ALICANTE. La avalancha concursal que se esperaba desde hace dos años por los efectos de la crisis sanitaria de 2020, la moratoria artificialmente prolongada (hasta junio de 2022) y el golpe de gracia de la inflación y los costes energéticos ha estallado finalmente. De enero a septiembre, en los juzgados de lo Mercantil de la provincia de Alicante se han declarado nada menos que 1.347 concursos de acreedores (entre empresas, autónomos y personas físicas no empresarias), lo que supone prácticamente cinco al día desde que comenzó el año, contando fines de semana (en realidad, 4,98 de media diaria).
Esta cifra supone prácticamente duplicar en solo nueve meses los concursos de acreedores que se declararon en la provincia de Alicante en todo el ejercicio 2022. Entonces fueron 723 los procedimientos abiertos en los juzgados de lo Mercantil de la provincia en el ejercicio completo. A falta de tres meses para finalizar la estadística de 2023, los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya recogen un incremento del 86% en la provincia.
El peor trimestre del ejercicio en curso fue el segundo, cuando se declararon 527 concursos de acreedores en la provincia de Alicante. Con todo, en el tercer trimestre, que incluye el mes de agosto, fueron 392 los procedimientos de insolvencia abiertos en los juzgados de la provincia. Estos datos forman parte del informe 'Efectos de la crisis en los órganos judiciales', que trimestralmente elabora el CGPJ con la información remitida por los Tribunales Superiores de toda España para valorar el impacto de la situación económica en los procedimientos judiciales relacionados (concursos, despidos, ejecuciones de hipoteca...)
En lo que respecta al tercer trimestre, como se decía, los 392 concursos de acreedores declarados en Alicante suponen un incremento del 88,5% respecto al mismo periodo de 2022 en la provincia, en línea con el dato anual. En toda la Comunitat Valenciana, la evolución de los concursos fue del 105%, según el informe, lo que supone más que doblar el número de procedimientos concursales abiertos en el tercer trimestre del pasado año. En total, se declararon 1.175 concursos.
En este sentido, cabe recordar que como ha contado recientemente Alicante Plaza, el número de empresas zombis (aquellas que están en quiebra técnica pero siguen funcionando refinanciando su deuda) se ha reducido un 40% en la Comunitat Valenciana en el último año, según los datos de la consultora especializada Iberinform. De las 5.000 empresas que contabilizaba el mismo informe en 2022 se ha pasado a las poco más de 3.000 que quedan en 2023. La contrapartida de esta 'limpia' de empresas vulnerables es, lógicamente, el acusado incremento de los concursos de acreedores que (pese al cambio de la ley concursal que persigue evitarlos) se ha producido en el mismo periodo.
Por otra parte, en las otras variables analizadas por el CGPJ para evaluar el efecto de la crisis económica en la Justicia los datos no son más halagüeños. La provincia de Alicante es la que registró un mayor número de lanzamientos en la Comunitat Valenciana, entre los derivados de ejecuciones hipotecarias y los que responden a impago de alquiler. Eso sí, los 368 lanzamientos registrados en la provincia en el tercer trimestre suponen un reducción interanual del 16,4%. En toda la Comunitat fueron 759 los desahucios practicados, lo que significa un 18,8% menos que los del año anterior.
En cuanto a las demandas de despido, en el tercer trimestre de 2023 se presentaron 4.268 procedimientos en los Juzgados de lo Social de la Comunitat Valenciana, un 21,3% más que en las 3.519 registradas entre julio y septiembre del año anterior. En el caso de la provincia de Alicante, según el informe del CGPJ, fueron 1.388 las presentadas, con un incremento del 21,2%, una décima inferior a la media autonómica.
Por último, los procedimientos monitorios (es decir, reclamaciones de deudas dinerarias líquidas) presentados entre julio y septiembre de este año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción del territorio valenciano fueron 27.489, lo que supone un incremento interanual del 13,1%. La valenciana es la cuarta comunidad en cuanto al número de este tipo de procedimientos, por detrás de Andalucía, con 45.448; Madrid, con 43.475, y Cataluña, con 40.839.
