ALICANTE. El grupo municipal del PP en Alicante ha registrado un nuevo escrito en el juzgado de lo Contencioso número 4 con una solicitud para que sea su titular la que fije una fecha concreta sobre la restitución de los rótulos franquistas, retirados tras el ajuste del callejero a la Ley de Memoria Histórica.
El portavoz del PP, Luis Barcala, ha explicado en declaraciones públicas que han transcurrido dos meses desde que se dictase el auto judicial por el que se acuerdan las medidas cautelares solicitadas por su formación (cuando se recurrió el acuerdo de renovación del callejero, el pasado noviembre) y que el equipo de Gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís) no han dado ningún paso para cumplir esa obligación.
En esta línea, Barcala ha insistido en que, ya que el tripartito sigue sin tomar ninguna medida, tendrá que ser el propio juzgado el que le conmine a dar cumplimiento a su resolución previa de manera inmediata.
El equipo de Gobierno viene sosteniendo, por su parte, que sí se ha girado una comunicación a organismos oficiales para explicar que la nueva denominación de las calles está suspendida por el juzgado y que no se ha procedido a la recolocación de las placas antiguas porque se sigue la misma tramitación que cuando se retiraron, "en los tiempos normales de la administración". Además, se insiste en que ese auto está recurrido y podría darse el caso de que no sea necesario volver a colocar los rótulos sustituidos.
El portavoz del tripartito, Natxo Bellido (Compromís), ha señalado, además, que "parece que el señor Barcala tiene una obsesión enfermiza al seguir reclamando la reposición de las calles franquistas, ya que era una cuestión que ellos no solicitaban entre sus medidas cautelares, en las que sólo pedían la suspensión del acuerdo de redenominación".
Como informó este diario, en un auto conocido a finales de diciembre, el juzgado concedió la medida cautelar solicitada por el PP y, además de suspender la nueva nomenclatura para 46 calles, ordenó al Ayuntamiento la reposición de los rótulos antiguos al considerar que se había vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva con la colocación de las nuevas placas sin que el juzgado hubiese resuelto sobre esa solicitud del PP.