ALICANTE.- (EFE).- La Diputación de Alicante, en la que gobierna el PP, ha vuelto a defender este lunes la legalidad y transparencia de su proceder en la tramitación de la convocatoria de ayudas del Bono Comercio y ha rechazado cualquier responsabilidad en la gestión de las mismas, ya que esto "no era competencia de la institución provincial". Este posicionamiento aleja la posibilidad de que se cree ese órgano de fiscalización en la diputación al considerar el PP que la competencia de la gestión era de los ayuntamientos.

El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, ha mostrado “su máximo respeto por las actuaciones policiales y judiciales que se están llevando a cabo”, tras la detención, el pasado viernes, del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, en relación con posibles irregularidades en los bonos de consumo.

La investigación se centra en la presunta corrupción en la gestión de esos bonos para incentivar el consumo y el comercio local impulsados en 2022 y 2023 por la Diputación de Alicante, que entonces estaba presidida por Carlos Mazón, del PP.

En un comunicado, Pastor ha querido aclarar el papel de la Diputación en las distintas ediciones del Bono Consumo que se han puesto en marcha desde 2021.  Ha explicado que “la institución provincial se ha limitado a hacer llegar, mediante las correspondientes convocatorias públicas, el dinero a los ayuntamientos de la provincia que han solicitado libremente adherirse a estas. La gestión posterior de las ayudas era decisión libre y exclusivamente autónoma de cada consistorio beneficiado”, ha señalado.

Pastor también ha precisado que la subvención que llegaba a los ayuntamientos desde la Diputación, cuyo importe iba vinculado a la población empadronada, se debía destinar de forma única a financiar el Bono Consumo en la proporción que también decidía cada consistorio,“en ningún caso a financiar el coste de la gestión de las ayudas, que cada consistorio tramitaba como libremente consideraba asumiendo con ello el importe de ese servicio”.

Al respecto, en la justificación de las ayudas los ayuntamientos debían incluir el importe total de lo concedido en Bono Consumo, nunca el importe de la gestión, que no era subvencionable por la Diputación, según la nota de prensa.

“Por todo ello, la institución provincial nada tiene que ver con entidades de gestión o intermedias que pudieron participar en la gestión de la convocatoria de los ayuntamientos que así lo decidieron”, ha recalcado Pastor.

El diputado ha defendido, por tanto, que “el proceder de la Diputación de Alicante ha sido totalmente trasparente y ajustado a la legalidad”, y que el mecanismo utilizado para la tramitación de estas convocatorias de Bono Consumo “es el mismo que se aplica al resto de convocatorias que impulsa la institución”.

Por ello ha considerado "carente de sentido impulsar una comisión de investigación para abordar una cuestión que escapa a las competencias de la Diputación”, tal y como ha pedido Compromís.