ELCHE. Los terrenos de la Sareb en el sector E-21 de Altabix, el conocido como 'banco malo' donde se concentraron los activos tóxicos tras la crisis inmobiliaria, no se han transferido a la nueva entidad del Gobierno para promover vivienda protegida, Casa47. Son también privados. Los adquirieron los propios promotores del sector tras la ralentización que la Sareb estaba provocando en el desarrollo del mismo. No hay, por tanto, posibilidad de las futuribles viviendas de alquiler asequible que ponía sobre la mesa el PSOE por una posible promoción de esta nueva entidad. La operación de compraventa se escrituró el pasado año, sin embargo, la Sareb trasladó a los socialistas información errónea que no estaba actualizada, de ahí que el grupo hiciera una comparecencia en la que propuso una moción sobre un hecho que no podrá llevarse a cabo.

En retrospectiva, el PSOE propuso la pasada semana una moción por la cual pedían que el Ayuntamiento contactara con Casa47 porque ha abierto una convocatoria para que las administraciones interesadas en desarrollar vivienda pública se pusieran en contacto con ella, tras la transferencia del patrimonio de la Sareb a esta nueva entidad. Un cambio de propiedades que por lo que habían respondido al PSOE, entre los cuales estaban los terrenos del banco malo en el E-21, con un potencial de unas 300 viviendas. Así, los socialistas registraron la moción al pleno tras la información que la propia Sareb les había trasladado oficialmente por escrito la pasada semana, ratificando ser titular de las parcelas. "El objetivo que pretendimos era que se promoviera vivienda pública de alquiler asequible en Elche", señalan desde el partido.

Propiedad de Oliva y HGF desde el pasado año

Sin embargo, el cambio de propiedad que se realizó no fue ese. Tuvo lugar hace un año y fue el de la compra de HGF y Oliva (Promociones Franoyfri), los otros dos promotores del sector, del suelo de la Sareb. De esas parcelas saldrán unas 80 aproximadamente para HGF y unas 200 para Oliva, según han confirmado promotores del sector. Una operación que se cerró por varios millones de euros y que llega tras las trabas que la propia Sareb estaba poniendo a la hora de desarrollar el sector. Según las fuentes consultadas, cumplían con la retasación de cuotas de urbanización señaladas por el Ayuntamiento, pero había reticencias con otros gastos derivados del desarrollo del sector, por ejemplo por la ampliación que hubo que hacer del puente sobre las vías del tren que estableció Adif, una gran infraestructura finalmente de 25 metros con una cimentación importante por una posible doble vía de ferrocarril de la que por ahora no hay proyección.

Un ejemplo de alguno de los gastos con los que la entidad no estaba de acuerdo, lo que acabó derivando en trabas y diferencias con los promotores privados. Finalmente, y para evitar llegar una posible vía judicial en la que Oliva y HGF sabían que llevaban las de ganar, decidieron comprar sus terrenos, a lo que la entidad accedió, con una operación formalizada el pasado año. Una situación que por otra parte no sería un caso aislado con la Sareb, pues promotores o profesionales del sector que han trabajado con ella en el entorno se han encontrado con problemas similares a la hora de gestionar o activar los bienes de la bolsa que tenía la entidad, y que ahora se han traspasado a Casa47. Ahora, la propia Sareb ha reconocido al grupo socialista que la información que les facilitó estaba desfasada. Aunque por ahora el PSOE no ha indicado qué hará con la moción que registró.

El sector apuesta finalmente por las 12 alturas, tras meses de cambios y reajustes por terceros

Los principales cambios con los que ha tenido que remangarse el sector son con los requerimientos de Adif por el mencionado puente, con Red Eléctrica y con Iberdrola. Sobre esta última, la compañía eléctrica está realizando ahora modificaciones sobre las torres de media tensión que se instalaron en el sector precisamente a instancia suya, y que los promotores instalaron hace más de nueve meses. Por problemas logísticos la compañía eléctrica ha justificado que se alargarán más allá de los plazos establecidos en esta actuación. Con todo, estas intervenciones no son condición para que puedan empezar a construirse los primeros edificios, pues solo afecta a una parte del sector.

La idea de los promotores es empezar cuanto antes por una de las parcelas que tiene cabida para 150 viviendas. Pero sin ponerse calendario. Hay que esperar a que finalice el último procedimiento de exposición pública con el cambio de alturas del sector, el que hubo que reiniciar a instancias de la Generalitat Valenciana. De hecho, a pesar del impás en el que estaba el sector, teniendo que decidir si apostar por las originales 7 alturas o por las 12 que permitía esta modificación, por la premura y demanda de vivienda, finalmente irán a las 12 alturas ya que el nuevo permiso autonómico ha ido más rápido de lo que se esperaba. La concejalía de  Urbanismo tan solo tenía que incluir lo que planteaba la conselleria. 

Asimismo, que se permitan construir ahora en el sector has 12 alturas no implica que se haga en todos los edificios, podrían estar escalonados en alturas según la orientación y el impacto visual, jugando con diferentes alturas hasta ese máximo. En cualquier caso, frente a lo que contemplaba originalmente el Plan General en 1998, con bloques de 7 alturas más apretados entre sí, este cambio permitirá establecer unos pasillos de 30 metros aproximadamente entre bloque y bloque. Aproximadamente la anchura que tiene la Avenida de la Libertad, y que permite esponjar la zona para instalar áreas de juego, jardines, espacios deportivos, piscinas o esparcimiento en general. 

Una espera de dos décadas

Parece que así, definitivamente, todo lo relativo al sector ya está listo. Desde el pasado año está urbanizado y las cuestiones que tiene ahora entre manos Iberdrola no afectarán a un inicio de obras. Pero hay que esperar a que finalice el procedimiento abierto ahora para el cambio de alturas por posibles alegaciones. Un sector con veinte años de espera detrás. Primero con una urbanización aprobada que se topó con la crisis inmobiliaria de 2008, y después con los problemas por la pandemia, tras la reactivación del mercado inmobiliario, y seguidamente la guerra en Ucrania, que ha encarecido los materiales de obra entre un 10 y un 12%.