ALICANTE. Casi con tantos participantes como una reunión de la DUMA rusa. Más de 400 clubes de Segunda B y Tercera División respondían este lunes a la llamada de la Real Federación Española (RFEF) para conocer las novedades económicas que se avecinan, fundamentalmente en lo que a ingresos derivados de la cesión de los derechos audiovisuales se refiere.
Tal fue la afluencia en el Auditorio Luis Aragonés al Ciudad del Fútbol de Las Rozas que, entre otros, los representantes de Hércules y Castellón apostaron por esperar a las puertas hasta que el ambiente se serenara (para muchos era la primera vez que acudían a las dependencias de la RFEF). A buen seguro que el presidente blanquiazul, Carlos Parodi, y el director general blanquinegro, Jordi Bruixola, aprovecharon el momento para intercambiar opiniones sobre el derbi que enfrentará a sus respectivos equipos el domingo, aunque para ellos y el resto de trasatlánticos que penan en la tercera categoría del fútbol español (eufemísticamente denominada Segunda B)lo que acontece en los despachos sea casi tan importante como lo que sucede en el campo.
Caída de los ingresos por derechos de televisión
El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, se esforzó en extinguir el incendio declarado en las últimas semanas cuando un número significativo de clubes hizo constar su preocupación por, entre otras cuestiones económicas, la más que previsible caída de los ingresos derivados de la comercialización de los derechos de televisión en relación con las ediciones 2019/20, 2020/21 y 2021/22 de la Copa del Rey.
La Federación decidió cancelar la primera licitación al no alcanzar ninguna de las ofertas presentadas el precio mínimo por temporada exigido (45 millones de euros), lo que unido a que Mediapro, en disconformidad con lo anterior (su oferta era la más importante, aunque se quedaba lejos de la suma mínima), anunciase que no volverá a concurrir hace más que previsible que se obtenga una cantidad inferior a la esperada. De hecho, el propio Rubiales desvelaba que prevé obtener 30 millones por ese concepto (menos de la mitad de lo que ha obtenido, por lo que a los clubes de Segunda B y Tercera irían a parar solo tres millones ya que, de acuerdo con el Real Decreto-ley 5/2015 de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, concretamente con su artículo 8, el 90% de lo que obtenga ha de ir a los clubes de Primera y Segunda A, mientras que el 10% queda para los de Segunda B y Tercera.
El plan de Rubiales
El extintor empleado por Rubiales para apagar el fuego fue el bautizado como Programa Impulso 23, un plan a tres años que presentaba a los clubes anunciándoles por adelantado las cantidades que percibirán si se suman, claro.
De acuerdo con el mismo, los clubes que militen en Segunda B pasarán de recibir una media de 112.110 euros (70.000 euros como ayuda directa en dinero; 10.000 euros de media para gastos de kilometraje; 26.410 para gastos arbitrales; 4.500 en 'scouting'; y 1.200 euros en balones) a ingresar 162.110 euros de media (la ayuda directa se incrementa hasta los 100.000 euros; se mantienen las cantidades ligadas a los anterior conceptos y surge la posibilidad de obtener un mínimo de 20.000 euros adicionales, de adherirse al acuerdo de la RFEF alcanzó con Footters). Si además compiten en la Copa del Rey, a las cantidades anteriores se suman los 23.000 euros que se reciben de fijo más 35.000 por ronda superada (antes eran 31.000 euros), de manera que percibirán de media 202.110 euros.
Una parte de ese dinero tendrán su origen en lo obtenido por la comercialización de los derechos audiovisuales, pero la mayor parte saldrá de las arcas de la propia Federación, de lo estipulado en el convenio Liga de Fútbol Profesional-RFEF, de las ayudas del Consejo Superior de Deportes (CSD)... De ahí que Rubiales anunciara que la RFEF aportará 23 millones de euros de su bolsillo, para llegar a los 30 millones de presupuesto que exige el Programa Impulso 23.
Malo para el Hércules
La fórmula penaliza al Hércules porque al mantener una deuda con la Agencia Tributaria en situación irregular, no puede obtener el certificado positivo de esta que se le va a requerir por la Federación y el CSD para la obtención de ayudas pero, además, porque el Programa Impulso 23 exige la adhesión del club (ya hay unos 60 que se han sumado) al acuerdo que mantiene la RFEF con Footters.
Respecto a la deuda con el fisco, no es un problema nuevo, es más, hasta la fecha el Hércules lo ha sufrido pero poco porque las cantidades que liquida la Federación son modestas y además las viene abonando con mucho retraso. En cuanto a contratar con Footters, no es que el club blanquiazul tenga muchas alternativas (una oferta de À Punt, por ejemplo), pero ya sabe que eso supone ingresar menos dinero: en el pasado 'play-off' de ascenso el Hércules obtuvo 40.000 euros menos que los que un año antes había percibido el Elche por las mismas tres eliminatorias de la fase de ascenso. La explicación para esto es que la guerra entre la LFP y la RFEF espantó a Mediapro (que había televisado el 'play-off' de 2018) y la única oferta fue la de Footters que además estaba presidida por el principio del café para todos.
