BENIDORM. Una vez aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Benidorm el acuerdo para el pago de la sentencia de 350 millones de euros por los suelos de Serra Gelada, la parte indemnizada ha comenzado a manifestar su parecer con respecto a este nuevo convenio. El despacho Domingo Monforte Abogados, que defiende a las empresas que representa Francisco Murcia Puchades, ha trasladado una defensa de la viabilidad del acuerdo evitando como una "solución razonable, proporcionada y sostenible", consideraciones que comparte la propiedad, según ha podido saber este diario.

"Los propietarios han mantenido, desde el inicio de este procedimiento, una posición clara y coherente: la defensa de su derecho a obtener la compensación que legalmente les corresponde por unos terrenos cedidos al Ayuntamiento de Benidorm hace más de veinte años, y, al mismo tiempo, una voluntad expresa de que dicho reconocimiento no se traduzca en un perjuicio para el interés general del municipio", comienzan explicando desde el despacho.

Asimismo, recuerdan que el órgano judicial ha requerido el pago íntegro de la condena en un plazo determinado, en ejecución de una sentencia firme. "Sin embargo, y pese a contar con ese respaldo judicial, los propietarios han actuado con responsabilidad y sentido institucional, manteniendo desde el primer momento una actitud constructiva y abierta al diálogo", han explicado.

En este contexto, manifiestan que la propuesta formulada responde a ese planteamiento: articular una fórmula de cumplimiento que permita satisfacer la obligación reconocida en sentencia "sin comprometer el normal funcionamiento del Ayuntamiento ni trasladar cargas a la ciudadanía".

En concreto, la solución planteada se ha diseñado con el objetivo de que el pago no perjudique en varias cuestiones, tal y como han detallado. Para empezar, buscan que no suponga una merma en la calidad de los servicios públicos; además, que no afecte a los trabajadores del Ayuntamiento; que no implique incrementos de impuestos o tasas para los ciudadanos; que sea asumible dentro del presupuesto municipal; que no comprometa las subvenciones y ayudas a colectivos sociales, culturales, deportivos o asistenciales; y que evite cualquier escenario de intervención externa de las cuentas municipales.

"Esa ha sido, y sigue siendo, la posición de los propietarios: firme en la defensa de sus derechos, pero compatible con una visión equilibrada y respetuosa con el interés general", enfatizan.

De este modo, consideran que la propuesta presentada "pone de manifiesto, en definitiva, que es posible cumplir una sentencia firme mediante soluciones razonables, proporcionadas y sostenibles, manteniendo en todo momento la mano tendida para alcanzar un acuerdo que beneficie tanto a las partes como al conjunto de la ciudad de Benidorm".

Acuerdo

El Consistorio ha dado luz verde a este acuerdo, que también cuenta con la conformidad de los propietarios. Por lo que solo queda esperar a que el órgano judicial lo homologue para empezar a dar cumplimiento del mismo. Pero, ¿en qué consiste el nuevo convenio?

Para empezar, el Ayuntamiento plantea un abono inicial de 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2026. Este importe lo afrontará a través del préstamo de 55 millones fruto de la adhesión municipal al Fondo de Impulso Económico y con recursos propios. A su vez, se incluye un periodo de carencia del principal de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2030. En este plazo, el Ayuntamiento decidirá si amortizar parte del principal, devengándose no obstante intereses legales anuales sobre el saldo vivo del principal pendiente, sin perjuicio del periodo de carencia previsto en el clausulado. Igualmente el acuerdo incluye una carencia de los intereses de la deuda, de modo que, desde la firma del convenio hasta el 31 de diciembre de 2026, el principal no devengará intereses.

A partir del 1 de enero de 2031, se iniciará el periodo de amortización obligatoria para el Ayuntamiento, que se comprometerá a amortizar anualmente el principal de la deuda, además de los intereses que correspondan, abonando a los propietarios anualmente, y hasta la cancelación total de la deuda, una cantidad económica que no podrá ser inferior al 8% de los recursos corrientes ordinarios previstos en el estado de ingresos del presupuesto municipal de cada ejercicio económico a partir del año 2031. Un pago que no determina hasta cuándo se podría alargar en años hasta finiquitar la deuda con los Puchades, eso sí, el alcalde calculó que este año ese 8% sería de unos 12 millones de euros del presupuesto, aunque las cuentas varían con el paso del tiempo.

Pero para completar la indemnización, el Ayuntamiento se apoyará en la compensación con terrenos. Una fórmula que ya fue utilizada en su día en el convenio que dio inicio a todo este proceso por no cumplirse. Para ello, se prevén dos modalidades de dación en pago. Por un lado, la destinada a la amortización de los intereses generados hasta la fecha de la firma del acuerdo, que será de obligada aceptación y adquisición por parte de los propietarios. Con ello llegarían a una cuantía de 67.386.655,89 de euros, a satisfacer por el Ayuntamiento durante un plazo de cinco años, mediante daciones en pago de terrenos con aprovechamiento urbanístico directamente materializable en suelo urbano que cuente con la condición de solar inmediatamente edificable, libre de cualquier carga de urbanización.

Estas daciones en pago propuestas deberán ser obligatoriamente aceptadas por los propietarios, señalando el Consistorio que los terrenos se ubicarán en ámbitos urbanísticos del Sector PP2/1, Sector Murtal 2, PP Ensanche Levante, PAU 1 y/o cualquier otro suelo que tenga el carácter de solar edificable de uso residencial en su modalidad de plurifamiliar que actualmente no se encuentre así previsto en el PGOU de 1990, con un valor de canje del aprovechamiento que no podrá ser superior al justiprecio, conforme a lo que establece la ley. De este modo, la propiedad asumiría obligatoriamente casi 70.000.000 euros en terrenos durante cinco años a precio de mercado (justiprecio), con tasaciones actualizadas en el momento del ofrecimiento por parte del Ayuntamiento, ciñéndose por tanto al valor real y actualizado del suelo en cada momento.

Además de este pago en especie del importe correspondiente a los intereses, el acuerdo municipal también plantea la posibilidad de realizar sucesivas daciones en pago destinadas a la reducción de la deuda (principal más intereses que se devenguen después del 1 de enero de 2027), mediante la cesión acordada de terrenos de titularidad municipal. En este caso, a diferencia de la anterior propuesta, su aceptación no será obligatoria por parte de la propiedad.