ALICANTE. La recuperación del sector inmobiliario ha generado un problema que no existía hace dos años: el colapso de los departamentos municipales de Urbanismo por la avalancha de solicitudes de licencia de obra. Una realidad que pusieron ayer de manifiesto los representantes del sector de la edificación (arquitectos, aparejadores, promotores y abogados) y que admitió el secretario autonómico de Vivienda, Lluís Ferrando. Fue en el marco de la mesa redonda 'Retos de la Lotup. Rehabilitación y renovación urbana. Viviendas fuera de ordenación', celebrada con motivo de la feria de la construcción Firamaco, que se inauguraba este viernes en IFA.
Ferrando avanzó que la reforma de la Lotup, que comenzó el jueves su tramitación en Les Corts con su toma en consideración sin votos en contra, contemplará algunas medidas para agilizar el inicio de los proyectos urbanísticos. "Hace dos años, este problema no existía, es ahora cuando lo hemos detectado", explicó el responsable autonómico. "En dos años se han multiplicado por diez los expedientes de licencia que se tramitan en los ayuntamientos de la Comunitat". La consecuencia es que hay expedientes que tardan entre uno y dos años en salir adelante.
Entre esas medidas, una de las más llamativas es "llevar a máximos" la opción de construir con declaración responsable, sin esperar a la licencia. Esta facultad, sin salirse de los límites que marca la legislación estatal, se transfiere a los ayuntamientos, que podrán decidir en función de sus necesidades tramitar algunas obras con declaración responsable en lugar de esperar a la licencia. Para ello, Ferrando aceptó el guante de los colegios profesionales presentes, para usarlos como organismo que garantice los proyectos. "El Ayuntamiento de València ya nos ha dicho que va a ir a máximos, porque está desbordado. Pero todo lo que el Estado permita con declaración responsable, será con declaración responsable", aseguró.
La segunda gran medida que anunció el secretario autonómico (que anteriormente ocupaba el puesto de director general en el mismo área) fue la puesta en marcha de una plataforma informática "antes de que termine la legislatura" para que los trámites se puedan realizar telemáticamente (hoy aún es imposible sin pasar por el Ministerio de Fomento). Asimismo, esta plataforma permitirá, según Ferrando, que los 52 organismos que tienen que pronunciarse sobre cada expediente lo hagan de forma simultánea, y no sucesiva, lo que acortará los tiempos.
Los distintos representantes del sector de la edificación presentes en la mesa (moderada por Jesús Quesada), por su parte, coincidieron en pedir que la reforma de la Lotup (que ya sustituye a cinco leyes anteriores) se aproveche para simplificar la normativa básica y que ésta se desarrolle luego en los casos concretos, para adaptarse a la realidad de cada municipio. Para ello, arquitectos y aparejadores expusieron su intención de ayudar a la administración y desde los colegios poder controlar y garantizar el cumplimiento de la normativa para otorgar las licencias.
"Los colegios nos ofrecemos a colaborar, también somos administración y podemos contribuir a agilizar los retrasos que sufrimos hoy en día. Arquitectos y aparejadores podemos hacer este trabajo que permita mejorar el proceso", defendió el presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos de Alicante (COAATIE), Martín Pomares. El presidente de los aparejadores advirtió, además, que "el valor del suelo depende de la oferta y la demanda, por lo que los planeamientos tardíos generan escasez de suelo que hace que suba el valor d la vivienda".
El presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante, Juan María Boix, recordó que "las ciudades ya no crecen hacia afuera, sino hacia adentro, y la ley siempre piensa en planta nueva y deja como residual el actuar sobre el patrimonio existente". Así, pidió al Consell "bajar al terreno y no generalizar", porque "nos estamos alejando de los estándares europeos: en Francia una licencia es un acto reglado, y la tienes en menos de dos meses; aquí pasa un año y sigues sin tenerla". Su homólogo en el Colegio autonómico, Lluís Sendra, pidió "menos legislación y más clara, porque ha empezado el boom y tenemos a las grandes ciudades paradas. Los colegios podemos garantizar la calidad del proyecto".
Por su parte, el secretario general de la asociación de promotores Provia, Jesualdo Ros, destacó el "sentido común" de retocar una normativa (la Lotup) con cuatro años en lugar de crear una nueva, y se mostró en general satisfecho con las propuestas. Pero advirtió de que la declaración responsable que plantea el Consell tendrá también problemas de agilidad, y señaló dos carencias: el exceso de exigencia en VPO (pasará de un 10 a un 30% en suelo urbano), que pidió dejar abierto, y el freno al crecimiento territorial: "Quizá haya que dejar que un municipio de 5.000 habitantes crezca, de forma sostenible, con una urbanización para atraer compradores extranjeros, porque el 82% de las pernoctaciones y más del 60% del gasto turístico se realizan en esta modalidad".
