A la postre, se han desestimado la enmiendas planteadas. Y en el turno de votación, la propuesta también ha quedado aprobada con los votos de PP y Vox.

PP y Vox, juntos contra la regularización de migrantes y el burka

La primera de las declaraciones institucionales presentadas por Vox trataba de manifestar el rechazo del Ayuntamiento de Alicante al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Consejo de Ministros. Su portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha considerado que "los españoles" no están dispuestos a soportar esa entrada de población migrante, para señalar que los servicios públicos se van a saturar más, después de vincular migración y delincuencia, al facilitar datos que ha atribuido al Ministerio del Interior. En el debate de la iniciativa, Copé ha lamentado que la propuesta trate de fomentar el odio contra los migrantes y ha defendido que la gran mayoría de la población migrante que reside en la ciudad trabaja y desarrolla un papel clave en algunos sectores como el de los cuidados. Mas ha tildado la iniciativa de aporofóbica y ha insistido en que la regularización es para personas que ya residen en el país por lo que no habrá efecto llamada. Por el PSOE, Victoria Melgosa ha reprochado que se confundan conceptos como regularización y concesión de nacionalidad y ha tildado la iniciativa de propaganda de Vox con la que tratan de manipular y fomentar el miedo. Por el PP, el vicealcalde, Manuel Villar, ha explicado que el PP está a favor de la migración regular, pero no de las regularizaciones masivas por decreto. Así, ha considerado que la medida "se salta el parlamento" y que, de lo que se trata es de "manipular el censo". Por último, ha señalado que no se puede asimilar migrante con delincuente. Así, la iniciativa también ha prosperado con la suma de los votos de PP y Vox.

La tercera de las declaraciones institucionales registradas por Vox pretendía instar a la Generalitat a ejecutar las obras de construcción del nuevo Centro de Salud de La Condomina en la Playa de San Juan, todavía pendiente de licitación. El edil Juan Utrera ha incidido en que las instalaciones del consultorio médico actual son insuficientes para prestar servicio al conjunto de residentes del distrito de Playa de San Juan, como vienen planteando los vecinos. Copé ha considerado que la iniciativa era útil, aunque ha planteado una enmienda para que el apremio a Sanidad se extienda al conjunto de centros médicos previstos, como el de Garbinet y el nuevo consultorio de San Gabriel. Mas ha responsabilizado a Vox de recortar fondos para la construcción de los centros de salud al apoyar los presupuestos de la Generalitat y ha emplazado a la edil de Sanidad, Cristina Cutanda, a reivindicar la adecuación del antiguo supermercado en el que se pretendía situar el nuevo consultorio de San Gabriel.

Por el PSOE, Barceló ha sostenido que, antes de que ella dejase la Conselleria de Sanidad, ya se había aportado el anteproyecto, tras superar varias dificultades previas con la gestión del suelo. Así, ha anticipado su voto a favor de la iniciativa, a pesar de que ha lamentado que no existe presupuesto para la construcción de ese equipamiento. Cutanda, por su parte, ha sostenido que fue el PP quien cedió la parcela para que se pueda construir el centro de salud de La Condomina y ha defendido las reparaciones efectuadas en el consultorio actual. Además, también ha señalado que ya se han puesto en marcha las obras del centro de salud de La Torreta, que se han iniciado las del Garbinet y que se prevé licitar las obras del de La Condomina antes del verano, para recriminar, después, que el Botànic no construyese ninguno de ellos. A la postre, la iniciativa se ha debatido en sus propios términos, sin incluir la enmienda de EU Podem, y se ha aprobado con 27 votos: los de PP, PSOE, Vox y Compromís.

La cuarta de las iniciativas públicas promovidas por Vox también estaba enfocada en la migración. En concreto, planteaba la procedencia de que el equipo de gobierno regule el acceso a las dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro (niqab, burka y otras prendas equivalentes) con el fin de que no se permita la entrada de personas que no porten la cara descubierta para favorecer su identificación, según ha sostenido su portavoz, Carmen Robledillo. En el debate, Copé ha lamentado que se vuelva a tratar de generar conflicto señalando a una minoría con una regulación que afecta a derechos fundamentales. Así, ha considerado que no es una iniciativa presentada por seguridad o por la defensa de los derechos de la mujer. "La prohibición tiene un trasfondo racista", ha considerado, para insistir en que en "Alicante no existe ningún problema con esto" y que solo se trataba de estigmatizar. Por Compromís, Llobell ha coincidido en esa argumentación para señalar, además, que existen sistemas tecnológicos que facilitan la identificación, si el fondo del asunto fuese realmente la seguridad.

Por el PSOE, Melgosa también ha acusado a Vox de mantener un discurso xenófobo como "gasolina electoral". Además, ha añadido que no existe ningún vacío legal, puesto que ya existe una regulación respecto al uso de esas prendas. Por el PP, la edil de Cultura, Nayma Beldjilali, ha argumentado que la igualdad entre hombres y mujeres no se negocia "y eso está por encima de todo". "El uso del velo constituye un instrumento de sumisión", ha sostenido. "Claro que respetamos la tradición de cada pueblo, pero también la cultura occidental y que se evite el control de la mujer" por el uso de un velo integral. De igual modo, ha considerado que sí se trata de una cuestión que afecta a la seguridad, por lo que ha considerado necesario que se establezca un marco normativo al respecto. "Aprobaremos esta declaración por una cuestión ética", ha señalado, en alusión a la conservación de los derechos de la mujer. Además, ha acusado a la izquierda de cambiar de opinión respecto al burka tras aludir a manifestaciones previas por parte de la vicepresidenta Carmen Calvo o la exministra Leire Pajín. Así, la declaración ha quedado aprobada con los votos de PP y Vox.

Sin debate sobre la devolución del acta de Mazón

La quinta de las declaraciones institucionales promovidas por Vox instaba al equipo de gobierno a elaborar y aprobar un Plan de Prevención y Actuación ante incidentes ferroviarios e instar al Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible y a ADIF a que procedan a realizar una inspección exhaustiva de los tramos de la vía férrea que discurren por el término municipal de Alicante. Una iniciativa a colación del accidente ferroviario registrado en Adamuz. El edil Óscar Castillo ha sostenido que se trataba de promover medidas de seguridad, y no de buscar el interés político. Copé ha considerado que la iniciativa respondía a un "oportunismo rancio" y ha exigido rigor para señalar que las infraestructuras ferroviarias dependen del Estado. En todo caso, ha subrayado que el papel del ayuntamiento sería el de procurar el correcto mantenimiento del entorno de esos espacios. Llobell ha acusado a Vox de tratar de capitalizar la tragedia de Adamuz y de instrumentalizar a las víctimas. Por el PSOE, Raúl Ruiz ha defendido el aumento de las partidas presupuestarias por mejorar las infraestructuras, para denunciar, después, el estado del muro junto al trazado del Tram en el bulevar del Pla, que compete al Ayuntamiento y a la Generalitat. Por el PP, el edil de Transportes, Carlos de Juan, ha sostenido que la competencia sobre el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias recae en el Ministerio, aunque ha asegurado que se validaría la iniciativa y que el ayuntamiento asumiría las competencias que le correspondiesen. A la postre, la iniciativa también ha quedado aprobada por PP y Vox.

Por último, tras el debate de la batería de iniciativas promovidas por los tres grupos del eje progresista relacionadas con el problema de la vivienda y la gestión de los pisos de VPP construidos por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022, se ha cerrado el paso a la declaración institucional de urgencia que había registrado el grupo municipal de Compromís con el fin de que instase al grupo parlamentario del Partido Popular en Les Corts Valencianes a exigir el acta de diputado autonómico al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la exposición razonada de la jueza de Catarroja que pide imputarlo en la causa que indaga la responsabilidad penal sobre la Dana de octubre de 2024.

Para que la iniciativa pudiese debatirse, debía superar una votación previa (el trámite de aceptación de su urgencia). Y los 17 votos de PP y Vox han descartado que el asunto revistiese tal urgencia, con lo que la propuesta no ha sido objeto de discusión política, en una sesión en la que populares y voxistas han mantenido la unidad de voto en todas y cada una de las iniciativas incluidas en el orden del día.