ALICANTE. Este domingo trascendía que Francisco Javier Méndez Jara, quien fuera presidente del Colegio de Graduados Sociales de Alicante y consejero del Hércules, está cumpliendo una condena de prisión de 11 meses por la comisión de un delito continuado de apropiación indebida.
Méndez Jara fue condenado en junio de 2022 por la Audiencia Provincial de Alicante. La Sección Segunda consideró probado que se había apropiado de 342.081,56 euros del Colegio de Graduados durante su etapa en el cargo de presidente y le impuso la citada pena de prisión y a una multa de cinco meses con cuota diaria de quince euros. La ejecución de la primera de esas penas fue suspendida al ser la primera vez que delinquía, la duración de la misma inferior a dos años y haberse comprometido a satisfacer la responsabilidad civil (indemnizar). Sin embargo, el no cumplimiento de las condiciones (el pago de otra multa, por ejemplo) aparejadas a la suspensión llevaba meses atrás a su revocación y al ingreso en prisión de Méndez Jara el pasado verano.
En el momento en que Méndez Jara fue condenado ya no era consejero del Hércules, pero sí cuando se inició la instrucción de la causa (algo de lo que se encargó el Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante) que años después le llevaría a sentarse en el banquillo para ser juzgado por un tribunal de la Audiencia Provincial. Fue a finales de 2016 y entonces, tanto Méndez Jara como el club se agarraron a la presunción de inocencia para defender el primero su no dimisión y que el segundo que no se le invitase a hacerlo, si bien desde los despachos de Foguerer Romeu Zarandieta reconocían que les había ocultado el motivo de su dimisión como presidente del Colegio.
Mendéz Jara renunció finalmente en 2018 del cargo de consejero del Hércules, un puesto que según manifestó el propio club en ese momento estaba ligado a la función de coordinador del fútbol base. Sin embargo, esa dimisión no vino acompañada de otra también relacionada con el Hércules y sus divisiones inferiores, hasta el punto de que el hoy reo sigue siendo secretario del consejo de administración de Jóvenes Blanquiazules, una sociedad limitada constituida en febrero de 2014 para "promover escuelas deportivas de todo tipo incluidas las de futbol profesional y amateur, la comercialización de prendas deportivas y la gestión y explotación de todo tipo de instalaciones deportivas, gimnasios, centros de entrenamiento, con todos los servicios inherentes a esa actividad" y domiciliada en las oficinas del Hércules.
Aunque no tiene ninguna actividad (su hoja registral fue cerrada en el verano de 2018), Jóvenes Blanquiazules sigue presidida por Valentín Botella (presidente de la Fundación y vicepresidente del club blanquiazul) y también cuenta en su consejo como miembros con 'Pepe' León (apoderado de la Fundación y consejero del Hércules) y Segundo Fernández, quien en su día llegó a ser consejero delegado y vicepresidente del club y que accedió al órgano de gobierno de Jóvenes Blanquiazules en mayo de 2014 para sustituir a Vicente Ferrándiz, otra persona de confianza de Enrique Ortiz.
La renuncia de Ferrándiz propició la entrada en el consejo de Jóvenes Blanquiazules de Segundo Fernández y, casualmente, la de Francisco Javier Méndez Jara en el del Hércules, pero es que se produjo tras una agria polémica ligada precisamente a la cantera y al impago de los salarios de los entrenadores de la misma.
Todo apunta a que Jóvenes Blanquiazules iba a asumir la gestión del fútbol base del Hércules de cara a la temporada siguiente. Sin embargo, por alguna razón aún desconocida, siguió en manos de la Fundación, aunque a finales de junio de ese año 2014 se firmó el ya famoso (por el 'caso Abde') Anexo al 'Convenio Marco Hércules-Fundación', con base al que los derechos económicos sobre los futbolistas del fútbol formativo blanquiazul que no tuvieran licencia de la primera plantilla pasaban a ser de la Fundación y no del club (como veía siendo desde 2011) mientras el primer equipo del Hércules no militase en el fútbol profesional. Así lo establece la cláusula cuarta, apartado 4.4 del citado Anexo suscrito solo unas semanas después de que primer equipo blanquiazul descendiese precisamente a la entonces Segunda B (algo que comportaba una reducción exponencial de sus ingresos).