El portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, en imagen de archivo.ALICANTE. El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante mantiene su estrategia de presión sobre el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, y sigue los pasos del PSOE al comprometerse también a facilitar su apoyo para la aprobación de una próxima modificación de crédito sobre el presupuesto prorrogado de 2022 con el objetivo de que puedan desarrollarse inversiones comprometidas y el pago de subvenciones. Eso sí, solo si PP y Cs desisten de incluir en esa modificación de crédito alguna de las actuaciones contempladas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Así, el portavoz municipal del partido, Mario Ortolá, ha instado al bipartito a "poner en marcha las actuaciones administrativas tendentes a realizar las modificaciones de crédito relativas tanto a la financiación de las inversiones en ejecución así como, principalmente, al pago de las subvenciones nominativas pendientes" para anticipar el respaldo de su grupo a "dichas aprobaciones con la única condición de que no aborde ninguna actuación relativa a la imposición de los aspectos de la Zona de Bajas Emisiones dirigidas a la imposición de multas a los alicantinos", según ha explicado, a través de un comunicado.
Vox incide en que "el presupuesto municipal del consistorio alicantino se encuentra prorrogado, es decir, se sigue trabajando con el presupuesto del ejercicio 2022 por lo que, en principio, decaerían las subvenciones nominativas previstas para 2023. Este hecho viene causado por la demora del bipartito en finalizar el proyecto de presupuestos y por la negativa de los grupos de la oposición a aprobarlo".
Así, el comunicado prosigue para explicar que "en el caso de Vox, este rechazo viene determinado por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones diseñada por Partido Popular y Ciudadanos" que, según la formación de Santiago Abascal, "dividirá la ciudad entre los que pueden comprarse un coche eléctrico de 40.000 euros y los que tengan que llevar a sus hijos al colegio o a los ancianos o personas con discapacidad al médico en patinete por no disponer de dinero suficiente". "Además, como se está viendo en otras ciudades, es una ruina para el pequeño comercio y la hostelería de los 22 barrios afectados por la ZBE de Barcala -y que apoya la izquierda- ya que deja fuera a los grandes centros comerciales. Es un abuso de poder por parte del Ayuntamiento", según considera Vox, a través de dicha nota pública.
"Nuestro objetivo es oponernos a la Zona de Bajas Emisiones por ser algo muy negativo para los alicantinos pero el equipo de gobierno no puede usar de rehenes a las entidades que realizan una función social extraordinaria. No hay excusa para no promover el pago de la subvenciones nominativas ya que, con el presupuesto prorrogado y al amparo del artículo 22.2.c) se pueden abonar perfectamente y sin ningún tipo de problema a través de una modificación de crédito", argumenta el comunicado.
"Hasta las propias Bases de Ejecución del Presupuesto, en su página 65, así lo prevén. Es incomprensible que no estén ya encima de la mesa estos procedimientos para asegurarnos que, por ejemplo, Cruz Roja, APSA o ASPALI entre otras muchas que atienden a personas con necesidades urgentes e, incluso, las federaciones festeras que siguen esperando el dinero para organizar los eventos que atraen a decenas de miles de alicantinos y visitantes. Si Partido Popular y Ciudadanos quieren, pueden y deben hacerlo con total urgencia y, como ya se lo he transmitido en reiteradas ocasiones, cuentan con el apoyo de los dos concejales de Vox", ha concluido Ortolá.
