ALICANTE (EP/AP). El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), vuelve a defender el desarrollo de las campañas de estímulo al consumo de los llamados bono comercio, a colación de la investigación promovida por la Fiscalía Anticorrupción respecto a las campañas similares desarrolladas en varios municipios de la provincia entre 2022 y 2023 que quedaron bajo la gestión de Facpyme. En esta línea, la portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda, ha insistido en que "se hizo todo como se tenía que hacer" y ha defendido que el procedimiento se sometió a la fiscalización correspondiente por parte del departamento de Intervención. 

Cutanda ha mantenido, así, que el equipo de gobierno está convencido de que todo el procedimiento fue correcto y se ha remitido a las explicaciones difundidas por la edil de Comercio, Lidia López, el pasado viernes -cuando se produjo la detención del presidente de Facpyme, Carlos Baño, y el registro de su sede en la calle Orense- en las que se señalaba que el Ayuntamiento de Alicante "nunca" ha tramitado sus diferentes campañas de bonos consumo con esa federación y que "en ningún momento han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía".

López precisó en ese comunicado que el ayuntamiento "gestionó directamente" la primera edición de estos bonos en 2021 y que "las siguientes se desarrollaron a través de la Cámara de Comercio, mediante un convenio fiscalizado por todos los órganos municipales", pero "nunca" con Facpyme. "Nuestra gestión ha sido completamente clara, lícita y transparente en todas las ediciones, como se puede comprobar en los expedientes municipales de tramitación y fiscalización", subrayó la edil de Comercio.

El PSOE exige los expedientes

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo municipal del PSOE, Trini Amorós, ha reclamado al equipo de gobierno "los expedientes completos de la tramitación y gestión del bono gastronómico que el Ayuntamiento, a través del Patronato de Turismo, gestionó a través de un convenio con la Cámara de Comercio durante las anualidades de 2022 y 2023".

Esta solicitud de documentación se une a la realizada este lunes, cuando el grupo socialista pidió a Barcala "documentación justificativa de la gestión de las campañas de los bonos comercio en 2022, 2023 y 2024" en la ciudad de Alicante. "Queremos saber si el gobierno de Barcala fiscalizó que no se subcontrataran los servicios con otras empresas u organizaciones que en estos momentos están siendo investigadas. Si se hizo así, reclamamos conocer toda la información sobre quién lo hizo. En los convenios firmados por el Ayuntamiento se establecían mecanismos de control y queremos los expedientes completos para comprobar si el gobierno del PP fue diligente", ha indicado Amorós.

Y ha resaltado: "En un momento en el que la Fiscalía Anticorrupción está investigando, Barcala debe despejar cualquier tipo de duda y aportar toda la documentación para que los grupos de la oposición puedan ejercer su derecho a la fiscalización sobre cómo se gestionó el dinero de los alicantinos y alicantinas".