Los nuevos contenedores instalados en Alicante tras la renovación de la contrata del servicio de recogida. ALICANTE. La negociación política emprendida entre el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP) y Esquerra Unida Podem con la que se pretende desbloquear la revisión de la tasa de la basura en Alicante queda sujeta a la firma de un pacto por escrito en el que se reflejen los compromisos abordados entre las dos formaciones por lo que respecta a la progresividad del importe de los recibos ajustada al nivel de renta y en lo que atañe a la incorporación de propuestas de inversión concretas que deben quedar recogidas en los presupuestos municipales de 2025.
Esas son, al menos, las condiciones que se pusieron sobre la mesa durante el desenlace de dos reuniones distintas celebradas este lunes: una entre los representantes del grupo municipal de Esquerra Unida Podem con el concejal de Hacienda, Toni Gallego, y otra en el seno del consejo político de EU, como órgano de dirección del primer pilar de los tres que constituyen la coalición.
En realidad, los criterios de progresividad que deberían introducirse en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de residuos no habrían sufrido variaciones respecto a los dos encuentros previos celebrados entre ambas formaciones políticas. Se incluye la rebaja de un 16% en los importes a abonar por las viviendas que disponen de menor capacidad económica, con el consiguiente incremento de repercusión para los propietarios de inmuebles de mayor tamaño y valor catastral. También se incluye la creación de un cuarto tramo (en lugar de los tres previstos en la propuesta inicial) en lo que respecta a las categorías de vivienda por tamaño y valor catastral para propiciar esa mayor progresividad fiscal.
Esas dos medidas principales se complementarían con una rebaja en el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se aplicaría, igualmente, sobre los ciudadanos con el nivel de renta más baja, y con el aumento de los recibos de ese mismo impuesto que deberían abonar las viviendas encuadradas en bloques de apartamentos turísticos.
De ahí que las principales novedades que se abordaron este lunes tuviesen que ver con el reflejo de inversiones a incorporar en la planificación económica para 2025 a propuesta de Esquerra Unida Podem como aportación política al documento diseñado por el PP. Y ahí, según fuentes consultadas, no se prevé que se pueda dar un paso atrás respecto al nivel de reivindicación. En principio, en el listado planteado por la confluencia figurarían compromisos como el aumento de un millón de euros en la inversión destinada para el mantenimiento de centros educativos públicos, que debería repetirse en los próximos ejercicios, así como la licitación del proyecto para construir la tercera escuela infantil municipal.
La confluencia pide que se eliminen artículos lesivos de la ordenanza de convivencia y un millón de euros más para mejoras en centros educativos
Además, como también había anticipado este diario, Esquerra Unida Podem considera imprescindible que se habiliten partidas para la construcción de aparcamientos disuasorios en puntos estratégicos del término municipal que queden conectados con el transporte público. Y, a su vez, se pretende reclamar un aumento de la frecuencia de paso de los autobuses del servicio municipal de transporte en las horas punta.
Al tiempo, entre otros aspectos estrictamente económicos, la confluencia prevé requerir que se aborde una actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) global, así como la creación de partidas para disponer de vestuario y vehículos a disposición de la plantilla municipal. Y, además, se pretende reclamar que también se habiliten fondos para la construcción de lso centros sociocomunitarios de Benalúa, Raval Roig y Moralet reivindicados por los vecinos.
Pero no solo eso. Al margen de la exigencia de que se produzca la convocatoria de los consejos municipales para que las instancias representadas en esos foros puedan trasladar sus propuestas al presupuesto, Esquerra Unida Podem está decidida a exigir el cumplimiento de otros compromisos de carácter político entre los que se incluye, en primer término, la derogación los artículos más lesivos de la ordenanza de convivencia cívica aprobada durante el pasado mandato: una de las principales promesas electorales con la que el PP concurrió en las elecciones municipales de 2019.
No se trataría de forzar una reformulación de la normativa, sino de eliminar los artículos que el TSJ declaró nulos tras admitir parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Unides Podem EU (los que afectan al establecimiento de multas sobre la mendicidad y el ejercicio de la prostitución) en una sentencia que sigue pendiente de resolución del recurso interpuesto por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo.
Y, por último, entre las reivindicaciones a plantear por Esquerra Unida Podem figuraría la recuperación de las partidas específicas destinadas a promover proyectos de cooperación internacional, en cumplimiento del acuerdo firmado en la precampaña de las municipales de 2019 con la coordinadora valenciana de ONGD's.
Ese conjunto de compromisos que debería quedar plasmado por escrito en un acuerdo a rubricar por el alcalde, Luis Barcala, y por el portavoz de la confluencia, Manolo Copé, quedaría abierto todavía al respaldo definitivo del consejo político de EU y a la opinión de las direcciones de Podem como de Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV): los otros dos pilares de la coalición. En principio, se prevé que esas dos formaciones puedan pronunciarse sobre el planteamiento del grupo municipal este miércoles, para que pueda formularse y trasladarse una propuesta definitiva al PP este jueves.
Está por ver si los populares podrían llegar a aceptar esas peticiones, toda vez que supondría renunciar a algunas de las decisiones adoptadas durante el pasado mandato que se habrían negociado con los representantes del grupo municipal de Vox para lograr su voto favorable a los presupuestos de ejercicios pasados en los que los voxistas han prestado los votos clave para que la propuesta de planificación económica quedase aprobada: 2020, 2021, 2022 y 2024.
