EL CAMPELLO. La seguridad municipal de El Campello, a pleno. Los partidos opositores de la localidad (PSPV-PSOE, Compromís, EUPV, Podem y RED) presentarán tres mociones conjuntas en la sesión plenaria ordinaria del mes de julio, que se celebrará el próximo jueves 30. Pese a que las tres están relacionadas con la Policía Local, cada una aborda un asunto distinto, como ampliar la plantilla, reducir la jornada laboral y modificar la calificación de los Oficiales de Policía adscribiéndolos al Grupo B.
En primer lugar, solicitan el incremento de plazas de funcionarios para el Cuerpo de la Policía Local, que actualmente cuenta con 56 efectivos en el municipio. En esta línea, piden al equipo de gobierno la ampliación progresiva de la plantilla "dentro de los márgenes que la ley permita y en función de las necesidades del municipio". Para ello, la oposición propone la incorporación de dos agentes en el presente año 2020; la creación de cinco plazas en 2021 (tres agentes, un oficial y un inspector); dos agentes más en 2022 y otros tres agentes en 2023.
Este aumento progresivo se verá reflejado, a corto plazo, en el refuerzo de "los servicios operativos" y en la garantía de "una mayor cobertura policial en todas las zonas del término municipal". Por su parte, "la creación de nuevas plazas a medio plazo
conllevará un crecimiento optimizado que repercutirá en la evolución estructural de la plantilla, equilibrando las Escalas de Mandos y Agentes y adaptándolas a la ley". Una acción que también repercutirá en la ampliación de efectivos en distintas unidades, como podrían ser la de Atestados, Tráfico, Medio Ambiente o SIM, permitiendo, a su vez, que su funcionamiento incremente los turnos de trabajo.
Para los grupos opositores la plantilla actual "resulta claramente insuficiente para el contingente poblacional que El Campello reúne en los meses de verano". Y no solo consideran escaso al funcionariado en el período estival, sino también con el "incremento natural de población al reunir el municipio características de ciudad-dormitorio vecino al de Alicante". Es por ello que fijan como objetivo "un mayor despliegue de vigilancia preventiva para seguir prestando un servicio eficaz y de calidad", lo cual, además, mejoraría "la operatividad de la Policía Local conforme al crecimiento que viene experimentando la población".
Al hilo de las mejoras en la Policía Local, las formaciones opositoras también plantean la reducción de la jornada laboral de los trabajadores y las trabajadoras, sin que ello acarree una bajada de sueldo. Por tanto, se deberá reconocer a los y las agentes el "derecho a disfrutar de la jornada sin disminución de retribuciones desde la fecha en que lo solicitaron", especifican los cinco grupos municipales.
Por su parte, consideran que "cada una de las horas que los Policías Locales han dejado de disfrutar pueden ser acumuladas en jornadas completas", así como que las horas acumuladas puedan disfrutarse tanto en 2020 como en 2021, siempre que en este último año sea posible. Para optar a esta reducción de jornada en una hora los empleados y empleadas deberán cumplir una serie de requisitos que se recogen en en la Resolución de Alcaldía nº 4922/2029.
Es el cuerpo de Policía Local el colectivo más agraviado a este respecto, según trasladan desde la oposición, debido a que "los funcionarios que solicitaron este permiso lo vienen disfrutando desde la fecha de su solicitud, mientras que los Policías Locales pueden comenzar a disfrutarlo desde la fecha de remisión del decreto. Es decir, cinco meses después de solicitarlo". De manera adicional, durante el estado de alarma la Alcaldía de El Campello dictó un decreto a través del que suspendía todos los permisos, vacaciones y días de asuntos propios para la Policía Local.
La moción para reclasificar a los oficiales de Policía como Grupo B se basa en cambiar esta calificación a los Oficiales en plantilla desde el 4 de enero de 2018, dotándolos de la respectiva consignación presupuestaria para pagar el importe desde la fecha (en lo que corresponde a sueldos y trienios).
Por su parte, el Consell Jurídic Consultiu aclara que "los Ayuntamientos no son competentes para efectuar una interpretación del alcance sobre la Disposición Transitoria 9ª de la Ley 17/2017 que pueda resultar contraria a la legislación estatal y autonómica de función pública que fija las retribuciones básicas de los funcionarios según grupo de clasificación y titulación exigida para ello".
