BENIDORM.- El grupo socialista ha denunciado que el Ayuntamiento de Benidorm ha encargado un nuevo dictamen jurídico sobre la ejecución de la sentencia de Serra Gelada, que condena al consistorio a pagar 350 millones de euros a los propietarios de los terrenos del parque natural. El Gobierno local ha informado en la Comisión de Hacienda de la retención de una partida de 17.545 euros, mediante un contrato menor, para la elaboración de este informe.
Los socialistas han solicitado explicaciones sobre el motivo de este nuevo dictamen y su finalidad, especialmente si se pretende modificar el acuerdo alcanzado en marzo con los propietarios, un acuerdo que, según cálculos del PSOE, supondrá para el Ayuntamiento unos 570 millones de euros en 50 años, incluyendo intereses.
El portavoz adjunto, Sergi Castillo, ha mostrado su sorpresa por este nuevo gasto cuando ya se ha incluido en los presupuestos el pago de 60 millones de euros este mismo año. Según Castillo, el expediente activado hoy busca diseñar “estrategias jurídicas complementarias patrimoniales, urbanísticas y administrativas”, pero el alcalde solo ha respondido que facilitará copia del informe “cuando lo tengan” en Junta de Portavoces .
Un contrato menor adjudicado directamente al despacho Broseta
El PSOE ha alertado de la peculiaridad del procedimiento, ya que el contrato menor se ha tramitado en pleno mes de agosto y sin solicitar presupuesto a tres empresas, como es habitual. El Gobierno local ha adjudicado directamente el trabajo al despacho Broseta Abogados, alegando su “experiencia extraordinaria en el ámbito urbanístico” y la urgencia del encargo, que —según el expediente— dificultaría trasladar la información a más firmas para que pudieran presupuestar con conocimiento de causa.
Castillo ha recordado que la abogada contratada anteriormente mediante contrato menor para la defensa del Ayuntamiento fue Ana Falomir Faus, y no el bufete al que ahora se reserva esta nueva partida.
El portavoz adjunto ha citado un informe jurídico municipal del 5 de mayo de 2026 que afirmaba que el Ayuntamiento “no ostenta la custodia de los Autos judiciales” y remitía al PSOE a los siete órganos judiciales implicados para obtener la documentación completa. Sin embargo, el Síndic de Greuges, en una resolución del 10 de julio, ha considerado “obvio” que el Ayuntamiento sí dispone de la información judicial solicitada y ha instado al Gobierno local a entregarla, algo que el alcalde continúa rechazando .
Castillo ha denunciado que un despacho privado en Valencia tenga acceso a información que se niega a los concejales de la corporación: “Es altamente sorprendente conocer que un bufete sí tiene acceso a una información completa que el Ayuntamiento niega a los miembros de su propia corporación”, ha señalado.
“Hay muchas cosas extrañas en este caso”
El grupo socialista ha registrado una batería de preguntas dirigidas al alcalde, Toni Pérez, para aclarar estos extremos. Castillo ha lamentado que el alcalde mantenga una apariencia de transparencia que “no es tal”, recordando que fue él quien votó a favor del convenio en 2003, quien cambió de postura al llegar a la alcaldía y quien aprobó en marzo un acuerdo “perjudicial para los intereses de Benidorm”.
“La petición de este nuevo informe justo ahora y de esta forma enturbia todavía más su nefasta gestión”, ha añadido. Castillo ha concluido que la información disponible sobre los expedientes de Serra Gelada es incompleta y se limita a las últimas resoluciones: “Se está invirtiendo mucho esfuerzo y muchos recursos en que no sepamos cómo se ha gestionado todo este asunto, pero llegaremos hasta el final”.
