Foto: CGEVALÈNCIA (EP). El presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich, ha afirmado que el actual sistema de financiación autonómica es muy poco transparente, lo que genera tensiones institucionales y dificulta la corresponsabilidad fiscal, dando como resultado un reparto de recursos arbitrario. De hecho, los expertos han señalado que la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía son las comunidades peor financiadas.
En cuanto a esta falta de transparencia, Valentín Pich, ha insistido en que "el ciudadano debería saber en todo momento lo que paga y a quién le paga, así como quién es el que le presta el servicio".
En cuanto a la reforma que se producirá en el medio plazo, Agustín Fernández, presidente del REAF, en línea con lo expuesto por los ponentes considera que convendría explorar la posibilidad de financiar determinados servicios a través de tasas, precios públicos, peajes o copagos.
El presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich, ha criticado durante la apertura de la jornada que la situación actual de los impuestos autonómicos es caótica y el contribuyente "no sabe qué paga ni a quién paga". Por ello, ha instado a establecer una línea con soluciones para abordar el sistema. "Si no se aborda de una vez, creará tensiones institucionales de gran calibre", ha advertido Pich.
Ante esto, dos de los mayores expertos en financiación de las comunidades autónomas y entidades cocales han coincidido también en dar mayor autonomía tributaria a los territorios, pero siempre con matices y ciertos límites.
El exconsejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya Antoni Castells i Oliveres, y el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente Moreno, han remarcado la importancia de reforzar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, si bien han abogado por que pueda admitirse algún grado de armonización en determinados tributos en aras de preservar la efectiva aplicación de algunos impuestos o de la unidad de mercado.
Antoni Castells entiende que, en general, sería aconsejable que la financiación de los gobiernos autonómicos procediera, tanto como fuera posible, de impuestos pagados directamente por los ciudadanos de su territorio. En definitiva, que estos gobiernos debieran tener acceso a todas las bases tributarias emplazadas en este territorio, con el máximo grado de autonomía normativa y administrativa posible.
Por su parte, Ángel de la Fuente opina que no sería necesario modificar tales cestas de impuestos porque las CCAA ya tienen cedidos tramos de la mayor parte de los impuestos importantes. "La única excepción es Sociedades y no sería bueno cederlo porque generaría muchos problemas si las comunidades tratasen de utilizarlo para atraer empresas", ha remarcado.
Los expertos en tributación territorial, Ángel de la Fuente y Antoni Castells, han coincidido en que sería necesario fijar un tipo mínimo autonómico para el Impuesto de Sucesiones, pero han discrepado sobre establecerlo para el tributo de Patrimonio.
Así se han pronunciado durante la jornada 'La reforma de la fiscalidad autonómica y local', organizada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), el órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas.
Sobre esta cuestión, Ángel de la Fuente cree que podría pensarse este tope mínimo en Sucesiones, aunque ve preferible que, antes, se perfeccionase el cálculo de la recaudación normativa para que las rebajas tengan un coste más claro vía aportación al Fondo de Garantía. En cuanto a Patrimonio, considera que actualmente "está mal diseñado", ya que cuenta con "rendijas" para evitarlo, por lo que cree que directamente debería desaparecer.
Por su parte, Antoni Castells opina que la competencia fiscal llevada al extremo resulta perjudicial, y podría acabar llevando pura y simplemente a la "destributación", y eso es lo que está ocurriendo en algunos impuestos como Sucesiones, por lo que cree que es preciso encontrar un equilibrio, al igual que en el Impuesto sobre Patrimonio.
Preguntados sobre si consideran necesario corregir el concierto económico con el País Vasco o el convenio con Navarra, Castell manifestó que ésta es esencialmente una cuestión política, y "mientras ni el Estado ni el gobierno vasco -ni parece que la sociedad española-, que son los interlocutores en la materia, no consideren que existe un problema, no habrá nada que corregir".
Para Ángel de la Fuente, es necesario aumentar su transparencia, hacer bien los cálculos allí establecidos y actualizar ciertos coeficientes como el peso en el consumo de los territorios forales que se utiliza para los ajustes por impuestos indirectos.
Asimismo, cree que convendría introducir algunos retoques técnicos como un cambio en el mecanismo de actualización del cupo, para que no dependa sólo de la evolución de los ingresos estatales, repartiendo así mejor el riesgo macroeconómico, calcular la corrección por déficit año a año con datos reales, o ligar el coeficiente de imputación al peso en el PIB.
