BENIDORM. El pleno del Ayuntamiento de Benidorm acogía dos propuestas que afectan al procedimiento de la indemnización de 350 millones de euros a los propietarios de Serra Gelada. Por un lado, la formalización del préstamo de 55 millones de euros para hacer frente a una parte de esta cuantía, y por otro, ofrecer a estas empresas vinculadas con la familia Murcia Puchades un trámite de audiencia para conocer la forma de pago. Dos mociones del equipo de gobierno que sirvió para que PP y PSOE sacaran a relucir sus argumentos para no ser tachados de culpables de la mayor condena contra este ayuntamiento, y posiblemente, de España.

Como ha venido contando de largo este diario, las empresas ganadoras del contencioso reclamaban que se les hiciera efectivo el convenio firmado con el Consistorio por el cual se comprometieron a compensar a los titulares de estas parcelas con otros planes parciales, pero que nunca se llegó a cumplir. Un acuerdo que se firmó en 2003 bajo el mandato del popular Vicente Pérez Devesa, con una vigencia de cinco años. Se renovó en los años 2010 y 2013 ya con gobierno del socialista Agustín Navarro. Y dentro de esta cronología también destaca que es en 2005 cuando se declara como Parque Natural de Serra Gelada y en 2012 se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental donde la Generalitat requería proteger estos terrenos.

Dentro de todo este contexto resumido de más de 20 años, la portavoz del PP, Lourdes Caselles, optó tras las acusasciones del PSOE de tirar las culpas a los socialistas. La defensa de los populares se basa principalmente en los tiempos. Para Caselles, el problema está en haber renovado el convenio en 2010, ya con el Parque Natural, porque le daba edificabilidad a un suelo protegido y de valor paisajístico, y por tanto, sin edificabilidad, tal y como expuso en su intervención. 

Es más, Caselles insinuó que el partido no contó en las elecciones siguientes con el concejal Jaime Llinares porque incluyó una cláusula en 2010 que salvaguardaba los intereses del municipio, ya que en caso de que se aprobara un estudio de impacto ambiental donde se considerara que este suelo no era ubrano, el Ayuntamiento no tenía que responder de indemnizaciones económicas a los propietarios. Una vía, que dijo Caselles, ya no estaba en la siguiente y última renovación.

A su vez, la edil del PP defendió que la nulidad de estos convenios venía avalada por los informes técnicos y por un dictamen del Consell Jurídic Consultiu. "Nosotros haremos siempre caso a lo que nos dicen los informes municipales", apostilló. 

Por su parte, la portavoz de los socialistas, Cristina Escoda, comenzó su discurso arremetiendo contra la gestión del alcalde, Toni Pérez, a quien hizo responsable de la condena al Consistorio y acusó de alargar el proceso para intentar llegar a las próximas elecciones sin que salpicara a su mandato. Escoda insistió en que el origen del problema viene de un cambio de criterio del primer edil a la hora de renovar estos convenios. Así, le recordó que en 2003, como concejal del PP, apoyó la propuesta de acuerdo. De este modo, defendió que el PSOE votó en contra y acusó al gobierno de entonces de inactividad para cumplir con ellos y tener que renovarlos ya en el poder "precisamente, como decían los informes, para no tener que asumir esta deuda económica a la que se podía enfrentar el ayuntamiento", manifestó Escoda al tiempo que recordaba que en el 2010 Pérez también votó a favor de la propuesta.

Además, se refirió a su renovación en 2013, asegurando que respondía a una actitud responsable "porque los propietarios tenían unos derechos adquiridos que no dio el Partido Socialista". Escoda recriminó al PP de Benidorm que no haya sobre la mesa ninguna financiación autonómica para hacer frente a la indemnización como la que han encontrado a nivel estatal.

En cuanto al portavoz de Vox, José Miguel San Martín, optó por culpar al bipartidismo, primero con la aprobación del convenio en 2003, y después por no cumplir con el mismo hasta entonces.

Como se decía, además del préstamo, también se aprobó un trámite de audiencia de siete días naturales a las partes que tengan reconocido un derecho sobre la base de la sentencia 343/2024 del TSJ para que se pronuncien sobre la viabilidad de definir un acuerdo de colaboración en la ejecución de la misma y en su caso sobre el contenido y términos del mismo. Una propuesta que los socialistas consideraron que llega tarde y que los populares aseguraron que no se podría haber realizado antes.

Fondo

En concreto, el pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este viernes la adhesión al Fondo de Impulso Económico y la formalización de una operación de préstamo con las entidades financieras que determine el ICO (Instituto de Crédito Oficial) con cargo al Fondo de Financiación a Entidades Locales, por una cuantía de 55.000.000,00 de euros. El importe, como ha explicado Caselles, se destinará a hacer frente a parte de la cuantía fijada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana por las compensaciones de suelo en Serra Gelada.

La Intervención municipal, en su informe de 28 de enero de 2026 que forma parte del expediente, considera que el Ayuntamiento “puede asumir la devolución de dicho importe sin menoscabar los servicios que en la actualidad presta el municipio”, en un plazo de 12 años y a un tipo de interés en torno al 3,5%, iniciándose la amortización a partir del próximo año 2027, según el calendario planteado por los técnicos, y sin traducirse en un incremento de impuestos. Ha contado con el voto a favor de PP y PSOE, mientras que Vox se ha abstenido.