SANT JOAN D'ALACANT. Alerta en las futuras viviendas de protección pública (VPP) en Sant Joan d'Alacant. La promotora que construirá la promoción en el sector de Nou Nazareth está comercializando presuntamente de manera irregular, pidiendo 1.700 euros para realizar la reserva. El punto aquí está en que, pese a ser la compradora, todavía no es definitivamente la adjudicataria del solar, pues se encuentra en tramitación por parte de la Generalitat Valenciana. Es decir, el traspaso todavía no está formalizado.
Es precisamente la Conselleria de Vivienda la que tiene competencias en el tema, según ha señalado el alcalde de Sant Joan, Santiago Román, quien ha comunicado sobre esta situación en el pleno que se está manteniendo este viernes, 27 de febrero. Según el munícipe, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat han intervenido en cuanto han conocido la situación. "No vamos a permitir que ninguna promotora, por muy adjudicataria que sea, especule con una parcela en San Juan", ha declarado.
La Conselleria se enteró de los hechos el pasado viernes 20 y mandó un requerimiento a la empresa advirtiendo de la imposibilidad de pedir dinero para la reserva, lo que supone una sanción "muy grave". Por su parte, el consistorio sanjuanero también ha querido aclarar la situación y ha dado un plazo de diez días para que la promotora informe y justifique si está comercializando el pago de 1.700 euros.
"Nosotros, dentro de nuestras competencias, primero hemos requerido a la promotora para que pare la comercialización. Le hemos advertido de que esto puede ser objeto de la resolución o revocación del contrato", ha expuesto Román. Y es que el contrato todavía no se ha firmado, por lo que la parcela aún no es titularidad de la promotora. La Ley autonómica recoge que, hasta que una promoción no obtenga la calificación provisional de VPP por parte de la Conselleria, no se puede realizar ningún tipo de comercialización.
El Ayuntamiento se enteró de la situación por diversos correos electrónicos y publicidad en medios digitales. La parcela aún sigue siendo de titularidad municipal y, hasta la aclaración de los hechos y valoración jurídica, se ha acordado suspender cautelarmente cualquier actuación dirigida a la formalización del contrato para que los terrenos pasen a ser parte de la mercantil.
El tema que no ha pasado por alto en el pleno, menos cuando en las últimas semanas el foco está puesto en el caso de las VPP del Residencial Les Naus en Alicante, en la zona de Playa de San Juan. Es por ello que tanto el gobierno local (PP) como el PSOE han convocado a la prensa para explicar la situación y dar su punto de vista político.
Subasta de la parcela por 5 millones
El Ayuntamiento de Sant Joan subastó la parcela para construir VPP por 4,9 millones de euros, que adjudicó a Promored Velilla 1. El terreno tiene 7.408 metros cuadrados yel plazo para construir las viviendas será de 28 meses. El terreno, calificado como suelo urbano, podrá albergar edificaciones de 10.445 metros cuadrados techo (m2t) y y 741 m2t de uso terciario obligatorio.
El PSOE exige una comisión de investigación
El grupo municipal socialita considera que lo ocurrido con la promoción de 131 viviendas de protección pública en Nou Nazareth evidencia una "pérdida total de control" por parte del equipo de gobierno y demuestra las "consecuencias" de vender suelo público a empresas privadas sin garantizar mecanismos estrictos de regulación y supervisión.
En el pleno municipal, el alcalde ha afirmado que la Conselleria tuvo conocimiento de la situación el día 20 y ha trasladado la responsabilidad a la promotora. Para el PSOE, esa explicación es "claramente insuficiente". "La cuestión no es cuándo se enteró la Conselleria, sino por qué el Ayuntamiento no tenía perfectamente blindado y regulado el proceso desde el minuto uno. Estamos hablando de suelo público y de vivienda protegida, no de una promoción privada cualquiera", ha señalado la portavoz socialista, Esther Donate.
La parcela pública inició su proceso de enajenación en octubre de 2025. El 9 de febrero de 2026 fue adjudicada a Promored Velilla por 4.824.139,75 euros más IVA. La empresa ha abonado el 35% del importe y queda pendiente el 65% restante para la formalización mediante escritura pública. Actualmente la venta no está formalizada y la mercantil no es titular definitiva del suelo.
Pese a no haberse formalizado la transmisión, la promoción comenzó a comercializarse en redes sociales y portales inmobiliarios. A esta situación se suma un hecho "especialmente grave". El 22 de febrero entró en el registro municipal un escrito en el que una persona denunciaba que las viviendas de tres dormitorios estaban agotadas tras un proceso presencial iniciado el 11 de febrero, sin publicidad institucional ni criterios públicos claros de adjudicación.
En el documento se solicitaba al Ayuntamiento que fiscalizara el procedimiento por posible vulneración de los principios de igualdad y transparencia. Al día siguiente, 23 de febrero, esa misma persona presentó un nuevo registro comunicando que había conseguido reservar una vivienda y desistía de su reclamación.
"La secuencia es muy clara: se presenta una queja formal porque no se ha podido acceder a vivienda y, 24 horas después, aparece una reserva firmada", ha afirmado Donate.
La portavoz socialista ha sido tajante: "O no tenían ningún control sobre lo que estaba ocurriendo con 131 viviendas de protección pública o no establecieron las garantías necesarias para que la adjudicación fuera justa y transparente".
El PSOE ha recordado, además, que esta situación es "consecuencia directa de una decisión política": subastar suelo público para ingresar 4,8 millones de euros y dejar en manos privadas la promoción de vivienda protegida. "Cuando se vende suelo que era de todos para hacer caja, se debilita la capacidad de control público sobre cómo y a quién se adjudican las viviendas. Y eso es exactamente lo que estamos viendo", ha añadido Donate.
Para el Grupo Socialista, el Ayuntamiento ha actuado "tarde y mal, sin aclarar todavía qué implicación ha tenido en todo el proceso y sin asumir responsabilidades políticas claras". Durante el pleno, el alcalde ha anunciado que ha firmado una solicitud para abrir una fase de audiencia a la adjudicataria. Para el PSOE, esta medida es insuficiente. "No basta con abrir una audiencia. Como órgano de contratación, el Ayuntamiento tiene la potestad y la obligación de suspender inmediatamente la formalización del contrato si existen dudas fundadas sobre el proceso", ha señalado la portavoz socialista.
Es por ello que el grupo municipal socialista ha exigido la suspender inmediatamente la formalización del contrato con la adjudicataria, convocar de manera urgente un pleno extraordinario para abordar exclusivamente esta cuestión, constituir una comisión de investigación municipal y acceso inmediato a todo el expediente y solicitar las listas completas de las personas que han reservado vivienda, con fecha de reserva y cantidades entregadas a cuenta.
