Los ediles de Compromís en Alicante, Rafa Mas y Natxo Bellido, en imagen de archivo.ALICANTE. El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante abunda en la crisis precipitada en el gobierno de la Diputación, tras la expulsión de los dos representantes de Ciudadanos (Cs), Julia Parra y Javier Gutiérrez, y su conversión en diputados no adscritos, con el registro de una iniciativa para su debate en el pleno ordinario de marzo en la que insta al conjunto de grupos políticos con representación municipal a pronunciarse sobre el pacto antitransfuguismo y solicita la devolución "del acta a los diputados tránsfugas".
Se trata de una iniciativa con la que los valencianistas tratan de incrementar la presión sobre el PP y sobre su presidente autonómico, Carlos Mazón, que -además de titular de la Diputación- es concejal en el Ayuntamiento de la capital.
En esta línea, el portavoz municipal de la coalición valencianista, Natxo Bellido, ha señalado que "el pleno de Alicante debe tener una posición clara y contundente contra el transfuguismo político". "No debemos olvidar cómo llegó Barcala a la Alcaldía", ha añadido, en alusión al voto en blanco de la exconcejal de Guanyar, Nerea Belmonte, en el pleno de elección de alcalde tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri. "Por eso, presentamos una declaración institucional en la que exigimos al PP de Mazón un comportamiento claro y solicitamos el acta a los diputados tránsfugas, porque es intolerable este comportamiento en las instituciones democráticas", ha argumentado.
La propuesta de Compromís incluye tres acuerdos distintos. Con el primero, se plantea trasladar la petición de todos los grupos políticos municipales para que los dos diputados no adscritos renuncien a su acta "para devolver la estabilidad política e institucional a la Diputación". Con el segundo, se expresa la defensa del pacto antitransfuguismo. Y con el tercero, se insta a la comisión de seguimiento de ese pacto, presidida por el Ministerio de Política Territorial, a "actualizar el pacto y darle rango legal, como compromiso por el pluralismo, la decencia, la gobernabilidad, la transparencia y la calidad democrática de las instituciones".
