ALICANTE. El Elche se ha visto salpicado por las actuaciones del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, el magistrado José de la Mata, que se encuentra al frente de la ya bautizada como 'Operación Dean', en la que se investiga una presunta defraudación millonaria por parte del fondo de inversión Doyen Sports Investment Limited y, entre otros, los exfutbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, quien en la campaña 2003/04 fue director general del club franjiverde y al que en algún momento se le llegó a señalar como posible inversor interesado en adquirir la deuda de la Fundación del Elche con el Instituto Valenciano de Finanzas.
El franjiverde es uno de los clubes a los que De la Mata ha dirigido días atrás diferentes requerimientos de documentación sobre operaciones celebradas con Doyen, un fondo constituido en el año 2011 con sede en Malta y del que López y Aguilar serían sus representantes en España, que habrían escapado al control de Hacienda.
Tal y como revelaba este miércoles el Consejo General del Poder Judicial, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y el personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria habían procedido el martes a realizar varias entradas y registros en una serie de provincias, además de requerir a la Liga de Fútbol Profesional (LFP), a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a Atlético de Madrid, Cádiz, Elche, Granada, Getafe, Sevilla, Sporting de Gijón y Valencia información relativa a traspasos y cesiones de futbolistas de cuyos derechos económicos era Doyen total o parcialmente titular y también sobre préstamos suscritos con este fondo. Operaciones sobre las que la Fiscalía Anticorrupción puso el foco a inicios de 2018 por medio de la interposición de una querella admitida a trámite y que es origen de las actuaciones de estos días.
Alberto Botía y la deuda del Elche con Doyen
En el caso del Elche, según ha podido saber Alicante Plaza, la documentación requerida guarda relación con la deuda que mantenía el club con Doyen a cuenta de la cesión de Alberto Botía: el central murciano defendió la camiseta franjiverde en la campaña 2013/14. Lo hizo en calidad de cedido, pasando sus derechos federativos del Sevilla al club del Martínez Valero y, a 30 de junio de 2014, de este al Olympiacos, donde Botía continuó con su carrera. Pues bien, los derechos económicos del futbolista de Alquerías eran de este fondo que meses atrás, en el marco del convenio de acreedores, capitalizaba (canjeaba por acciones) una deuda de 1.000.000 euros que mantenía el Elche con él a cuenta de esa cesión. Dicho derecho de crédito había sido calificado en el concurso como ordinario (Doyen era también titular de un crédito subordinado de 3.750,37 euros de importe, que igualmente convirtió en acciones).
A preguntas de este medio, desde el Elche confirmaban lo anterior, pero restándole importancia, reiterando su "total y entera disposición a seguir colaborando con la Justicia", al tiempo que recordaban que la entidad, al igual que ocurre con la RFEF, la LFP y el resto de clubes a los que se ha dirigido el juez De la Mata, "no está investigada" en la causa (no se le imputa ningún delito). Por el contrario, sí lo están los exfutbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, la pareja del primero y el hermano del segundo. La Fiscalía les imputa la presunta comisión de un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales. Para ello, por ejemplo, alude a los más de 15.000.000 euros de beneficio de Doyen, que habría escapado al control del fisco solo en 2013 (la querella se refiere a ese ejercicio y a los tres siguientes), eludiendo con ello el pago de 4.583.648 euros en impuestos.
Financiación de fichajes
Según la Fiscalía, la adquisición de los derechos económicos del mediocentro francés Josuha Gilavogui al Atlético de Madrid, la venta de derechos económicos del delantero colombiano Radamel Falcao, la compra de derechos económicos de diferentes jugadores del Sporting de Gijón (Botía fue jugador rojiblanco entre 2010 y 2012) o la compra del 50% de los derechos económicos de Geoffrey Kondogbia, pivote que a día de hoy juega en el Valencia, y de Miroslav Stepanovic, interior bosnio que tuvo un paso fugaz por el Elche en la primera vuelta de la 2013/14 y hoy juega en el Servette suizo, le habrían deparado a Doyen un beneficio de 17.800.000 euros en 2013, de 1.900.000 euros en 2014, de 624.322,35 euros en 2015 y de 217.941,83 euros en 2016. Además, Doyen habría obtenido también un beneficio de 1.100.000 euros en 2013, de 224.324,37 euros en 2014 y de 75.000 en 2015 a cuenta de varios préstamos a diferentes clubes, como uno de 3.650.000 euros al Sevilla, otro de 3.500.000 euros al Getafe u otro de 2.500.000 euros al Atlético de Madrid. En relación con estas operaciones de financiación, según la querella admitida a trámite, el beneficio de Doyen no solo se derivaba del interés que pagaban los prestatarios, también de los derechos económicos del futbolista cuyo fichaje se financiaba y es que los clubes cedían un porcentaje de los mismos al fondo, al tiempo que se obligaban a aceptar una oferta por el jugador que se ajustase a unas determinadas condiciones (un tipo de acuerdos llamados 'Third Party Ownership' y prohibidos por FIFA desde 2015).
El fondo operaba en España y no en Malta
Fiscalía e instructor entienden que el fondo simulaba que su gestión se realizaba desde Malta (Doyen no presentó entre 2013 y 2016 ninguna declaración en territorio español y solo cuando se producen las filtraciones de 'Football Leaks', a partir de 2015, comienza a depositar sus cuentas en el Registro Mercantil), pero todas esas operaciones se realizaban en España por medio de los citados Mariano Aguilar y Juanma López a través de la mercantil Assets 4 Sports, una firma domiciliada en Madrid y de la que los anteriores fueron administradores únicos de manera consecutiva (entre mayo de 2011 y abril de 2013 el primero y desde ese mes de 2013 el segundo).