ELCHE. El juzgado de instrucción número de Elche ha abierto una diligencias previas contra José María Mazón Juárez por supuesta obstrucción a la justicia y amenazas y ha citado a los primeros testigos que ya denunciaron una supuesta financiación irregular ante la Fiscalía Anticorrupción. La defensa de Mazón Juárez asegura que la investigación de la Fiscalía fue archivada y que la única causa que existe es una supuesta denuncia, también del Ministerio Público, por obstrucción a la Justicia o amenazas. La Fiscalía sí que investigó el caso, pero no vio indicios penales al tratarse una cantidad inferior a los 50.000 euros, y que incluiría el alquiler de la sede y el pago de vallas exteriores y carteles de la candidata Amparo Cerdá.
Los hechos que han dado origen a la denuncia se remontan al pasado mes de junio, cuando un grupo de militantes presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña de Vox en Elche y para las elecciones autonómicas. En ese escrito, los denunciantes sitúan a José María Mazón Juárez, actual marido de la que fue candidata de Vox a la Alcaldía de Elche, Amparo Cerdá, como supuesto responsable de pagos en b para favorecer la imagen de su esposa. Según la información publicada en su día por el diario.es, y que se recogía en la denuncia, a Mazón Juárez se le responsabilizaría de dos pagos de dudosa legalidad por su condición de tener su residencia en Panamá y nos disponer de cuentas legales en España.
Por una parte, Mazón estaba acusado de hacer entregas (anónimas y sin identificar frente a los que exige la Ley de Partidos, que obliga a identificar las donaciones) al partido para sufragar el alquiler de la sede y el coste de las vallas exteriores y los carteles de la candidata.
El otro hecho bajo sospecha es el alquiler de la sede de Vox en Elche. Dos militantes se encargaron de buscar un local en el centro de la ciudad para alquilarlo y que fuera la sede electoral del partido. Un tercer militante, que era abogado de profesión, se negó a realizar el contrato de arrendamiento, pues al parecer, lo que se buscaba fue una carencia de seis meses para pagar las primeras mensualidades en negro. Al parecer, la operación fue validada fue la dirección de Madrid, pero según los denunciantes, al partido no se le dio toda la información y se le dijo que la carencia era eral, cuando el objetivo era el pago en metálico con fondos de procedencia ilícita. Según el escrito presentado en la Fiscalía, tanto la portavoz de Vox en las Cortes, Ana Vega, como su marido, Mario Ortolá, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Alicante, eran conocedores de estas irregularidades.
Antes de la denuncia, Vox Elche ha vivido una serie de acontecimientos que quizás puedan tener relación con algunos de los aspectos de la denuncia. Así, en octubre de 2019, la gestora de Vox en la provincia de Alicante, presidida por Ana Vega, cesó a Amparo Cerdá como coordinadora del partido en Elche y la relevó por Juan Roldán. Con anterioridad, en septiembre, la propia Cerdá había desvelado que denunció a su actual pareja por violencia de género y pidió una orden de alejamiento, que el juez posteriormente denegó. En noviembre fue apartada de la lista del Congreso de los Diputados por este affaire. Y por último, el pasado mes de enero se produjo la dimisión de Cerdá como concejala de Elche. En junio, los militantes pusieron en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades en la financiación de Vox y tras apreciar indicios de delito, Anticorrupción dio trasladó a los juzgados de Elche, que ya han abierto las diligencias previas. A finales de octubres se producirán las primeras declaraciones de los testigos.
