Alicante plantea rechazar las alegaciones y 'despeja' los 37 millones de inversión de sus cuentas

ALICANTE. La historia se repite un año más en la tramitación del presupuesto del Ayuntamiento de Alicante. La Concejalía de Hacienda despeja el camino para que las cuentas de 2022 puedan someterse al debate de su aprobación definitiva, tras el trámite de presentación de alegaciones. Los técnicos de ese departamento acaban de emitir el informe de resolución de las objeciones presentadas que, a cierre de plazo, acabaron elevándose hasta cinco baterías distintas de propuestas de modificación. Al margen de las formuladas por SEP, UGT y CCOO, también se registró en tiempo y forma un segundo paquete de propuestas promovido por CCOO y otro formulado por la agrupación local del PCE-PCPV. 

Con todo, en ese informe de resolución se plantea la desestimación de todas las sugerencias al no reunir las condiciones necesarias para que puedan considerarse, por lo que se propone elevar a aprobación definitiva la misma planificación contable ya aprobada provisionalmente en febrero, con todas sus cuantías inalteradas. Entre ellas, las partidas dedicadas a la ejecución de inversiones por un montante global de 37 millones.

Tras la emisión de ese informe, en primer término, la propuesta de desestimación de las alegaciones se analizará y se dictaminará en una comisión de Hacienda convocada para el próximo martes 22 de marzo. Después, se convocará un pleno de carácter extraordinario para ratificar el acuerdo que acabe alcanzándose en comisión. Todo parece indicar que dicha sesión podría convocarse dos días después, el jueves 24. En principio, nada parece augurar que la propuesta no vaya a superar ese segundo filtro en el salón de plenos, toda vez que el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) consiguieron que su propuesta prosperase por mayoría simple (14 votos a favor), gracias a la abstención de los dos concejales de Vox. Los 13 concejales del eje progresista, por su parte, votaron en contra en bloque. En el caso de que las cuentas queden ratificadas, entrarían en vigor a las puertas del mes de abril, con lo que el bipartito dispondría de nueve meses para ejecutar sus previsiones.

Pero, ¿qué planteaban las alegaciones y por qué se desestiman en concreto? Como informó Alicante Plaza, la totalidad de las alegaciones formuladas por las secciones sindicales reivindicaba la incorporación de mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores municipales. Entre ellas, el incremento de la dotación prevista para el desarrollo de la carrera profesional, la creación de nuevas plazas, el incremento de las partidas destinadas a la renovación de vestuario de trabajo o la recuperación de derechos a los que se tuvo que renunciarse desde 2010, como consecuencia de la coyuntura de crisis económica. 

El informe de resolución plantea su rechazo, sin llegar a analizar el fondo de la propuesta en la mayoría de las ocasiones, con el argumento de que las peticiones planteadas no se encuentran "entre los motivos que establece el artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales para reclamar contra el Presupuesto". Además, se alega que "los asuntos relacionados con el Personal tienen sus propios cauces de debate y negociación sin que sea el trámite de reclamaciones al Presupuesto el indicado para ello, salvo que se encuentren las formuladas entre los motivos señalados en la Ley". 

La propuesta de desestimación subraya que el presupuesto es la planificación de los recursos disponibles a partir de las decisiones políticas que compete adoptar al equipo de gobierno

Y ese es un requisito que, según los técnicos de Hacienda, no se cumpliría en la medida en que no existe "precepto legal o cualquier otro título legítimo que determine la existencia de una obligación exigible al respecto de lo solicitado" con el fin de que pueda tener reflejo en las cuentas municipales. Además, respecto a alguna de las peticiones concretas formuladas en ese conjunto de alegaciones, como la relacionada con el desarrollo de la carrera profesional, se añade que se encuentra en trámite de aprobación.

Al margen de ello, el PCE-PCPV planteó tres reclamaciones concretas con las que trataba de "revertir los recortes a las ayudas sociales de emergencia, a subvenciones para proyectos de desarrollo y a varias partidas de Igualdad" que se habrían introducido, en parte, a partir de las sugerencias formuladas por el grupo municipal de Vox. 

En esta línea, en la primera reclamación, el PCE-PCPV criticaba "el recorte de un 15% las ayudas sociales de emergencia de carácter extraordinario (ACPE) y otras ayudas sociales de concesión directa, que pasan de los 2,85 millones de euros de 2021 a los 2,42 de 2022, recortándose en casi 430.000 euros pese a las consecuencias sociales y económicas de la crisis derivada de la pandemia covid-19. Por ello proponen revertir ese recorte de modo que al menos se alcancen los 2,85 millones de 2022". 

En su segunda reclamación, se solicitaba que se corrigiese "el recorte en otro 15% de las subvenciones para proyectos de desarrollo, cuya partida pasa de los 160.000 euros de 2021 a los 135.000 de 2022, recortándose en 25.000 euros. Además, se destaca el recorte progresivo que ha sufrido esta partida desde los 350.000 euros consignados en 2019, con un recorte global de 215.000 euros, es decir, de más de un 60%, así como el incumplimiento por parte de PP y Cs del compromiso que la mayoría de formaciones políticas con representación municipal adquirieron con la coordinadora valenciana de ONGDs, de los objetivos de la propia Agenda 2030 y de la consecución del objetivo del 0,7% en materia de cooperación internacional".

Y en su tercera alegación se proponía "revertir los recortes que afectan a dos partidas del área de Igualdad, la de apoyo al movimiento LGTBI, que se recorta en 5.000 euros (un 16%), y la de implementación del plan municipal de Igualdad, que se recorta en 9.000 euros (un 27%)". Para ello, se planteaba "anular la absurda nueva partida denominada 'Campaña contra la violencia intrafamiliar'", promovida por Vox y dotada con 35.000 euros, "que parece que servirán para que la extrema derecha se dedique a adoctrinar en posiciones antifeministas, y que ese dinero se reparta entre 14.000 euros para revertir los recortes en las dos partidas afectadas y 21.000 euros para incrementar la partida del servicio de asesoramiento jurídico que se presta a las mujeres afectadas por la violencia de género".

La propuesta técnica de resolución concluye que las objeciones presentadas no se ajustan a los preceptos normativos necesarios para que puedan ser consideradas

El informe de resolución evacuado por los técnicos de Hacienda reproduce, también, la misma argumentación facilitada para rechazar las sugerencias sindicales y reitera que las peticiones no se encuadran en los supuestos normativos para dichas sugerencias puedan quedar asumidas. Y, al tiempo, abunda en que la propuesta presupuestaria es el reflejo de una decisión política respecto a la distribución de los recursos económicos disponibles, por lo que corresponde al equipo de gobierno delimitar cuál es el alcance y la disposición de esos recursos.

Así, concreta que "hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista de la suficiencia de las aplicaciones presupuestarias de gasto para atender a los servicios obligatorios, el Presupuesto aprobado inicialmente es el resultado de la asignación de los recursos financieros disponibles a aquellos fines que técnica y políticamente se han considerado como prioritarios, en coordinación con las distintas áreas operativas".

Así, señala que "cada servicio asigna consignación a aquellas aplicaciones presupuestarias que han consideradas más necesarias y prioritarias. El Ayuntamiento, a través del Presupuesto, ordena sus recursos en virtud de una planificación de ingresos y gastos para el ejercicio, que se lleva a efecto considerando en primer lugar las normas legales de obligado cumplimiento, así como los compromisos de carácter político que no se opongan a las citadas normas, todo ello en consonancia y sujeto a la existencia de recursos financieros suficientes". 

Así, en último término, la propuesta de resolución resume que "la gestión de los recursos disponibles obliga a establecer prioridades en función de las necesidades existentes, que el equipo de gobierno valora y cuantifica, ya que de él depende la confección del documento presupuestario".

Al tiempo, el informe hace una mención expresa por lo que respecta a la configuración del área de Personal para señalar, también, que su organización es otra de las competencias que quedan sujetas a las directrices políticas que decida adoptar el equipo de gobierno. "La plantilla es un instrumento de racionalización de los recursos humanos de cada administración y que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público debe tener como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad". Al respecto, añade que "la planificación de los recursos humanos entra dentro de las facultades discrecionales de la Administración, con respeto en todo caso a las normas que regulan dicha materia, por lo que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el Ayuntamiento, a través de sus órganos de gobierno, puede adoptar los acuerdos que estime pertinentes".