El exedil de Atención Urbana de Alicante, Andrés Llorens, a la salida de la Audiencia. Foto: EPALICANTE. La segunda sesión del juicio sobre el presunto amaño y los supuestos fraccionamientos del caso Isjoma ha transcurrido este martes con un guion similar a de la jornada inaugural de la vista. Así, los exediles del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Andrés Llorens y Juan Zaragoza, se han alineado con las tesis defendidas por los tres primeros acusados -el responsable de Isjoma, Isidro García, y los técnicos Ginés Pérez y Ramón Casal- para asegurar que todas las decisiones relacionadas con la adjudicación y prestación de ese servicio entre los años 2003 y 2008 se adoptaron por indicación de los técnicos de la Concejalía de Atención Urbana, bajo la supervisión de su jefe de Servicio, Víctor López, como superior jerárquico, que también figuró como encausado por los mismos hechos hasta su fallecimiento. Además, los dos exregidores también han declarado que todos los acuerdos contaron con el aval del área de Contratación y de todos los técnicos que formaban parte de la Mesa de Contratación. Es más, han señalado que no se emitió ningún reparo por parte del departamento de Intervención respecto a la adjudicación o respecto a los contratos menores que se concertaron con Isjoma, la misma empresa concesionaria.
En primer término, Llorens, que asumió las competencias de Atención Urbana durante los años investigados, y que llegó a ser vicealcalde bajo el mandato de Sonia Castedo, en el año 2011, ha asegurado que él tenía "plena confianza en los técnicos" y que él se limitaba a avalar con su firma los documentos de pago que se le presentaban. Así, en su declaración en calidad de investigado por un delito continuado de prevaricación, ha sostenido que él no disponía de tiempo para revisar los más de 300 documentos que se le pasaban a la firma y que se limitaba a comprobar que habían sido supervisados previamente por el jefe de Servicio, Víctor López.
En esta línea, ha sostenido que la revisión de esos contratos menores no estaba entre sus competencias y que, cuando tomó la delegación de Atención Urbana, en el año 2007, solo se ocupó de concretar el organigrama, sin poner en cuestión las pautas de trabajo que existían porque el jefe de Servicio era un profesional que acumulaba cerca de 30 años de trayectoria y contaba "con gran prestigio". "Era una figura en el Ayuntamiento", ha declarado, a preguntas del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.
De igual modo, ha asegurado que no estaba capacitado para cambiar esos procedimientos puesto que él no era técnico y no tenía un criterio válido y ha sostenido que "a mí no me correspondía el control jurídico ni administrativo, sino atender a las asociaciones vecinales para que se atendiesen sus reivindicaciones, preparar los plenos, despachar con la alcaldesa sobre los asuntos principales y preparar los presupuestos".
Respecto a la adjudicación del contrato de 2009, ha sostenido que él expresó su conformidad con el informe de baremación de las ofertas que elaboró su jefe de Servicio, en el que se había puntuado inicialmente la oferta de Alavés como la más ventajosa al presentar un presupuesto 900.000 euros más económico que el de Isjoma. Sin embargo, ha sostenido que el contrato acabó adjudicándose a esta segunda empresa porque el concurso "no era una subasta, sino una cuestión de precio y de propuesta técnica". Así, ha explicado que el jefe de Servicio le dio una explicación genérica sobre por qué la propuesta técnica de Isjoma "era más interesante" para el Ayuntamiento. Además, ha sostenido que él estuvo presente en una comida organizada con el entonces edil de Hacienda, Juan Zaragoza, y con el responsable de Isjoma, Isidro García, en la que se habló de desbloquear el pago de facturas que tenía pendiente de cobro.
Al tiempo, ha explicado que, después de que la Mesa de Contratación elevase a la Junta de Gobierno la propuesta de adjudicación del contrato a Isjoma, fue la entonces alcaldesa, Sonia Castedo, quien acordó dejar el asunto sobre la mesa de la sesión de la Junta en la que debía aprobarse para pedir un informe al jefe de Contratación en el que se concretase si el concurso se había tramitado de forma correcta. Ha explicado que la alcaldesa adoptó esa decisión después de reunirse con los representantes de Montajes Alavés -una empresa competidora que presentó la denuncia con la que se abrieron las diligencias-, quienes le habían manifestado que su oferta era mejor y que iba a cometerse una injusticia con la adjudicación a Isjoma. Con todo, ha sostenido que ese informe elaborado por el jefe de Contratación certificó que todo estaba correcto, por lo que la adjudicación a Isjoma se aprobó en la siguiente Junta de Gobierno.
Y sobre su participación en las reuniones de la Mesa de Contratación, que él presidía entonces, ha señalado que se limitaba a abrir los sobres y leer el contenido de las propuestas. Después, pasaba la documentación a los técnicos para que lo comprobasen y se iniciase su estudio.
Los acusados, en la primera sesión del juicio.Por su parte, el exedil de Hacienda, Juan Zaragoza -también investigado en la causa, pero por un delito de revelación de secretos- ha explicado que él celebró una comida con el responsable de Isjoma en el restaurante El Bocaito a petición de Llorens para tratar de agilizar los pagos pendientes y que accedió a tratar de mediar con la familia Alavés para ver si las dos empresas podían limar asperezas "y trabajar juntos". Al respecto, ha señalado que fue Llorens el que le dijo hora y lugar de la comida y que él accedió por la relación de confianza que tenía con el edil de Atención Urbana, aunque no era algo habitual. Es más, ha añadido que informó con antelación a la alcaldesa, Sonia Castedo, para pedir su parecer.
En esta línea, ha sostenido que, tras esa comida, habló con los representantes de Montajes Alavés por la relación de amistad que mantenía con la familia y que llegó a tener al menos tres reuniones con ellos. En una de ellas, celebrada después de que se abrieran los sobres con las ofertas económicas, le manifestaron su enfado y temor a que el contrato se le adjudicase a Isjoma, pese a que sostenían que la suya era la mejor oferta desde todos los puntos de vista. Así, ha relatado que, en esa conversación, los responsables de Alavés atacaron a los técnicos municipales hasta llegar a asegurar que "les estaban haciendo los informes técnicos y económicos a Isjoma", en alusión a la preparación de su oferta, lo que les colocaría en una situación ventajosa en el proceso de licitación y demostraría el amaño del concurso.
El exconcejal de Hacienda declara que los Alavés trataron de inducirle a perjudicar a Isjoma en la conversación que grabó una agencia de detectives
Después, ha asegurado que también mantuvo una reunión en la oficina de Alavés, que fue grabada por una agencia de detectives, en la que ha asegurado que trataron de inducirle a perjudicar a Isjoma. Así, ha sostenido que él no dijo nunca que el jefe de Servicios, Víctor López, hubiese elaborado la oferta técnica de Isjoma, ni que otro técnico municipal hubiese redactado su oferta administrativa, sino que fueron los Alavés quienes trataron de forzar a que lo dijese, cuando habían sido ellos quienes se lo habían dicho previamente a él.
Además, ha negado que él tuviese acceso al informe de baremación de las propuestas antes de que se conociese en la Mesa de Contratación, y también ha descartado que él pudiese habérselo facilitado a los Alavés. En esta línea, ha sostenido que, en el caso de que lo hubiese solicitado al departamento de Atención Urbana, debería constar por escrito.
Durante la sesión, también ha declarado como testigo José Antonio Alavés, administrador de Montajes Alavés, que ha derivado la responsabilidad de las decisiones sobre la licitación a su hijo, a quien había derivado el control de la empresa. Por lo demás, ha negado que mantuviese una relación de amistad con Zaragoza y solo ha dicho que lo conocía como vecino del mismo barrio.
En cuarto lugar, ha comparecido la detective contratada por Montajes Alavés para grabar la conversación con Zaragoza. La testigo ha asegurado que la grabación no podía haber sido manipulada desde el punto de vista técnico y que su contenido íntegro era el que se aportó al Juzgado de Instrucción.
También ha declarado la exalcaldesa Sonia Castedo bajo la condición de testigo. En esta línea, ha confirmado la versión ofrecida por Llorens y ha explicado que ella encargó un informe técnico adicional para conocer la corrección del procedimiento de contratación antes de aprobar la adjudicación del contrato a Isjoma, a la vista de la reunión que mantuvo con el responsable de Montajes Alavés. En esta línea, también ha sostenido que todo el procedimiento de licitación había sido correcto y que no tenía por qué dudar de los informes técnicos de valoración de las ofertas porque eso implicaba dudar de todos los informes que realizaban los técnicos municipales.
Por último, también ha declarado el exedil Juan Seva, que formaba parte de la Mesa de Contratación como vocal y quien también ha sostenido que nadie advirtió nada raro sobre el procedimiento de licitación del contrato de montaje de escenarios.
El juicio prosigue este miércoles con la declaración de nuevos testigos, entre los que se incluye el interventor municipal o el responsable de la Asesoría Jurídica Municipal, entre otros. Este jueves, está prevista la comparecencia de José Alavés, administrador de la empresa que denunció las supuestas anomalías y que asume la gestión diaria de la compañía por delegación de su padre. Su declaración estaba prevista por el sistema de videoconferencia este martes, pero no ha podido desarrollarse por problemas técnicos.
