Algunos de los veladores instalados en la calle Castaños.ALICANTE. El debate sobre la eficacia en el control de los establecimientos hosteleros y locales de ocio concentrados en el Centro Tradicional se intensifica en pleno arranque de la campaña estival a la vista de los datos de infracciones penalizadas en los dos últimos meses. Desde marzo, el departamento municipal de Ocupación de la Vía Pública ha impuesto cuatro sanciones por incumplimiento de las ordenanzas, de acuerdo con los datos facilitados por portavoces vecinales, confirmados por fuentes municipales a consulta de Alicante Plaza.
A juicio de los residentes, ese balance sancionador no se corresponde con la situación real que se registra habitualmente en el barrio, de la que ellos dan cuenta mediante la presentación de múltiples quejas y denuncias. En esta línea, atribuyen esa cifra -que consideran casi testimonial- a una supuesta relajación en la labor de inspección y vigilancia que se habría generado con la entrada en vigor del nuevo sistema organizativo de la Policía Local; una reorganización por la que se disolvió la Brigada de Ocupación de la Vía Pública en las condiciones en las que había venido funcionando hasta ahora.
La Concejalía de Seguridad insiste en que el número de agentes a cargo de esas funciones permanece inalterado y a disposición de la Concejalía de Urbanismo (la responsable de la supervisión de las licencias concedidas por el uso del espacio público) en un sistema de rotación. Es decir, que no siempre son los mismos agentes los que se encargan de llevar a cabo esa tarea.
Lo cierto es que, al menos, por lo que respecta a las actas de infracción levantadas (es decir, las faltas advertidas y en trámite que todavía no están resueltas o no han llegado a derivar en la imposición de una multa), los números se mantienen estables. A lo largo de 2016, se levantaron 252 actas, lo que supone una media de 22 al mes. Desde enero de 2017 hasta esta última semana, se han abierto otros 148 expedientes, lo que supone una media de 29 al mes. Y desde el mes de marzo (según fuentes municipales, la reestructuración de la Policía entró en vigor el 6 de marzo), se han registrado otras 66, lo que se traduce en una media de 33 al mes.
Las actas por infracción tramitadas desde 2016 se mantienen estables, con una media de 22 a 33 al mes
Sea como fuere, como informó este diario, Seguridad trata de ampliar los recursos con los que poder mejorar el control del llamado tardeo y acaba de solicitar al Ministerio del Interior, a través de la Subdelegación del Gobierno, una ampliación del permiso que tiene concedido para que los agentes de la Policía Local puedan patrullar de incógnito (sin uniforme). Hasta ahora ese permiso sigue vigente para dos supuestos: servicios de seguridad corporativa y violencia de género. De hecho, fuentes de Seguridad precisaron que la Policía Local venía contando con esa autorización para otros servicios hasta principios de este año y que ha sido ahora cuando se les ha requerido para que se vuelva a solicitar.
Entre tanto, los vecinos insisten en reclamar ajustes adicionales en la normativa municipal para que se respete su derecho al descanso. Lo vienen haciendo desde que el PP aprobó la versión actual de la ordenanza de Ocupación de la Vía Pública, en 2013, y lo acaban de hacer ahora en la actualización impulsada por el tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) para incorporar novedades previstas en normas de rango superior. Pero esta vez su petición tampoco va a tener éxito. La Concejalía de Urbanismo ya les ha confirmado que todas sus alegaciones serán rechazadas, aunque les ha emplazado a abordar su estudio y probable incorporación en una próxima reforma sustancial de la norma.
