La exedil de Urbanismo por el PSOE, Eva Montesinos, al mostrar el dispositivo hallado en su despacho.ALICANTE. El caso micro, que sigue siendo objeto de investigación policial por parte de los agentes de la Udef después de que el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, presentase una denuncia ante la Policía Nacional y de que la Fiscalía abriese diligencias sobre los hechos, vuelve a salir a flote más de cinco meses después de que trascendiese el hallazgo de un supuesto dispositivo de grabación en dependencias de la Concejalía de Urbanismo, durante la etapa en la que dicho despacho estaba ocupado por la edil socialista Eva Montesinos.
La queja formulada por el propio Pavón ante la Sindicatura de Greuges por la falta de información sobre ese episodio, habría permitido recuperar ahora el informe elaborado por el jefe de Seguridad de Alcaldía sobre cómo se procedió en el momento en el que se encontró ese aparato. Así lo comunicó este miércoles el actual alcalde, Luis Barcala (PP), al líder de Guanyar, a través de un escrito en el que le da cuenta de la obtención de ese informe, sobre el que no se había encontrado ninguna referencia hasta ahora.
En realidad, el contenido de ese escrito, dado a conocer este jueves por el propio Pavón, no aporta grandes novedades a la investigación policial ni al relato ya conocido, más allá de la confirmación de que no se actuó con la prevención necesaria, como subrayó el mismo edil a través de un comunicado: "Se confirma con el paso del tiempo la chapuza, improvisación y opacidad total del anterior minigobierno socialista en el caso del supuesto dispositivo de grabación detectado en el despacho que ocupé como concejal de Urbanismo", apuntó. "Todo lo relativo a este caso huele muy mal, a un burdo montaje para intentar desacreditar una trayectoria política que siempre se ha significado por luchar contra la corrupción y el juego sucio político", añadió.
¿Qué dice el informe sobre el hallazgo? En su escrito, el agente de Policía Local que ejercía como jefe de Seguridad de Alcaldía bajo el mandato del socialista Gabriel Echávarri (ahora destinado a otras funciones en el distrito de la Zona Norte) detalla que tras recibir la queja verbal de Montesinos sobre los problemas de interferencias que estaba teniendo al hablar con su teléfono móvil en un determinado punto del despacho, solicitó la práctica de un barrio de seguridad y contactó para ello con una persona que trabajaba en una empresa dedicada a ese fin, sin acudir a la Policía Nacional para dar cuenta de los hechos. Así, el informe concreta que en la búsqueda, de la que él se ausentó para buscar una escalera, se encontró un dispositivo alimentado por una pila que parecía ser un micrófono. Después, según el escrito se hizo otro barrido en el despacho de Alcaldía sin que se encontrase nada. Según el agente, él informó de lo sucedido a Alcaldía y entregó el dispositivo.
Como ya relató entonces la concejal de Urbanismo en ese momento y ahora portavoz municipal del PSOE, fue después cuando se decidió acudir a comisaría para dar cuenta de lo sucedido y, según esa misma versión, se les respondió que el aparato no podía grabar ni transmitir señal por sí solo. De ahí que no presentasen denuncia alguna.
¿En qué estado se encuentran las pesquisas policiales? Fuentes consultadas por Alicante Plaza precisaron que la Udef espera ahora la entrega de un informe pericial solicitado en abril a la Comisaría General de la Policía Científica en Madrid para determinar cuál era la capacidad operativa real de ese dispositivo, después de que se remitiese para que pudiese ser analizado. Los investigadores pretenden constatar si dicho aparato podía efectuar grabaciones de manera autónoma, sin estar conectado a otro dispositivo, y si podía transmitir señal. Las mismas fuentes precisaron que ese informe resultaría determinante para esclarecer si pudo o no cometerse delito, aunque señalaron que lo que sí parece descartado es que pueda determinarse quién colocó ese aparato, ya que no se solicitó la actuación de la Policía en el momento en el que se produjo su localización y no pudo practicarse ninguna prueba sobre el escenario.
Desde que se abrieron las averiguaciones, los agentes de la Udef ya han tomado declaración a Montesinos, al policía local que ejercía funciones de jefe de Seguridad de Alcaldía y al responsable de la empresa que efectuó el barrido en el despacho de Urbanismo. Según las mismas fuentes, los tres habrían relatado los hechos ya conocidos y habrían aportado los respectivos informes que elaboraron sobre ello. El documento aportado por la empresa de seguridad consistiría en un análisis técnico sobre las características del aparato, acompañado de varias fotografías. Fuentes consultadas por este diario señalaron que la empresa habría percibido alrededor de 3.000 euros por esos trabajos, aunque según fuentes del actual equipo de Gobierno, en Alcaldía no se tendría constancia de la expedición de ninguna factura.
