ELCHE. En mes de mayo de 2025 la Generalitat Valenciana avaló la delimitación impulsada por el Ayuntamiento Elche a las fotovoltaicas, ubicando en el mapa su espacio para que no afectaran al paisaje, palmeral o biodiversidad, incluyendo las medidas autonómicas habituales en materia de medio ambiente, así como otras nuevas que ahora el Consistorio ha incluido. La propuesta pasará ahora por el pleno municipal, de ahí pasará por un periodo de alegaciones para después pasar nuevamente por el pleno y finalmente elevada a nivel autonómico para su aprobación definitiva y entrada en vigor. Asimismo, según el Consistorio, ahora mismo son 26 las plantas fotovoltaicas con el visto bueno, pero de ellas solo 10 tienen licencia de obra municipal.

Sobre estas cifras, este diario había contabilizado 25 autonómicas con permiso, tras la reciente aprobación de Himin en Torrellano, pero el Consistorio tiene constancia de una más. Ahora bien, de todas ellas, por ahora solo una decena de ellas tienen licencia de obra municipal para su materialización (4 de la legislatura anterior y 6 de la actual), la última de hace un par de semanas en Perleta. Ahora bien, según indica el edil de Urbanismo, Francisco Soler, de esa decena, solo hay cinco construidas y dos operativas, por lo que aunque obtengan el permiso al 100% del nivel autonómico y municipal, no implica que la implantación sea inmediata.

Respecto a las grandes fotovoltaicas que dependen del Ministerio de Política Territorial porque superan los 50 MW, el concejal explica que "no hay constancia de que haya novedad". Cabe recordar que había en este caso dos proyectos, uno el de Lucinala, de 62,35 MW y 120 hectáreas, con aprobación ministerial, pero que aún debía pasar por órganos autonómicos de Medio Ambiente para revisar la solicitud, y tras haber realizado ya cambios en el proyecto. El otro, el de El Secarral a tres bandas entre Monforte, Agost, y Elche, de 93 MW y que pasó de las planificadas 478 hectáreas de ocupación a 240 en sus proyecciones, que en el caso ilicitano era donde menos ocupación había, casi residual en comparación a la totalidad del macroproyecto. En sendos casos no hay constancia de novedad, confirma Soler, añadiendo que en estos casos las compañías presentan el proyecto "pero a veces nse quedan por el camino". 

El Ayuntamiento incluye en la modificación del Plan General las medidas autonómicas

En cuanto a la modificación del Plan General que irá ahora a pleno, el Ayuntamiento ha asumido lo planteado por el Consell, que se sumaba a la propuesta municipal que puso sobre la mesa el propio equipo de Urbanismo, es decir, que las plantas solares solo puedan ubicarse en suelos no urbanizables comunes (categorías 51, 52 y 54), y siempre que respeten un diseño sostenible y no alteren la estructura ecológica del territorio. En el informe, se planteaba que se trata de "apostar por las renovables sin perder la esencia del campo de Elche". 

La misma indicaba que no podrían instalarse en el suelo no urbanizable de especial protección, (claves 61, 62, 63 y 64 del PGOU), zonas clasificadas como suelo no urbanizable protegido por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (Porn) del Sistema del Zonas Húmedas del Sur de Alicante, suelo urbanizable protegido por el Pativel, o suelo no urbanizable común que, por sus características, no se considere adecuado (claves 56, 53, 55 y 52p). Tampoco en el área en estudio para desarrollo industrial del Porta d’Elx. 

Distancia a núcleos o suelos residenciales, pendientes máximas y protección de cultivo autóctono

Aterrizando a ejemplos prácticos, como ya se había planteado, no se podrán planificar sobre huertos dispersos de palmera, saladares y carrizales, infraestructura verde, zonas vinculadas al aeropuerto o a infraestructuras estratégicas, montes públicos y áreas protegidas del litoral según el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde Litoral de la Comunidad Valenciana (Pativel). Además, se excluye el ámbito de desarrollo del Porta d'Elx, lo cual ya estaba incluido. 

Respecto a las limitaciones que se plantearon, en suelo no urbanizable común se establece que "no podrán instalarse a menos de 1.000 metros del litoral, no se permitirán en parcelas con pendiente superior al 25%, la ocupación máxima de la parcela será del 50% y la superficie libre deberá permitir inscribir un círculo mínimo de 20 metros de diámetro", explica el concejal.

Además, las plantas fotovoltaicas deberán respetar una distancia mínima de 100 metros respecto a viviendas existentes, a suelo urbano o urbanizable residencial; equipamientos públicos; lo mismo con instalaciones turísticas, recreativas o culturales y el cauce del río Vinalopó y barrancos. Asimismo, la distancia será de 500 metros respecto a los Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Relevancia Local (BRL) y espacios naturales protegidos, salvo estudios que reduzcan la distancia. Tampoco se permitirá su instalación en áreas de riesgo de inundación ni en suelo forestal afectado por incendios durante las últimas tres décadas.

En lo que respecta a las medidas correctoras y aportaciones autonómicas que se plantearon y se han incluido, queda vetado el entorno del histórico palmeral ilicitano, las zonas húmedas protegidas, los terrenos agrícolas de alto valor y los espacios naturales de la Red Natura 2000. Sobre esa zona mayoritaria de suelo de un valor agrológico elevado, lo cual se hizo de acuerdo al mapa cartográfico valenciano y se incluye en el mapa municipal, no se establecería ningún condicionante de implantación de las instalaciones fotovoltaicas basado en su elevada capacidad agrológica expresamente, una vía de alegaciones de colectivos y vecinos.

"Hemos seguido con la cartografía de la Conselleria y se marcan las situaciones donde tienen que tener más o menos distancia", explica Soler, por lo que no se ha hecho ninguna valoración adicional a ese respecto. A este respecto, el expediente que redactó el Consistorio observaba que la afección al suelo de capacidad agrológica alta era de manera muy liviana. El informe concluía que que no aprecia la existencia de efectos negativos sobre la actividad agrícola.

El Ayuntamiento también ha incluido lo que recordó la Generalitat, que Elche cuenta con Denominación de Origen Protegida (DOP), caso de la granada mollar, o inscritos en el Registro de Productos Agroalimentarios con marca de calidad C.V. (caso del dátil). Se suma también como suelo vetado el perteneciente a plantaciones de melón de Carrizales. De forma que si el Ayuntamiento recibe solicitudes de instalación en zonas para las que se han obtenido ayudas de Política Agrícola Comunitaria, podrán ser denegadas. 

La Dirección General de Medio Natural, por ejemplo, exigió además que se excluyera del plan árboles monumentales como olivos, y se excluyen las vías pecuarias —punto importante este, ya que muchas solares solicitan su ocupación temporal para las líneas de evacuación—, de ahí que Soler subraye que las líneas de evacuación deberán aprovechar corredores de infraestructuras existentes, como caminos o líneas eléctricas. En zonas de protección de carreteras no se podrán instalar paneles ni infraestructuras asociadas. Para el concejal, las posibilidades de implantar plantas fotovoltaicas en el Camp d'Elx "son mínimas" y con poca capacidad de soportar grandes macroproyectos. Y que las zonas para fotovoltaicas solo quedan "para áreas que pueden ser más susceptibles".

Con todo, la realidad es que el municipio tiene una gran superficie rural, por lo que a pesar de los límites y el encaje urbanístico que se hace ahora con esta modificación, siempre hay pedanías con terreno sin producir o construir, y de ahí que Industria haya aprobado la autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y aprobación del plan de desmantelamiento de esas 25 ó 26 plantas solares. Eso sí, todas de pequeño tamaño o medio. Las únicas macroplantas sobre la mesa son las aprobadas por el Ministerio y de las que Soler asegura no tiene constancia de novedades.

Trámite pendiente

Ahora, un año después de la propuesta inicial y de que la Generalitat la hubiera autorizado pero añadiendo modificaciones, llega al pleno de este mes. Se aprobará de forma inicial con la consiguiente apertura de un período de información pública de 45 días. Posteriormente se realizará la aprobación provisional por el Ayuntamiento y se remitirá a la Conselleria para su aprobación definitiva. De ello se ha dado cuenta en la Mesa de Energías Renovables celebrada este lunes.