El otro día se enfadaron con Valencia Plaza los miembros de la cooperativa de servicios jurídicos El Rogle porque publicamos una información con el siguiente titular: "La edil Oliver contrató a dedo a un bufete afín por el doble de lo que pagaba al Colegio de Abogados", en la que El Rogle era el "bufete afín". La RAE define 'afinidad' como "similitud o coincidencia de caracteres, opiniones, gustos, etc., que existe entre dos o más personas", y pensamos que tal circunstancia existe entre la concejala de Podemos en el Ayuntamiento de València y esta cooperativa de abogados que, según proclama en su página web, "trabaja para defender los derechos y libertades de las personas desde el compromiso con la justicia social", con un destacado papel en la asistencia jurídica a afectados por los desahucios.
Dicho de otro modo, no veo a la concejala de Vivienda contratando a dedo a Broseta Abogados, que podríamos decir sin temor a equivocarnos que es un despacho más bien afín al Partido Popular. Lo que no quita para que El Rogle trabaje para ayuntamientos gobernados por el PP, como alega en su defensa innecesaria –no iba contra ellos–, igual que Broseta lo hace para consistorios dirigidos por la izquierda.
Pero el artículo firmado por Pablo Plaza, y los que siguieron en días sucesivos, no pretendía poner en evidencia a la cooperativa, que como cualquier empresa presta servicios a quien se los contrata, sino a María Oliver por una forma de actuar censurada por la Intervención municipal. Con la cantidad de prevenciones que tiene la nueva Ley de Contratos del Sector Público para evitar la arbitrariedad y parece que Oliver –no es la única– ya ha encontrado la forma de seguir contratando a quien quiera por la puerta de atrás.
El Rogle lleva dos años y tres meses prestando un servicio que cuesta 21.700 euros al año al Ayuntamiento sin haberse sometido a ningún proceso competitivo. El primer contrato menor a dedo era totalmente legal, pero a partir de ahí comienza la arbitrariedad.
Nadie pone en duda la dedicación de sus letrados ni la calidad de su trabajo, pero no son los únicos abogados en València dedicados a la mediación y especializados en desahucios. Por eso es una injusticia para el resto de compañeros que no se les dé la oportunidad de ofrecer sus servicios al Ayuntamiento en un concurso público –no un negociado sin publicidad con solo tres ofertas, como también intentó Oliver–, de la misma manera que es una pérdida de oportunidad para el Consistorio no poder elegir la mejor oferta entre todos los interesados.
No es de recibo que cuatro meses después de que el equipo de Gobierno de Joan Ribó firmase el convenio, de un año renovable, con el Colegio de Abogados –11.000 euros– Oliver adjudicase un contrato menor a dedo a El Rogle para hacer lo mismo pero por el doble de precio, de manera que al poco tiempo tuvo que rescindir en convenio con el Colegio –entidad sin ánimo de lucro– para no pagar dos veces por lo mismo.
Ni es de recibo que pasado el año la concejala tratase de firmar otro contrato menor con la misma cooperativa, cosa que no hizo porque la Intervención le dijo que era ilegal. Ni que después intentase un contrato negociado sin publicidad por 65.000 euros que tuvo que paralizar por un informe en contra que le advertía de que el objeto era el mismo y el precio era el triple que el anterior –seis veces mayor que el primero firmado con el Colegio de Abogados–, lo cual no tenía justificación.
Y así, de error en error y de retraso en retraso, El Rogle lleva 15 meses, después de acabar primer año, prestando el servicio sin contrato merced a un encargo que, según el interventor municipal, "se ha realizado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Es decir, que es ilegal.
A favor de Oliver hay que decir que cuando los servicios técnicos o jurídicos municipales le pusieron objeciones no continuó adelante con el segundo contrato menor o el negociado sin publicidad, es decir, no hizo como los de Divalterra en el fichaje de altos cargos que ahora investiga un juzgado. Pero tras esos dos reveses dejó dormir el proceso de nueva contratación mientras la empresa seguía prestando el servicio. Y esa contratación de facto es la que el interventor dice que es ilegal cada vez que el Consistorio aprueba pagar una factura. Y ya van 15 meses.
Desde la concejalía echan la culpa a la falta de medios humanos y a la burocracia, dos lastres de la administración de los que se vienen quejando muchos dirigentes que entraron a gobernar en 2015.
En este sentido, es muy ilustrativo el artículo "La ciutat del pixatinters" que el arquitecto Carmel Gradolí publicó el pasado jueves en Valencia Plaza sobre la frustración que genera la burocracia municipal en quienes venían a cambiar las cosas, burocracia que personifica en la figura del chupatintas: "Estos personatges es caracteritzen per la seua consagració al procediment –de fet, la Llei del Procediment Administratiu és la Bíblia dels pixatinters més prominents–, al qual dediquen tota la seua energia (i, per extensió, la de tota l’Administració), de manera que els teòrics objectius de servei a la ciutadania del seu treball queden relegats a un darreríssim termini, subproducte residual d’eixe procediment. I la justificació és que les coses, "cal fer-les bé", encara que els resultats siguen habitualment lamentables".
No puedo estar más en desacuerdo. De los chupatintas –secretarios e interventores– se quejan también quienes buscan atajos al filo de la ley o al margen de ella porque piensan que el gobernante tiene derecho a contratar a quien le dé la gana. La contratación a dedo es perfectamente legal en pequeños encargos temporales y en determinadas circunstancias, pero en otros, y ahí están los interventores y secretarios para advertirlo, son una injusticia porque rompen los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Quizás lo que hace falta es reformar la estructura administrativa municipal, como reconoce Joan Ribó en la entrevista que le hicimos el jueves y que Valencia Plaza publica este lunes. La fórmula para que los resultados no sean "habitualmente lamentables" no es hacer las cosas mal. Eso es lo que hicieron algunos gobernantes del PP que hoy están en la oposición, en los juzgados y hasta en la cárcel. Las cosas hay que hacerlas bien –y a tiempo–, de acuerdo con las leyes de procedimiento administrativo, que precisamente se acaban de cambiar para prevenir casos de corrupción.