BENIDORM.- El grupo socialista ha denunciado que el Ayuntamiento de Benidorm ha encargado un nuevo dictamen jurídico sobre la ejecución de la sentencia de Serra Gelada, que condena al consistorio a pagar 350 millones de euros a los propietarios de los terrenos del parque natural. El Gobierno local ha informado en la Comisión de Hacienda de la retención de una partida de 17.545 euros, mediante un contrato menor, para la elaboración de este informe.
Los socialistas han solicitado explicaciones sobre el motivo de este nuevo dictamen y su finalidad, especialmente si se pretende modificar el acuerdo alcanzado en marzo con los propietarios, un acuerdo que, según cálculos del PSOE, supondrá para el Ayuntamiento unos 570 millones de euros en 50 años, incluyendo intereses.
El portavoz adjunto, Sergi Castillo, ha mostrado su sorpresa por este nuevo gasto cuando ya se ha incluido en los presupuestos el pago de 60 millones de euros este mismo año. Según Castillo, el expediente activado hoy busca diseñar “estrategias jurídicas complementarias patrimoniales, urbanísticas y administrativas”, pero el alcalde solo ha respondido que facilitará copia del informe “cuando lo tengan” en Junta de Portavoces .
Un contrato menor adjudicado directamente al despacho Broseta
El PSOE ha alertado de la peculiaridad del procedimiento, ya que el contrato menor se ha tramitado en pleno mes de agosto y sin solicitar presupuesto a tres empresas, como es habitual. El Gobierno local ha adjudicado directamente el trabajo al despacho Broseta Abogados, alegando su “experiencia extraordinaria en el ámbito urbanístico” y la urgencia del encargo, que —según el expediente— dificultaría trasladar la información a más firmas para que pudieran presupuestar con conocimiento de causa.
Castillo ha recordado que la abogada contratada anteriormente mediante contrato menor para la defensa del Ayuntamiento fue Ana Falomir Faus, y no el bufete al que ahora se reserva esta nueva partida.
El portavoz adjunto ha citado un informe jurídico municipal del 5 de mayo de 2026 que afirmaba que el Ayuntamiento “no ostenta la custodia de los Autos judiciales” y remitía al PSOE a los siete órganos judiciales implicados para obtener la documentación completa. Sin embargo, el Síndic de Greuges, en una resolución del 10 de julio, ha considerado “obvio” que el Ayuntamiento sí dispone de la información judicial solicitada y ha instado al Gobierno local a entregarla, algo que el alcalde continúa rechazando .
Castillo ha denunciado que un despacho privado en Valencia tenga acceso a información que se niega a los concejales de la corporación: “Es altamente sorprendente conocer que un bufete sí tiene acceso a una información completa que el Ayuntamiento niega a los miembros de su propia corporación”, ha señalado.
El grupo socialista ha registrado una batería de preguntas dirigidas al alcalde, Toni Pérez, para aclarar estos extremos. Castillo ha lamentado que el alcalde mantenga una apariencia de transparencia que “no es tal”, recordando que fue él quien votó a favor del convenio en 2003, quien cambió de postura al llegar a la alcaldía y quien aprobó en marzo un acuerdo “perjudicial para los intereses de Benidorm”.
“La petición de este nuevo informe justo ahora y de esta forma enturbia todavía más su nefasta gestión”, ha añadido. Castillo ha concluido que la información disponible sobre los expedientes de Serra Gelada es incompleta y se limita a las últimas resoluciones: “Se está invirtiendo mucho esfuerzo y muchos recursos en que no sepamos cómo se ha gestionado todo este asunto, pero llegaremos hasta el final”.
- Lourdes Caselles, portavoz del PP.
"El PSOE solo quiere generar dudas"
La portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha asegurado este lunes que “el PSOE de Benidorm quiere generar dudas sobre el acuerdo para cumplir la sentencia por los suelos del APR-7 de Serra Gelada porque ha fiado su futuro político a este asunto y ha de intentar rentabilizarlo”. Caselles ha respondido así a la nota emitida por el grupo socialista, dejando claro además que “el Ayuntamiento cumplirá a rajatabla con el acuerdo, como ya ha trasladado el propio alcalde, Toni Pérez, precisamente a preguntas del PSOE en Comisión Informativa de Hacienda”. El mismo PSOE, ha recalcado Caselles, “que habló de que esta sentencia iba a suponer la quiebra del Ayuntamiento y la ruina de la ciudad” y que anda desnortado desde que se alcanzó un acuerdo que va a permitir el pago de la sentencia sin subir impuestos, ni recortar servicios”.
Ante esta situación, “al PSOE solo le queda una opción: intentar emponzoñar todo lo que tenga que ver con Serra Gelada, engañando para ello a la ciudadanía y ocultando la información puntual que reciben”. Y eso, ha expresado, “es lo que han hecho hoy mismo con un contrato cuyo objeto es diseñar estrategias jurídicas complementarias patrimoniales, urbanísticas y administrativas”.
En este punto, Caselles ha recordado que como ya explicó el alcalde el pasado mes de marzo cuando informó de todos los detalles del acuerdo “el mismo prevé varias fórmulas para cumplir con la sentencia, como el pago en metálico y en terrenos”. A partir de la aprobación en pleno de ese acuerdo y su posterior homologación por la Justicia, “la obligación de este Ayuntamiento es dar pasos para garantizar el cumplimiento de esa sentencia y eso estamos haciendo: explorar, sobre la base del acuerdo, la forma de hacerlo que sea más beneficiosa para el interés general, recabando para ello el dictamen de profesionales especializados”.
La portavoz popular se ha mostrado muy sorprendida “del talante y enfoque de la nota de prensa del PSOE, que nada tiene que ver con el tono de la pregunta formulada por Cristina Escoda en la comisión informativa, a la que el alcalde ha respondido de inmediato”. “Se parece lo que un huevo a una castaña”, ha afirmado.
En concreto, la portavoz socialista ha preguntado “cuándo se prevé que se tenga ese dictamen”, “en qué va a variar la decisión que este Ayuntamiento ya tomó sobre la sentencia de Sierra Helada” y si la contratación de un dictamen externo obedecería a que el equipo de gobierno “tendrá algo previsto sobre esa sentencia o esa ejecución”. A esta pregunta, el alcalde ha recordado que existe un acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento y la propiedad, “aprobado en sesión plenaria” y “homologado por la parte judicial” y que “seguimos explorando la ejecución precisamente de ese acuerdo”, en toda su extensión. “En cuanto haya información con relación no solo a este contrato, sino a todo ese procedimiento, como hemos hecho hasta ahora, se les trasladará inmediatamente. Han sido 44 juntas de portavoces en apenas 3 años y 28 sesiones plenarias para abordar este asunto”, ha ahondado.
En el seno de la comisión, y tras hacer constar que el PSOE ha tenido acceso al decreto de contratación “desde el mismo momento en que se firmó”, el alcalde ha remarcado que cuando ese dictamen “se emita y se remita al ayuntamiento y se registre, tendremos la Junta de Portavoces oportuna para trasladarles toda la información, como hemos hecho hasta ahora”. Algo que no ocurrió con la renovación de los convenios durante los años de gobierno socialista en 2010 y 2013; convenios que “el PSOE gestionó con la máxima opacidad y que están en el germen de la sentencia que ahora hemos de pagar todos los benidormenses”, ha apostillado Caselles.
