MADRID/VALÈNICA, (EP). El Ministerio de Fomento ha convocado este martes una 'cumbre' de administraciones públicas para tratar sobre el conflicto abierto entre el sector del taxi y el de empresas como Uber y Cabify, las de vehículos de alquiler con conductor (VTC).
El encuentro, que tendrá lugar tras la huelga de taxitas de esta pasada semana, tiene como objetivo reforzar la inspección en los dos sectores, con el fin de que ambos cumplan con los requisitos necesarios para operar y con la normativa de explotación.
A la reunión, que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, liderará a partir de las 19 horas , acudirán los consejeros autonómicos del ramo, la Federación de Municipios y Provincias (Femp) y responsables de ayuntamientos de las principales ciudades.
Fomento y el resto de administraciones con competencia en esta actividad buscan potenciar la inspección de estos sectores ante la esperada cascada de licencias de VTC que se está registrando en virtud de sentencias judiciales, que las han llevado a supera el ratio de autorizaciones establecido por ley frente al taxi.
En concreto, las empresas de VTC han logrado en los últimos años 3.740 licencias por vía judicial, a las que se podrían añadir "miles" más en las próximas fechas.
Por el momento, en la actualidad, el sector de empresas como Uber ya tiene casi tres veces más licencias de las que le corresponden por ley. En concreto, suma 5.928 licencias, un 170% más de que las 2.188 que le correspondería en función de la legislación, que establece la concesión de una autorización de VTC por cada treinta que se otorgan al taxi. Este gremio, de su lado, suma 65.670 autorizaciones.
El origen de las sentencias judiciales que está provocando el crecimiento de estas empresas y, por ende, el conflicto con el taxi, es una ley que el último Gobierno socialista aprobó en 2009 y que liberalizó el servicio.
El posterior Gobierno del PP volvió en 2013 a regularlo y a recuperar el ratio de concesión una licencias VTC por cada treinta para el taxi, la misma que estaba vigente antes de dicha ley. No obstante, ello no evitó que las empresas a las que entre 2009 y 2013 se negó la autorización recurrieran a los tribunales que, mayoritariamente, les están dando ahora la razón.
Entre las medidas que Fomento y las comunidades sopesan para reforzar las inspecciones figura la de configurar grupos de efectivos de Policía y Guardia Civil que se dediquen específicamente a este fin.
La inspección, competencia de comunidades autónomas con coordinación de Fomento, se centra en garantizar que los dos tipos de servicios, el del taxi y el del VTC, cumplan con la normativa.
Los dos sectores tienen que cumplir las mismas condiciones administrativas, pero en el ámbito operativo, los coches con conductor no pueden "propiciar la captación de clientes", esto es, circular por las vías o establecerse en paradas en busca de pasajeros, y deben realizar un contrato por cada servicio que realicen.