ALICANTE. El rechazo social al desarrollo de la planta de almacenaje de carburantes que la empresa XC Business 90 promueve sobre terrenos de la terminal de mercancías del Puerto de Alicante volverá a canalizarse a través de nuevas impugnaciones en los juzgados. Después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) desestimase, el pasado julio, el contencioso interpuesto por la Asociación de Consumidores José María Mena frente al acuerdo de modificación de la concesión de esa terminal -el ajuste que permitía el encaje de los depósitos de combustible-, la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS) ya trabaja en el diseño de próximas acciones legales que impidan la instalación de los tanques, basadas en sus requisitos de seguridad.
Portavoces del colectivo -en el que se integran asociaciones vecinales, grupos conservacionistas, AMPAs de centros educativos próximos al Puerto y otras organizaciones sociales- precisaron este miércoles que la regulación estatal establecida para cualquier proyecto de las características planteadas por XC Business 90 deberá estar acompañado de la dotación de un plan de emergencias interno, que afectaría a los límites del recinto portuario, así como de un plan de emergencias exterior, en los que se procuren medios y protocolos de intervención que eviten accidentes o que concreten cómo afrontarlos, en el caso de que lleguen a producirse.
En esta línea, las mismas fuentes insistieron en que el recinto portuario carece de una dotación de bomberos para poder atender un posible incendio y recalcaron que, en esos planes de emergencia, deben recogerse medidas estrictas que "no se van a poder cumplir por la cercanía de la instalación que se plantea respecto a zona habitada". De igual modo, recalcaron que en esos planes de emergencia se debe considerar, también, "el tránsito de camiones cisterna cargados de carburantes en pleno casco urbano", lo que multiplicaría el riesgo de deflagración en caso de accidente.
Así, los representantes de la plataforma incidieron en que, en el caso de que se complete la tramitación de la licencia, y el Ayuntamiento resuelva la concesión del permiso ambiental que facultaría el desarrollo de la actividad, se acudiría, de nuevo, a la jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar esa autorización, una vez descartada la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) la última resolución del TSJ sobre la modificación de la concesión. Con todo, abogaron por confiar en que la evaluación pendiente -con posible intervención de la Generalitat, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio- conlleve la denegación de la licencia solicitada y que la planta no llegue a ejecutarse.
Como informó este diario, la promotora de la planta de almacenaje de combustible trata de reactivar ahora la ejecución de su proyecto con en el desarrollo de una tercera fase, además de la reactivación de la segunda, con la que se pasaría de la construcción de seis primeros depósitos a la posibilidad de contar con un total de 20 de distintas alturas y capacidades. Todos quedarían distribuidos sobre los terrenos del mismo muelle 19 en los que se contemplaba el proyecto de partida.
Para ello, ya se habrían producido los primeros contactos con TMS, concesionaria de la terminal de mercancías del Puerto, que debería evaluar el encaje de los dos nuevos depósitos de 50.000 metros cúbicos no contemplados hasta ahora, lo que, previsiblemente, conllevaría una modificación de la concesión como la que se aprobó en 2019. Por lo pronto, el proyecto continúa a expensas de la concesión de licencia de obra por parte del Ayuntamiento, después de que un juzgado ratificase la decisión municipal de negar ese permiso por silencio administrativo. XC Business 90 recurrió esa primera sentencia en apelación y sigue pendiente de resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).