BENIDORM. Este martes se marcará en el calendario de Benidorm por mucho tiempo. El pleno del Ayuntamiento aprobaba el acuerdo que describe la forma de pago de la condena por los terrenos de Serra Gelada. Una moción del equipo de gobierno del PP -con mayoría absoluta-, refrendada por Vox, y que contó con la abstención del PSOE. El convenio ya cuenta con la conformidad de la familia Puchades, propietaria de las empresas que deben ser compensadas con 350 millones de euros que se han fraccionado durante los próximos años, plazo que se queda sin concretar. Para dar por zanjado el tema, aún tendrán que esperar a que el tribunal de instancia lo homologue.

El Consistorio celebraba un pleno extraordinario para debatir dos mociones con el mismo asunto, el pago de la sentencia por Serra Gelada. El primero, para una modificación presupuestaria con el fin de viabilizar el préstamo de 55 millones de euros solicitado al Fondo de Impuslo Económico del Ministerio de Hacienda y que permitirá hacer frente al primer pago a las empresas. Y en segundo lugar, la aprobación del acuerdo para cumplir con la sentencia firme 343/2024 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Un pleno de algo más de una hora que sirvió de nuevo para que los dos grandes partidos buscaran culpables sin asumir responsabilidades propias. El PSOE, recriminando al PP que firmaran el primer convenio de 2003; el PP, que el mandato socialista aprobara un convenio en 2013 sin una cláusula que contemplara la anulación del acuerdo si se protegía el terreno. Una afirmación que los socialistas negaron.

Con todo, lo cierto es que el municipio tendrá que asumir una indemnización que se alargará durante años, un tiempo que sigue sin especificarse porque está la posibilidad de ir amortizando esta deuda de manera anticipada. Sin embargo, los cálculos de los socialistas, que no fueron desmentidos por el equipo de gobierno, sitúan un horizonte de hasta 47 años si no se opta por adelantar importe y más de 500 millones de euros si se le añaden los intereses durante todo este tiempo.

La encargada de defender el punto fue la concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno, Lourdes Caselles, quien informó que todavía hay procesos judiciales abiertos en paralelo sobre este conflicto urbanístico que tiene como protagonista los terrenos de Serra Gelada. De nuevo, insistió como ha trasladado en las ruedas de prensa el alcalde, Toni Pérez, que con el cumplimiento de la sentencia el Ayuntamiento adquiere estos suelos que están incluidos en el Parque Natural de Serra Gelada. "Gracias a ello se va a incrementar suelo protegido que existe en Benidorm", aseguró, mencionando que llega al 60% de suelo no urbano y protegido, para lo cual, señaló que podrá ser "disfrutado" por el pueblo de Benidorm. Algo que no obstante, ocurre desde que fue declarado Parque Natural por la Generalitat Valenciana.

Caselles además quiso remarcar que se trata de un acuerdo de colaboración, negando que haya opción a la negociación con la otra parte, afirmando que esto mismo es lo que dijeron los servicios jurídicos municipales este lunes en la última Junta de Portavoces. 

En este punto, señaló que el acuerdo cuenta con tres informes previos, siendo que el último de Intervención analizaba la propuesta de los propietarios y se puso sobre la mesa que había ciertos aspectos que no se podían incluir "porque vulneraban la legislación". Por lo que se redactó un nuevo acuerdo, que se les trasladó, a petición propia, a los propietarios el viernes y que este mismo lunes ya presentaron un escrito de conformidad siempre y cuando no se cambiara una coma del documento. Es por esto que se ha optado por que la moción retire una parte de sus puntos, que era para dar tres días para su pronunciamiento. 

Críticas de la oposición

Por su parte, la portavoz de los socialistas, Cristina Escoda, insistió al PP en que llegaban tarde para firmar el acuerdo y lamentaba que no se hubiera actuado desde 2024 con el fallo de la sentencia, que posteriormente se fue recurriendo hasta que no hubo más vías en las que seguir. "Este acuerdo va a hipotecar a muchísimas generaciones del municipio", apostilló durante su primera intervención, recriminando al primer edil lo que considera una "irresponsabilidad tremenda".

Escoda además consideró que el equipo multidisciplinar creado para redactar un acuerdo llegó tarde, y aseguró que nunca se llegó a reunir, a tenor de un escrito de uno de los técnicos designados que aclaraba que nunca llegó a intervenir ni ser citado y que por tanto, manifestaba que estaba "materialmente al margen de la comisión creada". Para Escoda, no era un acuerdo de colaboración, sino una propuesta que los propietarios han presentado al Ayuntamiento y que los técnicos municipales han dado viabilidad jurídica y económica. 

Es más, bajo el prisma político, consideran que el único beneficiado ha sido el primer edil que como la ejecución de sentencia ha llegado antes de 2027 -año de las elecciones municipales- "ha buscado otra fórmula" para "darle un balón de oxígeno retrasando el grueso de la deuda al 2031, sin importarles para nada el futuro de nuestra ciudad, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las personas que aquí vivimos y que queremos a Benidorm". 

El portavoz de Vox, José Miguel San Martín, opinó que el acuerdo era para elegir entre "susto o muerte". El concejal de ultraderecha aseguró que el problema que se había solucionado era el del alcalde a través del tiempo que le han dado los propietarios para hacer frente a la deuda. "A usted le resuelve un problema político y mediático, pero lo que hace es hipotecar a los vecinos de Benidorm durante décadas", comentó. 

Además, el portavoz pidió explicaciones preguntándose por qué ahora el Ayuntamiento tenía terrenos para compensar a los propietarios, que es una de las fórmulas que recoge el nuevo acuerdo, y no se entregaron durante el tiempo que estuvieron las empresas esperando a que se cumpliera con el convenio que precisamente recogía esta forma de compensación. A lo que añadió cuestiones sobre por qué se puede asumir un préstamo de 55 millones de euros y el 8% del presupuesto anual sin subir impuestos. Y por último, duda que también se quedó sin resolver durante la sesión, cuánto dinero y años terminará costando sabiendo que Intervención considera que con 30 años no será suficiente. "No estamos haciendo una inversión en terrenos para el futuro de la ciudad, estamos pagando una sentencia provocada por una mala gestión política", concluyó.