La ministra de Agricultura atiende a los medios de comunicación en Torrevieja. Foto: FENACOREALICANTE. Las normas de explotación que deben dar carta de naturaleza al trasvase Júcar-Vinalopó, terminado en la parte de infraestructura que correspondía al Estado pero sin marco legal desde 2011, parecen estar cada vez más cerca. Como adelantó este diario en febrero, los usuarios del trasvase (la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja) y el Ministerio han ultimado un convenio que eleva la cantidad de agua a recibir en la provincia hasta 23 hectómetros anuales (el trasvase está diseñado para 80), incorpora la producción de la desaladora de Mutxamel que se abrirá en 2019, abre el concepto de usuario a los ayuntamientos de la zona y deja para el futuro la posibilidad de incorporar caudales de otras procedencias al margen de la desembocadura del Júcar.
La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que participaba este martes en el Congreso Nacional de Regantes que se celebra en Torrevieja, con más de 1.000 participantes, confirmó la información desvelada por este periódico y señaló que el convenio (al que se refirió como 'protocolo') estará firmado "pronto", ya que su Ministerio trabaja a toda velocidad para ponerlo en marcha cuanto antes. La idea, como publicó Alicante Plaza, es que esté vigente antes de este verano, pero fuentes consultadas por este diario tras las declaraciones de la ministra señalan que el plazo que se maneja es el de uno o dos meses: es decir, podría estar en marcha para julio.
El documento, en realidad, está completamente perfilado, pero aún tiene que superar algunos trámites rutinarios en la Administración del Estado. El protocolo al que aludió Tejerina necesitaba del visto bueno de la Abogacía del Estado para firmarse, y según las fuentes consultadas ese estadio ya se ha superado. Queda, no obstante, un informe de la dirección de Patrimonio, dependiente de Hacienda, sobre las condiciones económicas que se fijan en el texto. En teoría, una vez que el convenio reciba el visto bueno, podría firmarse y el Júcar-Vinalopó se dotaría al fin de unas normas de explotación.
Como se recordará, desde que se hizo la fallida prueba de carga del embalse de San Diego, en Villena (al final de la transferencia, donde arranca el postrasvase competencia de la Generalitat que distribuye el agua entre las comunidades de regantes), la Junta de Usuarios y la empresa pública Acuamed, que promovió el trasvase, han estado firmando contratos anuales para comprar determinada cantidad de agua (entre 5 y 15 hectómetros) a un precio pactado. El convenio regularía definitivamente las cantidades y forma de uso de la transferencia, al tiempo que permitiría trabajar con el precio de mercado al incorporar a los ayuntamientos como usuarios (y amortiguar en el precio del agua de boca el mayor coste del regadío al no pagarse un precio 'político').
La ministra, así, anunció que el protocolo para el trasvase Júcar-Vinalopó, "tremendamente importante" para la Comunitat, estará listo "pronto" (pretendía firmarlo durante su anterior visita a la provincia, pero los trámites pendientes lo impidieron), ya que Agricultura trabaja "a la máxima velocidad" para tenerlo definido cuanto antes. La titular de Agricultura aseguró que se abordan "todas las cuestiones" con un "discurso único" atendiendo a "todas las necesidades", en alusión al otro trasvase objeto de polémica, el Tajo-Segura, y recordó que se ha aprobado un Plan de Actuaciones Prioritarias con "inversiones importantes en la acequia real del Júcar".
En este contexto, la ministra subrayó que cualquier trasvase de agua de más de 5 hm3 requiere de una ley y que, por tanto, no se trata de "una condición caprichosa". Así, relató que requieren del acuerdo "de todos" los grupos políticos y "de mucho tiempo de ejecución", para que los partidos con "posibilidad de gobernar" no lo "interrumpan físicamente". "Necesita materializarse en un consenso, no es una condición caprichosa", según declaró a los medios antes de asistir a la inauguración del congreso.
En ese sentido, defendió que el Gobierno ha trabajado "mucho", con el desarrollo de una planificación de cada una de las cuencas "con más de 133.000 folios" con 10.000 actuaciones propuestas, "casi el 70% medioambientales". Así, anunció que se escuchará "a todo el mundo" sin "condicionantes" ni "prejuicios", aunque ha advertido que "cada medida" debe ser medioambiental y técnicamente "viable" y que debe contar con el acuerdo de quien "está enfrente", para que no se pueda "interrumpir una determinada inversión".
